La corrupción interminable

Quedan por saberse aún algunas cosas sobre la era corrupta del PP

Rafael Blasco asoma en la trama en torno a Rita Barberá y Serafín Castellano “canta”

Recuerdo perfectamente una multitudinaria rueda de prensa convocada por Serafín Castellano en la sede de la conselleria para salir al paso de la primera noticia, publicada por Francesc Arabí en Levante-EMV, de lo que acabaría conociéndose como el “cártel fuego'. Aquel día de principios de agosto de 2013, sostuvo el conseller desafiante: ”Yo me pago mis aficiones“. Negó entonces con énfasis que Vicente Huerta, de la empresa Avialsa, concesionaria del servicio de extinción de incendios, le hubiera pagado una cacería en la que participó. Once años después ha confesado a la fiscalía exactamente lo contrario: que se corrompió a cambio de regalos.

En efecto, Castellano disfrutaba de caza y escopetas pagadas por una red corrupta. Lo ha reconocido, a las puertas de un juicio en el que afrontaba una petición de 21 años de cárcel, para pactar con la fiscalía y evitar la prisión. Personaje de largo recorrido en el PP valenciano (fue primero zaplanista, después campista y hasta llegó a delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana), con su confesión se ha convertido en el cuarto exconseller de Francisco Camps condenado por corrupción. Esa corrupción interminable del PP de la que todavía faltan por conocerse algunas cosas.

Gracias a la investigación del 'caso Azud', del que se ha levantado el secreto de una pequeña parte del sumario, sabemos, por ejemplo, que el hombre de confianza de Rita Barberá, quien fuera su vicealcalde, Alfonso Grau, cobró una mordida de un millón de euros a través de Panamá y Suiza. “Sobornado por varios empresarios, que concursaban y licitaban para la obtención de adjudicación de obra y servicios públicos”, la jueza implica a Grau (condenado ya a cuatro años y medio por el 'caso Taula'), en ocho operaciones de una trama de corrupción urbanística de la que presuntamente también sacó tajada la familia de la desaparecida alcaldesa, concretamente su cuñado José María Corbín.

La sorpresa que ha deparado el contenido de esta parte del sumario del 'caso Azud' ha sido la aparición de otro conseller corrupto, Rafael Blasco, en la investigación. No es una sorpresa menor que otro de los políticos de largo recorrido en la era de la corrupción del PP valenciano, quien ha pasado por la cárcel tras sus condenas por el saqueo de fondos públicos destinados a la cooperación internacional, asome vinculado a una cuenta en Suiza de una empresa creada en Panamá por uno de los principales imputados en la trama urbanística en torno al equipo municipal de Rita Barberá en la ciudad de València.

Cuando se abrió la cuenta en Suiza que incluía su firma, Blasco hacía poco que había dejado de ser el conseller competente en materia urbanística. El político adquirió la sospechosa costumbre de utilizar las obsoletas cabinas teléfonicas para hacer llamadas en un mundo dominado ya por los móviles. Su socio en Suiza, el empresario Miguel Montoro, ya fallecido, tenía otra costumbre no menos sospechosa: sacó casi 180.000 euros en billetes de 500 euros de sus cuentas opacas en Mónaco.

Son algo más que curiosidades judiciales de una época no tan lejana de corrupción política de la que el PP, instalado de nuevo en el poder al frente de las instituciones valencianas tras el paréntesis de los gobiernos del Pacto del Botánico, hace como que no se acuerda.

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