La campaña de Compromís contra la simbología franquista se salda con dos mil elementos eliminados en toda España
Desde que Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, comenzó en julio de 2017 a instar a los ayuntamientos que –según los datos del INE- todavía mantienen simbología franquista a cumplir la Ley de Memoria Histórica, han sido más de 500 los consistorios de toda España que han respondido positivamente para hacer cumplir la norma. Desde la formación valencianista se han mostrado satisfechos con el resultado de una campaña cuyo resultado estima Mulet en más de dos mil elementos franquistas eliminados en toda Espsña, entre monumentos, placas, nombres de calles, etc.
En Compromís se muestran satisfechos con el resultado, aunque declaran que la Ley de Memoria Histórica es totalmente insuficiente si no existe una voluntad de ejercer presión sobre los ayuntamientos o particulares para que la hagan efectiva. La nueva lista presentada por Mulet muestra los municipios que han aplicado la ley y los que se han negado a hacerlo.
“Hay casos de una, de dos, de tres, de cuatro, de doce calles, que hemos podido eliminar, no tenemos contabilizados estos cambios, pero seguramente estaremos por encima de las dos mil cambios”, remarca Mulet.
Entre algunos de los elementos eliminados en 2018 se encuentra la polémica retirada de la cruz franquista de Callosa de Segura (Alicante) –con sentencia del TSJV y acampada entorno a la cruz de una plataforma ultracatólica de extrema derecha de por medio-. No menos polémico fue el derribo de la cruz franquista de La Vall d’Uixó (Castellón), en el que las protestas de un pequeño grupo de ciudadanos -y la plataforma ultracatólica Salvemos la Cruz de la Plaza la Paz- hizo necesaria la presencia de cuatro furgones de antidisturbios durante los trabajos de derribo.
La relación entre los elementos de la dictadura y distintos grupos ultracatólicos no es casual, ya que en muchos casos ha sido la propia Iglesia católica la responsable de que los símbolos se hayan mantenido –a menudo alegando que se habían despojado de su significado ideológico-. Desde Compromís se ha señalado en esta dirección y han llamado a la Iglesia a hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y a dar “las órdenes pertinentes para garantizar que sus inmuebles no lucen lemas alusivos al franquismo ni a las víctimas del bando sublevado”.
A pesar de los esfuerzos de distintas plataformas y grupos políticos por hacer efectiva la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la realidad es que 11 años después de su entrada en vigor todavía se estiman en más de 1.143 las calles y plazas de España a las que el franquismo da nombre –según datos del INE aportados por Compromís-.
Sin embargo el tablero de juego político parece estar cambiando y el surgimiento de partidos de ultraderecha como Vox –abiertamente hostiles a la dignificación de las víctimas de la dictadura-, pone las leyes de la memoria en el punto de mira de una mayoría de derechas. En este sentido, Pablo Casado, líder del PP, ya se ha manifestado en contra de la reparación de las víctimas del franquismo, considerando que ya fueron reparadas durante la democracia.
La Comunitat Valenciana, a la cabeza
No es casualidad que haya sido un partido valenciano el que, desde el Senado, haya forzado a cumplir la Ley de Memoria Histórica en muchos municipios del país. La Comunitat Valenciana lidera la apuesta por la eliminación de toda reminiscencia del franquismo y las polémicas de repercusión nacional por la retirada de las cruces de Callosa de Segura y La Vall d’Uixó son una prueba de ello.
En la provincia de Castellón, de la que es originario el propio Carles Mulet, se encuentran –según revela la lista presentada por Compromís- la mayoría de remanentes franquistas de la Comunitat Valenciana. En lo que va de legislatura se han eliminado en la provincia cerca de una veintena de vestigios de la dictadura y se ha conseguido el compromiso por parte de nueve ayuntamientos de iniciar los trámites para deshacerse de sus símbolos franquistas –como en el caso de la cruz del parque de Ribalta en Castellón-.
Hay otros municipios, como los de Cinctorres y El Toro, en los cuales existe la voluntad por parte del consistorio, pero es necesario un visto bueno de las autoridades religiosas que, en el mejor de los casos, retrasará el cumplimiento de la ley. Otros cinco ayuntamientos como los de Llucena o Villahermosa del Río se han negado a retirar los símbolos de sus calles o directamente niegan que existan.
