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El Consell de la Joventut de València pide formar parte del Consejo Social de la Ciudad para impulsar el acceso a la vivienda de los más jóvenes

El presidente del Consell de la Joventut de València (CJV), Pablo Bottero, dando declaraciones a los medios sobre el manifiesto presentado

Leila El Moudni Guerrero

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El Consell de la Joventut de València (CJV) ha presentado un manifiesto frente al Ayuntamiento de Valencia junto a la Asamblea de Representantes Estudiantiles de la Universitat de València (AGE-UV) y la Delegación de Estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV) con el fin de denunciar la escalada de precios del alquiler en Valencia y la negativa del ejecutivo de la alcaldesa María José Catalá para declarar la ciudad como zona tensionada.

“Emanciparse del hogar familiar es más un sueño de película que una realidad”, destaca el manifiesto y apunta a que el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución Española se está vulnerando en la capital valenciana.

Según el CJV, solamente 1 de cada 10 jóvenes tiene capacidad económica de “alquilar un piso, compartir habitación o heredar una vivienda”. El pasado mes de enero de 2024, el Observatorio de Emancipación publicó un informe en el que reflejaba que el 15,5% de las personas jóvenes de la Comunitat Valenciana habían podido independizarse, tasa que se sitúa nueve décimas por debajo de la cifra española. Añade que una persona debe destinar el 91,7% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, mientras que si quiere compartir con más compañeros, la renta mediana alcanzaría el 37,8% de su salario.

“Proponemos la creación de una comisión específica del Ayuntamiento de València, encargada de hacer seguimiento de esta problemática y plantear soluciones útiles que partan del diálogo entre representantes municipales y el tejido asociativo de la ciudad”, subrayan en el texto.

Los miembros de las entidades aseguran que “la acumulación de pisos y especulación urbanística por parte de varios fondos buitre, una laxa regulación de los apartamentos turísticos y la escasa oferta pública de vivienda” han ocasionado el aumento de las rentas, que superan los “1.200 euros de media, cinco veces por encima del aumento de los salarios”.

Siguiendo en esta línea, admiten que aspectos como los “salarios bajos, el paro estructural del 30% y la elevada temporalidad y parcialidad en la ocupación” generan que los más jóvenes se conviertan en uno de los sectores más “precarizado” de la población.

Precios en la capital

Tal y como muestra el portal inmobiliario Idealista, el precio por metro cuadrado de la ciudad asciende a 11,6 euros por metro cuadrado en el mes de abril, lo que supone un 19,1 % más que hace un año, y una variación mensual de un 3,3 % más respecto a marzo de 2024 .

Sin embargo, en el portal Fotocasa, el precio por metro cuadrado asciende hasta 14 euros. Además, existe un registro del precio del alquiler por habitaciones: el importe base de un estudio o una habitación sería de 1.052 euros; el de dos rondaría los 1.399 euros; el de tres sobre los 1.443; más de tres incrementaría hasta los 1.548. Según Europa Press, Valencia se sitúa cerca del 7% de volver a marcar su precio máximo tras 17 años de la crisis inmobiliaria de la burbuja.

Peticiones al Ayuntamiento de Valencia

Entre las demandas que recoge el escrito plantean que el Ayuntamiento de Valencia tiene la autoridad de regular los apartamentos turísticos y “limitar su expansión desmesurada, localización y perseguir prácticas ilegales”. Además, insisten en la importancia de aumentar la red pública de vivienda municipal, desincentivar la acumulación de los pisos vacíos, así como gestionar los retrasos en las listas de Aumsa, empresa pública dependiente del Ayuntamiento, con el fin de otorgar contratos de alquiler asequible a la juventud.

Asimismo, destacan que la formación de los más jóvenes en materia de emancipación sería esencial para mantenerlos informados ante posibles vulneraciones de sus derechos y añaden que las ayudas municipales al alquiler son eficaces, pero no solucionan un problema estructural como es la especulación urbanística.

Con ello, instan al Ayuntamiento de Valencia a abrir un espacio de debate y consenso donde puedan participar y aportar políticas resolutivas en materia de vivienda: “Todas estas propuestas tienen que poder expresarse y debatir en el Consejo Social de la Ciudad, del que el Consell de la Joventut de València ha de formar parte, sin más demora”.

El acceso a la vivienda se desarrolla en Ley 12/2023, de 24 de mayo, así como la Ley 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, de la función social de la vivienda de la Comunidad Valenciana.

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