Tauroni no llega a un acuerdo con la Fiscalía para reconocer delitos a cambio de penas más suaves
El empresario Augusto César Tauroni, que cumple seis años de cárcel por la primera pieza del caso Cooperación, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València, que instruye la causa, tras romper negociaciones con Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja en la condena a la que se puede enfrentar por las dos piezas que quedan pendientes. Se trata de la segunda ocasión en la que el empresario decide no declarar tras pedir voluntariamente comparecer.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Tauroni se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante la instructora de la causa. Fuentes conocedoras de su decisión han explicado a Europa Press que el empresario se ha inclinado por esta opción después de no haber llegado a ningún acuerdo con Fiscalía Anticorrupción para rebajar la condena a la que se puede enfrentar.
De hecho, el fiscal no ha llegado a presentarse a la vista señalada para esta jornada aunque Tauroni, una vez dentro de la sala, ha dicho que no declaraba porque no estaba el representante del ministerio público.
El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia investiga las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, en las que hay una treintena de imputados, entre ellos, el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco. En estas dos piezas se investigan subvenciones a ONG y la proyección de la construcción de un hospital en Haití.
El empresario encarcelado ya pidió declarar a finales de febrero tras varias negociaciones con la Fiscalía Anticorrupción para obtener una rebaja de la pena, pero un día antes de acudir al juzgado solicitó suspender su comparecencia.
Tras este bache y transcurridos unos días, el empresario volvió a iniciar conversaciones con el fiscal y reclamó una nueva comparecencia, que se fijó para la tarde de este martes, aunque en esta ocasión, tampoco se ha llevado a cabo su comparecencia al acogerse a su derecho a no declarar.
Las tramas del caso
La pieza separada número dos de este procedimiento investiga subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas ONG en los años 2009, 2010 y 2011. Hay 23 investigados, entre los que figuran el exconseller Blasco, el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario Tauroni. Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza separada número tres investiga el desvío de fondos para la construcción de un Hospital en Haití. Hay 12 imputados, entre ellos, Blasco, Llinares, Sanjuán y Tauroni.
Blasco y su equipo ya fueron condenados en la pieza principal por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.
