Títulos electrónicos. ¿Dónde está la innovación universitaria?

El 12 de agosto este medio planteaba la existencia de dudas sobre la validez de la copia electrónica de títulos universitarios que ofertan campus públicos y privados. En un semestre ciertamente descorazonador hemos asistido con perplejidad a un conjunto de noticias que ponen en cuestión los procesos de gestión de títulos desde la admisión, pasando por la convalidación, siguiendo con la asistencia y la realización de pruebas, para acabar con el aspecto formal de la edición del documento que acredita formalmente la obtención del propio título. El círculo completo.

Pero lo relevante de la última noticia puede que no resida únicamente en el cuestionamiento de la validez de una copia electrónica a la que se le incorpora un sello digital para validar su correspondencia con un original en soporte papel. La noticia es otra. ¿Es posible que, en 2018, once años después de la primera Ley de Administración Electrónica todavía no se emitan títulos válidos e indiscutibles en formato electrónico? ¿Es razonable que allí dónde esto existe sea fruto de una iniciativa empresarial? ¿Es posible que, tras dos leyes, la de 2007 y la Ley 39/2015, no tengamos una respuesta segura en este campo? Que la respuesta sea afirmativa resulta sencillamente descorazonador.

Pero cabe intuir que es síntoma de una cuestión más profunda. La Universidad Española ha sido tradicionalmente un elemento determinante para la innovación en la transformación digital. Incorporó los primeros “Centros de Cálculo” a finales de los años sesenta. Y en ellos y con ellos, los investigadores universitarios en física, matemáticas o química fueron los padres de la informática española. Internet llego a este país de la mano de Red Iris, y de nuevo la universidad fue vital. Los universitarios tuvimos el privilegio de “navegar” con un rudimentario Gopher, usar las primeras versiones de Mosaic, tener correo electrónico en los primeros noventa, usar el chat con IRC… La Universidad de Alicante fue pionera en el mundo web, la universidad inventó Cervantes Virtual. Y si alguna vez se hace la historia de la innovación en web 2.0 en este país habrá que mirar el experimento público-privado de Portal Universia en los primeros años de este siglo, sus servicios centrados en el usuario, su red social “Qué fue de”, o su papel de canalizador de iniciativas innovadoras foráneas como el Open Course Ware del MIT. Y si entrásemos en el detalle de aspectos como la computación distribuida y la supercomputación este artículo sería tan interesante como extenso.

La universidad sigue innovando a través de sus personas, grupos de investigación, institutos y spin off. Lo que no resulta tan obvio es si este capital de innovación se traslada a la universidad como institución. Las universidades cuentan con procesos de administración electrónica verdaderamente brillantes como la matrícula. En cinco días pueden matricularse online 50.000 personas a las que se asigna de modo muy preciso un slot temporal de unos quince minutos. Los sistemas son altamente resilientes, capaces de recuperarse de una caída perdiendo únicamente las matrículas no finalizadas de un slot.

De algún modo existen dos velocidades para la innovación, y en el modelo de gestión una gran parte de la universidad española se comporta como una administración más. Se apuesta parcialmente por la innovación incremental, se mejoran procesos. Esto implica integrar todos los males que tradicionalmente se atribuyen a lo administrativo y desaprovechar todas las virtudes de lo universitario. Se trata de instituciones altamente burocratizadas en las que la gestión se hace a medida del burócrata y no de las personas convirtiendo a una parte significativa de la comunidad universitaria en operarios al servicio de un engranaje cuyo sentido resulta incomprensible. La gestión electrónica se segmenta y atomiza por trámites y no se corresponde necesariamente con una visión global de los procesos capaz de simplificar y reducir tiempos y costes. Se externaliza el diseño, lo cual no es necesariamente una mala práctica, pero se renuncia al talento interno que nace de la propia investigación, y también de las capacidades de los estudiantes. Y se comparten los mismos males relacionados con la resistencia al cambio, el cansancio del administrado, o las carencias en la gestión eficiente de la información y la toma de decisiones basada en datos.

Y esto es sencillamente sorprendente. El sustrato poblacional universitario reunía las condiciones que exigía la Ley de Administración Electrónica de 2007 para la implantación de procedimientos exclusivamente electrónicos. Familiaridad con el uso de la informática, conectividad asegurada, cultura tecnológica, aulas informáticas, ordenadores portátiles, tabletas, hoy smartphones… Y un conjunto de profesores e investigadores brillantes y deseosos de transferir conocimiento, de experimentar nuevas ideas…

Todo lo que, por ejemplo, el Government Digital Service del Gobierno Británico ha puesto en juego en los últimos años en términos de re-enfoque hacía la innovación de las capacidades sus recursos humanos existía ya en 2007 en una sola universidad valenciana. En una sola universidad podríamos crear equipos con juristas altamente competentes en la materia, desarrolladores informáticos, expertos en documentación, analistas del comportamiento, ergónomos expertos en accesibilidad, marketing, sociología, periodismo… ¿Imaginan el potencial disruptivo de poner a trabajar conjuntamente a las universidades en esta materia? ¿Y por qué no ha sucedido? El ADN de la universidad es la generación de innovación y la transferencia de conocimiento. Lo dice el sentido común, pero también el artículo primero de la Ley Orgánica de Universidades. Innovar es un deber, una responsabilidad, forma parte de lo que la universidad debe devolver a la sociedad. La administración universitaria debería recordar que es algo más que una administración. Es la cara visible de una institución que tiene el ineludible deber de liderar procesos de innovación disruptiva al servicio de la sociedad. Y, por tanto, debe ser ejemplo, debe ser la punta de lanza de la transformación digital.

Así que permítame el lector no navegar en las procelosas aguas de la interpretación jurídica. Porque tener que dudar en 2018 sobre la validez de una copia digital del documento acreditativo de un título no es una noticia, es casi una tragedia.

*Ricard Martínez Martínez, profesor ayudante doctor de Derecho Constitucional Universitat de València. Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de València