La Torrevieja de Eduardo Dolón: el alcalde persigue a quien denuncia la corrupción policial

La tibieza del alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, del PP, con los policías municipales imputados por corrupción contrasta con el ímpetu con el que carga contra los agentes denunciantes de estas irregularidades. Dos nuevos autos del juzgado de Instrucción número 1 de Torrevieja han ratificado la imputación de un exinspector jubilado, Manuel Antonio López Vera, y dos agentes de oficina, Domingo Esquiva y José Antonio Sáez, por hacer desaparecer la multa a una amiga del primero, también investigada.

El juez, con fecha 12 y 13 de febrero de 2020, ha considerado que no puede haber sobreseimiento, como reclamaban el ministerio fiscal y la parte denunciada “por cuanto existen indicios de la comisión de los delitos de infidelidad en la custodia de documentos, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos”, como ya había dictado en un anterior auto de noviembre de 2018. Por ello, rechaza declarar nulas las actuaciones sobre los dos policías, como solicitaban.

Estos agentes, investigados a su vez en múltiples irregularidades, continúan en el departamento de Gestión con la aprobación del consistorio que dirige Dolón, quien ha optado por no adoptar ninguna medida cautelar contra ellos. Sin embargo, el también diputado provincial sí que ha realizado movimientos, pero contra el denunciante de este caso, el policía Antonio Rico, acosado laboralmente por sus compañeros por haber destapado un cúmulo de irregularidades, como recoge la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche, recurrida por Dolón y otros codemandados, después de que el propio alcalde fuera llamado a declarar como investigado en el caso Vela Mata, que también ayudó a destapar Rico.

Este caso, sobre la falta de actuación municipal en una discoteca, quedó archivado en febrero del año pasado por la jueza de Instrucción número 2 de Torrevieja pese a creer que “pudo haber delito”, porque “no se puede atribuir a una persona determinada”. Por eso quedó libre de cargos el político del PP. Pero aún colea el de la desaparición de una multa, que tendrá que ser juzgado en una fecha aún por determinar por un jurado popular.

Los hechos se remontan a noviembre de 2012 cuando tres policías dieron el alto a una conductora por saltarse un stop. Ésta firmó la multa de 200 euros pero se jactó de que no iba a pagarla porque conocía al exinspector López Vera, como ambos reconocieron posteriormente en sus declaraciones. El auto inicial de 2015 deja claro que Antonio Rico registró en una ventanilla única de Murcia la sanción “para que quedara constancia de su entrada” dada “la escasa fiabilidad que demostraban los buzones y los constantes rumores sobre la desaparición de multas”, añadía el juez instructor, “algo impropio en un municipio como Torrevieja”

Después de ser recogida la multa por otro agente, se la entregó a otro compañero para tramitarla, gestión que presuntamente no hizo y por la que también está siendo investigado. Por último, el tercer agente implicado supuestamente trató de eliminarla del sistema informático, pero “con poco éxito”, ya que se topó con la investigación abierta por el juez, como dictaminó un perito que revisó los ordenadores.

Rico ha tenido que ser incluido en el programa de denunciantes “protegidos” por la Agencia Antifraude valenciana desde 2018 y con él ya hay seis agentes más -y otro pendiente de resolución- a los que la justicia ha dado la razón por acoso laboral tras denunciar irregularidades en la Policía Municipal de Torrevieja.

300 multas

Del caso de la multa surgió, al año escasamente, otro procedimiento paralelo a raíz de la denuncia de agentes de la policía local en 2014 por la supuesta ausencia en la tramitación de 300 multas impuestas a terrazas y vendedores ambulantes.

Posteriormente y con el cambio de tres jueces, el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja, que había reabierto el caso tras una denuncia previa por supuestas irregularidades en la gestión de las terrazas, decretó la investigación de la trama, de especial complejidad, y en marzo de 2018 se solicitó el impulso procesal a las actuaciones, con la finalidad de que se pasara a la siguiente actuación, sin más novedades hasta la fecha.

Esta denuncia apunta al alcalde Dolón y al por entonces edil de Seguridad como “responsables directos”, así como al exmando anteriormente citado, López Vera, y a varios agentes. Vera ya había sido juzgado en 2006 por otro caso, el de las supuestas torturas a dos detenidos. Pese a las evidencias de las escuchas ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja en las que el policía ahora retirado aseguraba que uno de los detenidos “está reventado” a la vez que mostraba su preocupación porque “en el atestado no aparece nada de resistencia”, Vera se libró en noviembre de 2018 de la condena al invalidar la Audiencia de Alicante las grabaciones.