El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado varios preceptos recogidos en el Decreto 102/2022 de la Consellería de Igualdad del último gobierno del Botànic, por el que se modificaba el Decreto 67/2017 por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, tras el recurso presentado por Aerte.
En concreto, se ha anulado la discriminación de las personas mayores de 65 años en la prestación de asistente personal ya que establecía una reducción a 1.825 euros mensuales a partir de esa edad, mientras que las personas más jóvenes recibían 2.350 euros. La sentencia indica expresamente que “la falta de una justificación razonable de la reducción implica su insostenibilidad jurídica y humana, por lo que debe ser estimada la impugnación del recurrente”.
Asimismo, reconoce el carácter residencial de todas las viviendas de atención a salud mental y elimina la diferenciación que estableció la anterior Conselleria por “no tener fundamentación jurídica.
Al respecto, el presidente de la patronal Aerte, José María Toro, ha destacado que este pronunciamiento “viene a dar la razón a las movilizaciones y planteamientos” que han realizado desde la aprobación de este decreto y que provocaron “el bloqueo” del acceso al sistema de salud mental en estos recursos“.
No obstante, apunta que la repercusión jurídica de esta anulación es “relativa” ya que la actual Dirección General de Personas Mayores y Dependencia, dirigida por Beatriz Simón, “ya había reconocido esta situación y establecido las herramientas para que las personas pudieran recibir los servicios adecuados a sus necesidades en salud mental”.
Por último, destaca que “apuesta por la profesionalización de los servicios de atención a la dependencia al no permitir equiparar un curso de 50 horas para ser asistente personal, cuando estos deben contar con titulaciones oficiales tanto universitarias como de ciclos formativos, algo que recogía el decreto impugnado y que afectaba de manera directa la calidad del servicio ofrecido a la persona en situación de dependencia”.
Al respecto, ha recordado que desde agosto de 2022 llevaban insistiendo en las situaciones “tan injustas” que generaba este decreto para las personas usuarias de los servicios, pero que desde el Botànic les “acusaban” de “estar mirando sólo por el interés económico de las entidades”. “Con esta sentencia ha quedado claro que el posicionamiento de Aerte no sólo era correcto, sino que velaba por las personas que atendemos”, ha apostillado.
El Consell de Mazón lo celebra
La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que va a permitir al Consell “dar marcha atrás y revertir estas cuestiones”. La vicepresidenta segunda ha señalado que desde su departamento ya se habían puesto en marcha las medidas necesarias “para desbloquear este acceso al sistema de salud mental, totalmente injusto, y que las personas que lo requirieran pudieran acceder a este tipo de servicios de salud mental”.
Camarero reconoce que la figura profesional de atención a la dependencia en lo referente a la asistencia personal debe contar con titulaciones oficiales, tanto universitarias como de ciclos formativos, para “asegurar y garantizar la calidad del servicio ofrecido a la persona en situación de dependencia, que peligraba con el precepto acordado del Botànic”.
La vicepresidenta segunda ha reivindicado “una nueva forma de hacer política, un gobierno que se ocupa y al que nos preocupan las personas mayores” y ha señalado que, además de modificar lo que indica el TSJCV, vamos a poner en marcha un plan de choque “para activar, aún más, un sistema de la dependencia que es fundamental para las personas mayores y para las personas más vulnerables”.