El último cartucho de las ITV privatizadas por Zaplana: dilatar la reversión a la espera de un cambio en el Consell

Las empresas que gestionan las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) en la Comunitat Valenciana tratarán de dilatar el proceso de recuperación de la gestión pública del servicio más allá de las próximas elecciones autonómicas previstas para el mes de mayo (salvo que haya adelanto), con la expectativa de que una eventual victoria de la derecha y la extrema derecha pudiera servirles para prorrogar los contratos que vencen el 31 de diciembre del presente año.

El conseller de Economía, Rafael Climent, reveló este martes en Plaza Radio que las concesionarias les han traslado que solicitarán una prórroga de seis meses como compensación por los casi dos meses de parón que tuvieron durante el confinamiento, cuando el Gobierno decretó temporalmente el cierre de las estaciones y posteriormente aunque se reabrieron, funcionaron a medio gas por las restricciones.

Climent comentó que serán los servicios jurídicos los que determinen si es factible la mencionada prórroga, una opción poco factible ya que las estaciones no llegaron a estar ni tan siquiera dos meses paralizadas. Además, anunció una rebaja de las tarifas una vez la gestión vuelva a ser pública.

Es cierto que jurídicamente existe una obligación de compensar de alguna forma las pérdidas que hayan podido sufrir las concesionarias, aunque la solución no está exenta de complicaciones puesto que a cada ITV le afectó de en diferente medida el confinamiento, en funciónn de su ubicación.

Las fórmulas de compensación que maneja el departamento que dirige el conseller Rafael Climent y que otorga la legislación son dos: por un lado, alargar el periodo de concesión durante un plazo aproximado de dos meses, por lo que las empresas mantendrían la gestión de las estaciones hasta marzo de 2023; la otra opción sería una aportación económica, aunque para eso, las empresas deberían de acreditar las pérdidas que hayan podido sufrir.

En este sentido, está prevista para esta semana o la que viene a más tardar una reunión entre la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) y la Conselleria de Economía en la que los empresarios trasladarán oficialmente y por escrito su propuesta de compensación justificada.

Los grupos del Pacte del Botànic en solitario (PSPV, Compromís y Unides Podem) votaron el pasado mes de junio en las Corts Valencianes a favor de la convalidación del decreto-ley que autoriza la creación de la Societat Valenciana d'ITV, la empresa pública que se encargará de la gestión.

Economía estima que los ingresos netos para la Generalitat, descontando los gastos y las inversiones realizadas para la ampliación de la red de estaciones de las ITV, serían de 39,3 millones de euros anuales.

Un servicio lastrado por la corrupción del PP

Fue el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, quien impulsó la privatización del servicio adjudicando hace 25 años, proceso por el que está acusado de haber cobrado 20 millones de euros en mordidas y por el que será juzgado junto al también expresidente valenciano del PP, José Luis Olivas, en el marco del 'caso Erial'.

El caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana junto a otros y por el que será juzgado, se abrió para investigar el supuesto cobro de 20,6 millones de euros en comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana.

“El total del dinero delictivo mediante operaciones de corrupción obtenido por Eduardo Zaplana y su organización criminal asciende a 20.606.364 euros”, sostiene el fiscal Pablo Ponce, que solicita para el expolítico del PP una pena de 19 años de prisión por los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad y prevaricación administrativa. 

La operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 del siglo pasado sirvió para que unos pocos años después de las adjudicaciones las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones de euros que son los que, a su vez, se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama internacional que se investiga en el caso Erial. Sedesa vendió su concesión por 86 millones de euros y la repartió entre muchos de los ahora investigados.

La adjudicación de los lotes de las ITV, uno de los epicentros del caso, se llevó a cabo en 1997 y resultaron agraciados varios empresarios que habían llevado a Zaplana de la mano al poder autonómico valenciano, allanando el pacto entre Unió Valenciana y el Partido Popular (el conocido como pacto del pollo) tras las elecciones autonómicas de 1995.