La aprobación de la nueva ley de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana supone “una vuelta al modelo de televisión partidista, sin control independiente de su contenido”, tal y como ha criticado la Unio de Periodistes Valencians, que lamentan que el nuevo texto modifica la manera como se conforma el Consejo de Administración -actual consejo rector-, “que estará copado únicamente por miembros elegidos por los partidos políticos con mayoría absoluta” -antes por mayoría cualificada-, “en un claro retroceso en cuanto a la pluralidad del ente, que anteriormente contaba con miembros de la sociedad civil y representantes de los trabajadores”.
También elimina, advierten, el papel supervisor del Consejo de la Ciudadanía, y cualquier poder de decisión al Consejo de Informativos, cuyas funciones “quedan diluidas para evitar cualquier vigilancia sobre posibles contenidos partidistas”. “Una ley que no garantiza la financiación mínima y tampoco pone techo a una posible hipertrofia económica y, por lo tanto, confía a la voluntad de los políticos de turno dejar morir la radiotelevisión pública de todos los valencianos y valencianas por infrafinanciación o dotarla con unos presupuestos excesivos”, sostiene La Unió.
De las más de veinte enmiendas que presentó la Unió de Periodistes Valencians a la ley, solo se han tenido dos en consideración: la garantía que los informativos continuarán siendo exclusivamente un servicio público; y la equiparación económica de los profesionales que trabajan para la Corporación desde productoras externas, con las retribuciones de los trabajadores de la casa. “Propuestas reflejadas en el texto y que tienen la voluntad de garantizar el servicio público y la no privatización de los servicios informativos, así como evitar la creciente precarización de los profesionales del audiovisual valenciano”, reseñan. Aun así, consideran que se han quedado muchas enmiendas en el aire que intentaban “evitar que la radiotelevisión valenciana vuelva a ser una televisión al servicio de los partidos políticos en el poder”.
El nuevo texto también “deja en el aire” el proceso de selección de personal, en el que hay alrededor de 800 profesionales de la información inscritos. “Esto, además de inestabilidad laboral, genera gastos y mucha incertidumbre innecesaria a los profesionales de la actual plantilla, y entre los aspirantes a formar parte. Por lo tanto, exigimos que haya una solución, cuanto antes mejor, para que se celebre el proceso selectivo de personal y se resuelva por fin la interinidad de la plantilla de À Punt”, comentan. Además, matizan que “el hecho de obviar la necesidad de promover el valenciano, una de las razones de ser de la radiotelevisión pública, así como los posibles cambios en el libro de estilo, no son buenos augurios para el futuro de À Punt”.
La Unió de Periodistes Valencians continuará velando porque “no se vuelvan a cometer errores del pasado y los profesionales de la casa puedan informar sin presiones políticas. Y defenderemos siempre unos medios de comunicación públicos, de calidad, en valenciano, independientes de los poderes políticos, muy dotados económicamente y que impulsen el sector audiovisual valenciano. Todo lo contrario del espíritu de esta ley, que busca evitar la fiscalización, no se compromete a garantizar la supervivencia económica del ente, obvia el papel de la CACV como motor del sector audiovisual y desprestigia el valenciano y a los valencianohablantes”, concluyen.