Aparcar el coche por las calles de Valencia sin pasar por caja se antoja prácticamente imposible. No solo por la extendida zona azul, sino porque además las zonas con más tráfico están plagadas de gorrillas, lo que en muchas ocasiones implica un doble pago, el de la ORA y el del aparcacoches de turno, para desesperación de los ciudadanos.
Los diferentes organismos implicados en la lucha contra este fenómeno se han visto impotentes para atajarlo hasta ahora, pese al aluvión de quejas vecinales.
En los últimos años, la Policía Local les sancionaba por la Ley de Seguridad Vial, al obstaculizar el tráfico. A la tercera denuncia a un mismo aparcacoches, se levantaba un acta por desobediencia a la autoridad y se les llevaba ante la Fiscalía, que abría diligencias y en función de los hechos presentaba una denuncia judicial, generalmente por coacciones.
Sin embargo, las denuncias tenían poco recorrido y se traducían en pequeñas sanciones que en la mayoría de casos no se pagaban al declarse insolventes.
Ante la improductividad de este protocolo de actuación, la Fiscalía solicitó a la Policía Local que dejara de mandarles aparcacoches, salvo que concurrieran circunstancias graves como agresiones o daños a los vehículos, lo que causó una caía en picado de las denuncias en los últimos 3 años. Actualmente, la mayoría de ellas se les impone por la ordenanza municipal de Circulación, que conlleva una multa económica que en la práctica es casi imposible de cobrar.
Las denuncias caen en picado
Según datos de la Policía Local, los agentes pusieron 1.579 denuncias en el año 2012, el año siguiente 803 y el año pasado ascendieron a 638. Según las mimas fuentes, en lo que llevamos de año se han impuesto 57 denuncias, se han abierto diligencias judiciales a 39 gorrillas y se ha identificado a 462 personas.
Por lo que respecta a las actuaciones de la Fiscalía, de las 747 denuncias interpuestas en 2010 (48 por agresiones), se pasó a un centenar en 2011, mientras que el resto de años hasta ahora han rondado el medio centenar de media (39 en 2012, 61 en 2013 y 22 en 2014).
El cambio de color político en el Ayuntamiento de Valencia, donde ha pasado de gobernar el PP de Rita Barberá a hacerlo el tripartito de izquierdas (Compromís, PSPV y València en Comú), con Joan Ribó (Compromís) al frente, no ha supuesto un gran cambio de actitud para tratar de atajar este fenómeno.
De hecho, fuentes municipales han explicado que más allá de las labores de control policial, tratarán de incluir “a los gorrillas en los diferentes planes de inserción sociolaboral que ejecute el Ayuntamiento”, aunque sin especificar mucho más.
Los agentes se ven impotentes
Al respecto, desde el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPLB) de Valencia, han pedido que les doten de “más herramientas legales para poder actuar contra ellos”, ya que con la actual normativa “el trabajo de los agentes no sirve para nada, los gorrillas siguen estando en las mismas calles”.
Según ellos, el problema es la sensación de impunidad que tienen a día de hoy: “La multa económica les da igual porque son insolventes, al que no pague la multa se le debería castigar con algún tipo de trabajo en beneficio de la comunidad”.
Precisamente, la Policía Local puso en marcha hace tres años un programa pionero para tratar de disuadir a los aparcacoches. La iniciativa consiste en poner a condenados a trabajos en benificio de la comunidad por haber cometido delitos de tráfico a trabajar como gorrillas en las inmediaciones de los puntos más calientes, como la nueva Fe.
Sin embargo, esta medida solo logra desplazarlos unos metros o, en algunos casos, a otras zonas de la ciudad, con lo cual la medida tampoco ha logrado solucionar el problema de forma global.
Mientras tanto, los gorrillas siguen campando a sus anchas en las inmediaciones del Hospital General, de la sede de Tráfico, en Juan Llorens, Alameda, avenida de Aragón, Blasco Ibáñez, centro comercial Arena o en calles como Convento Jerusalén o plaza del Mercado y adyacentes.