Botànic, Cabanyal, ZAL de València: cuando la lucha ciudadana es capaz de doblegar los intereses especulativos
Es la historia de la lucha de David contra Goliat, de la ciudadanía organizada contra el poder político y burocrático con todos sus resortes. Así se han escrito los grandes logros del movimiento vecinal para la ciudad de València, cuya resistencia ha logrado frenar planes escpeculativos o simplemente depredadores como la construcción de un hotel junto al jardín Botánico, la destrucción de la trama urbana del Cabanyal o la expnasión logística del Puerto de València en La Punta.
El movimiento vecinal 'El llit del Túria és nostre i el volem verd' surgió en la década de los 70 con el objetivo de frenar el proyecto del régimen franquista por el cual, tras la catastrófica riada de 1957 y el consiguiente desvío del cauce por el sur de València, se decidió construir una autovía por el viejo lecho del río que atraviesa la ciudad.
La fuerte respuesta de la sociedad civil valenciana, encabezada por la Coordinadora d'Associacions de Veïns, logró que se descartara finalmente la ejecución del vial coincidiendo con el inicio de la transición y que a principios de los años 80, con el socialista Ricard Pérez Casado como alcalde, se atendiera la reivindicación vecinal de crear el Jardín del Turia. También a principios de los 70 se logró paralizar la urbanización del Parque Natural de la Albufera.
La defensa del jardín Botànico generó otro movimiento ciudadano agrupado en la plataforma Salvem el Botànic. El 17 de junio de 1995, la entidad convocaba un abrazo cívico para unir simbólicamente la manzana de Jesuitas y el Jardín Botánico en el que se proyectó un hotel cuyo efecto sombra ponía en serio riesgo el pulmón verde, un inmueble ahora previsto gracias a la plataforma vecinal y tras años de negociaciones junto al viejo Mestalla. En la parcela que queda liberada se acometé un nuevo jardín inspirdo en la huerta.
Unas mil quinientas personas completaron aquel acto que fue el inicio de una serie de movilizaciones que se sucedieron a lo largo de trece años para hacer frente a la presión inmobiliaria. El jardín municipal que se ubicará en el solar de los Jesuitas de València llevará el nombre de la historiadora del arte, activista vecinal e hija predilecta de la ciudad Trini Simó.
Conflicto en el Cabanyal
La resistencia del Cabanyal a través de su asociación vecinal y de la plataforma Salvem el Cabanyal frente al plan aprobado por el PP de Rita Bareberá, consistente en prolongar la avenida de Blasco Ibáñez destruyendo la trama urbana del barrio es otro ejemplo claro de lucha frente a la especulación inmobiliaria.
Era el año 2009 y el conflicto social estaba en pleno auge con el inicio de los derribos de varias de las casi 500 viviendas adquiridas en su día por el Ayuntamiento de València.
La prolongación del vial que implicaba la demolición de 1.600 casas, supuestamente con el objetivo de acabar con la degradación y abrir la ciudad al mar, empezaba a visibilizarse con la entrada de las excavadoras.
Sin embargo, la fuerte resistencia de la plataforma Salvem el Cabanyal y de la asociación de vecinos, junto a otros colectivos, logró paralizar temporalmente los derribos, primero haciendo de escudos humanos entre las máquinas y los inmuebles, y después con diversos recursos judiciales.
Fue importante entonces la figura de la fallecida exministra socialista de Cultura, Carmen Alborch, en aquel momento líder de la oposición municipal a Barberá. Su mediación fue decisiva para paralizar cautelarmente los derribos previstos, al estar en aquel momento al frente del Gobierno el también socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
De hecho, fue su ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, quien frenó definitivamente el plan mediante un decreto que consideraba expolio patrimonial la apertura de la avenida, por la ruptura de la particular trama urbana del barrio marinero, compuesto en retícula mediante pequeñas calles paralelas al mar y protegido como bien cultural.
El Gobierno municipal de izquierdas surgido de las urnas en 2015, (Compromís, PSOE y València en Comú) con el alcalde Joan Ribó al frente, desalojó del poder al PP, e hizo de la revitalización del barrio del Cabanyal una de sus principales banderas, apostando por la rehabilitación y renunciando a la prolongación de Blasco Ibáñez. En estos momentos, el Ayuntamiento está a expensas de que la Conselleria de Cultura de el visto bueno al Plan Especial del barrio que descarta definitivamente la prolingación de Blasco Ibáñez y protege gran cantidad de elementos singulares del barrio.
La ZAL y el Puerto
A finales de los 90, la Generalitat Valenciana dirigida por el PP de Eduardo Zaplana (procesado por su fortuna oculta en paraísos fiscales) aprobó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del Puerto de València, en un momento en el que la ampliación sur había arrasado la plaza de Natzaret y La Punta.
El plan urbanístico implicó la desprotección de 70 hectáreas de huerta protegida y productiva para convertir el suelo en urbanizable y supuso la expulsión de 147 familias de sus viviendas, cuyas viviendas fueron demolidas. También se destruyeron alquerías y acequias.
La lucha de estas familias agrupadas en la asociación de vecinos La Unificadora de La Punta ante la injusticia que supuso aquel proyecto y sobre todo la forma de ejecutarlo ha hecho que los juzgados hayan fallado hasta en 16 ocasiones contra el plan urbanístico que da cobertura a la ZAL, lo que ha hecho que no se haya puesto en marcha 24 años después.
La última sentencia del pasado mes de marzo tumba el plan especial aprobado por la Generalita en 2018 y se reafirma en que no cabe la instalación en un suelo que tras las sucesivas sentencias sigue siendo no urbanizable de especial protección agrícola y asegura además el trámite ambiental debe ser ordinario y no simplificado.
Tras este fallo, recurrido por el Puerto y la Generalitat al Supremo, se ha abierto un debate político y ciudadano sobre la conveniencia de revertir los terrenos en zona verde y huerta productiva, tal y como reclaman los vecinos.
En la misma línea, la ampliación del Puerto de València también ha generado una amplia respuesta social entre otras cosas, por la nula transparencia, debate y participación que ha habido pese a sus enormes dimensiones y externalidades, que ya se han empezado a ver con el retroceso de las playas de El Saler en los últimos años. Un retroceso que, de ir a más, pondría en riesgo la Albufera, según afirman expertos como la geógrafa Eulèlia Sanjaume.
Además, existen dudas legales sobre aspectos del proyecto, como la vigencia de la declaración de impacto ambiantal del año 2007 concedida sobre un proyecto que nada tiene que ver con el actual y basada en una ley del año 1986 que ya no existe.
Así se visibilizó en la multitudinaria manifestación contra la polémica ampliación que tuvo lugar en octubre del pasado año a la que se adhirieron 165 entidades vecinales y que además rechazan el alcalde de València y medio Gobierno valenciano, en concreto Compromís y Unides Podem, al carecer de garantías ambientales. También se oponen históricos socialistas como Joan Romero, Ana Noguera o el actual vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons.
La ampliación del Puerto de València (el primero del Mediterráneo y el cuarto de Europa en movimiento de contenedores) supondrá duplicar su superficie mediante una nueva terminal de 134 hectáreas y su capacidad para mover y almacenar contenedores (actualmente gestiona 5 millones al año) e incrementar exponencialmente su actividad en cuanto a tráfico de buques y vehículos pesados, sin que haya estudios sobre las consecuencias ambientales de estos aumentos, todo ello en un contexto de emergencia climática.
Uno de los redactores del Informe de Evaluación sobre Cambio Climático del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC), el director ejecutivo de Carbon Project, Pep Canadell, afirmo en relación al aumento de capacidad de puertos como el de València, que no existen alternativas a corto plazo a los combustibles altamente densos de los barcos y que estos proyectos van en contra de la lucha climática.
0