Consell y Ayuntamiento denuncian el “boicot intencionado” del Gobierno a Valencia
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han acusado al Gobierno en funciones de “boicotear” la dársena y de “ningunear los intereses” de los valencianos y le han exigido que le condone los 440 millones de euros de deuda para que pueda ser una alternativa turística y de innovación “viable”.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han criticado que el Gobierno, socio del Consorcio Valencia 2007 con Generalitat y Ayuntamiento para la gestión de la Marina Real, no participara en la reunión del consejo rector para adjudicar los contratos sobre seguridad y mantenimiento.
Soler ha dicho que “no es posible” que el Gobierno haya pagado acontecimiento como la Expo de Sevilla o de Zaragoza, los Juegos Olímpicos de Barcelona o la capitalidad cultural de Madrid “y los 440 millones de deudas del Consorcio sean ignorados”.
“Si esos 440 millones no acaban absorbidos por quién tiene que hacerlo como se ha hecho en otras ciudades será terrible”, ha apuntado y ha incidido en que el Consorcio “es necesario” y que quieren que el Gobierno “se haga cargo” de la deuda “y así será viable y tratará de dar una alternativa turística y de innovación”.
Según han explicado, en un correo electrónico recibido por la mañana la excusa para no ir a la reunión era que no podían adoptar decisiones sobre contratos que pudieran comprometer el margen de acción de un futuro Gobierno aunque por la tarde adujeron que ni Generalitat ni Ayuntamiento habían pagado sus obligaciones.
Tanto Soler como Ribó han asegurado que sus respectivas Administraciones han cumplido con el pago de 600.000 euros al Consorcio, por lo que han considerado que el Ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, “miente” al poner como excusa para faltar a esa reunión el impago de esas obligaciones.
“Tanto Ayuntamiento como Generalitat acudimos a nuestras responsabilidades financieras y no podemos consentir que esto siga así porque es una muestra más del trato impresentable del Gobierno hacia Valencia”, ha afirmado Soler, para quien la actitud del Gobierno es “un insulto a la inteligencia de los valencianos” y “un tratamiento de absoluta discriminación y ninguneo”.
Valencia ha pagado lo comprometido
Ribó ha defendido que el Ayuntamiento “ha pagado escrupulosamente lo que se había comprometido aunque (Rita) Barberá no lo presupuestó en 2015 y se ha tenido que adelantar de 2016”, por lo que ha asegurado que “no se puede ser ministro y decir mentiras para excusar lo inexcusable”.
El alcalde ha explicado que el próximo 12 de mayo acaba el contrato de seguridad y en agosto el de mantenimiento, las dos nuevas adjudicaciones que debía aprobar el consejo rector, y si “no se arreglan, Montoro será el responsable de que no haya seguridad” y se pierda el patrimonio.
Ribó ha defendido la importancia de la dársena como punto de conexión al mar y de cluster de innovación y de atracción de empresas para generar empleo, algo que se ha visto frenado.
“Es un elemento de boicot intencionado a Valencia”, según Ribó, para quien “lo intolerable es que quien sale perjudicado es Valencia porque deja al Consorcio en una situación insostenible”.
El alcalde ha asegurado que no se han cuestionado la disolución del consorcio porque consideran que “funcionaría si cada parte asumiera lo que tiene que asumir” y que el problema es “el Gobierno estatal que no está respondiendo a una ciudad como Valencia”
Respecto a la deuda de 7 millones con el Banco de Santander, que ha supuesto el embargo de las cuentas del Consorcio, ha explicado que se debía renegociar a nivel estatal pero el Gobierno “no ha hecho nada”, algo “absolutamente intolerable”, y ha apuntado que ya no se puede garantizar que el embargo no afecte a los salarios.
