El Gobierno valenciano tramita cinco denuncias en cuatro meses por acoso inmobiliario de fondos buitre contra inquilinos

El nuevo decreto contra el acoso inmobiliario impulsado por la Conselleria de Vivienda del vicepresidente en funciones Héctor Illueca, que entró en vigor el pasado 28 de febrero tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) cuenta ya con cinco denuncias en tramitación. Este decreto sanciona con hasta un millón de euros el acoso inmobiliario que ejercen los fondos buitre cuando compran un edificio para lograr que los inquilinos acaben por abandonar la vivienda.

El documento define como acoso inmobiliario “toda acción u omisión en perjuicio de la persona ocupante de una vivienda con el fin de perturbarle en el uso y disfrute pacífico de la misma, incluso generándole un entorno material, social, personal o familiar hostil o humillante, especialmente si dicha conducta se realiza con intención de forzar a la persona ocupante a desalojar la vivienda o a adoptar cualquier otra decisión no deseada sobre el derecho que pudiere ampararle de uso y disfrute de dicha vivienda”.

Uno de los casos analizados ha sido el de la mujer de 82 años de Cullera cuya ausencia aprovechó el fondo Global Pantelaria para acceder a su vivienda sin orden judicial, tirar todas sus pertenencias y cambiarle la cerradura. Ante la gravedad de los hechos y la posible existencia de delitos penales, desde Vivienda se presentó denuncia en la Fiscalía, que ha procedido a abrir diligencias previas.

Como avanzó este lunes elDiario.es, el caso estaba previamente judicializado al haber interpuesto denuncia la defensa de la mujer afectada ejercida por la la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València y la abogada de la cooperativa El Rogle, Adelina Cabrera. De esta forma, lo lógico sería que estas diligencias se incorporaran al proceso que está pendiente de señalamiento de fecha y hora para el juicio por un presunto delito de realización arbitraria del propio derecho por parte de Haya Real Estate, gestora de los activos de Global Pantelaria. Independientemente del proceso judicial, Vivienda ha abierto un expediente sancionador por una infracción grave que pude acarrear multa de entre 350.000 euros y 950.000 euros.

Los otros cuatro casos cuyas denuncias están en fase de diligencias previas a través de los servicios territoriales, que están recabando la información, estarían encuadrados en infracciones leves, sancionados con multas de hasta 350.000 euros. Según ha informado la directora general de Emergencia Habitacional en funciones, Pura Peris, se trata de casos en los que ha habido amenazas y coacciones mediante cartas, llamadas telefónicas o incluso en persona por parte de representantes de fondos buitre que se presentan en casa de los inquilinos de las viviendas para presionarles con el objetivo de lograr que las abandonen.

Como ya informó este diario, uno de estos casos es el de María Victoria Pedrajas, de 46 años, vecina de la Fuensanta con un hijo de 5 años y otro de 17. En su caso es el fondo Promontoria Coliseum el que se dedica a llamarla por teléfono todas las semanas para amenazarla con el objetivo de que se vaya de la vivienda, e incluso le han enviado a algún empleado para hacer lo propio: “Cada vez que salgo de casa tengo que dejar dentro a mi hijo el mayor porque me da miedo que vengan y me cambien la cerradura. Primero me ofrecieron 4.000 euros y como me negué, me empezaron a decir que cuando saliera me podrían una reja de hierro para que no pudiera entrar. No puedo más, vivo con el miedo en el cuerpo”.

Pedrajas firmó un alquiler social de 136 euros con el Banco de Sabadell, pero luego la vivienda se transfirió al fondo buitre, que a un año de finalizar el contrato le mandó un burofax para advertirle de que al finalizar, en 2020, tenía que abandonar la vivienda, a lo que hasta ahora se ha negado sin haber dejado de pagar ni un solo mes el alquiler: “Mi abogado ha conseguido un permiso del juez para frenar el desalojo al ser una persona vulnerable con menores a mi cargo, acogiéndome a la moratoria aprobada por el Gobierno. Pero es una angustia vivir así, aguantando burlas y amenazas por teléfono casi a diario”.

Concentración de la PAH de València

La PAH de València ha convocado una concentración este martes a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento de València para exigir al Gobierno de Pedro Sanchez que se prorrogue la moratoria estatal de desahucios hasta el 31 de diciembre.

Según explican, el próximo día 30 de junio caducan las medidas de protección frente a desahucios, contenidas en el decreto ley 20/2022, reactivándose, si no se remedia, decenas de miles de procedimientos, hasta ahora suspendidos. Desde la PAH se ha dirigido un escrito formal al presidente del Gobierno y a la vicepresidenta solicitando la prorroga: “Exigimos que se prorrogue porque calculamos que más de 38.000 familias pueden quedar desprotegidas”.