La incertidumbre en la gestión de la Marina de València se extiende a los amarres que el Puerto sigue sin licitar

Cuando falta poco más de un mes para que finalice la autorización extraordinaria de un año que otorgó la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en diciembre del año pasado, al Consorcio València 2007 (CV07), en fase de liquidación, para que mantuviera la gestión integral de la Marina de València hasta que se creara un nuevo ente que le sustituya en la administración del espacio, está todo por hacer y cada vez surgen más dudas e incertidumbre sobre el funcionamiento de los diferentes servicios.

El organismo que se encargaba del funcionamiento de la Marina, el Consorcio, integrado por el Gobierno (40%), la Generalitat (40%) y el Ayuntamiento (20%), sigue enredado en una maraña jurídica y en proceso de liquidación desde que en noviembre de 2021 la representación del Ejecutivo central decidiera abandonarlo tras asumir el Estado los 380 millones de euros de deuda que pesaban sobre el ente.

La salida de uno de los socios del Consorcio obligó a iniciar su liquidación, pero finalmente quedó paralizada hasta que se alcanzara un acuerdo definitivo para la creación de un nuevo ente gestor con el objetivo de mantener la gestión unitaria de toda la Marina. A esto se suma que la APV ha sido incapaz de convocar (como tenía obligación) a lo largo del año 2022 y 2023 el concurso para la gestión de los amarres deportivos.

La alcaldesa de València, María José Catalá, anunció recientemente la creación de un órgano paritario de cooperación con la APV para gestionar los bienes terrestres de La Marina, como solución transitoria para ir dando solución a las concesiones o contratos de mantenimiento pendientes de renovar hasta la creación del nuevo ente gestor que sustituya al Consorcio. Esta iniciativa ha venido acompañada de la supresión en los Presupuestos municipales de una partida para un nuevo organismo de gestión que el anterior Gobierno municipal había planificado y había dotado económicamente.

¿Cómo se gestionarán entonces los 950 amarres para embarcaciones deportivas, una de las actividades de más impacto social y sin duda de las más rentables de toda la Marina si no fuera por las tasas que la APV cobra al Consorcio? Salvo que el organismo portuario consiga en lo que queda de año rubricar la licitación, lo que parece a todas luces imposible por una cuestión de plazos y de falta de estructura administrativa y de personal de la propia APV, la solución más factible según fuentes consultadas por este diario pasaría por autorizar de nuevo al Consorcio a seguir con la gestión de los amarres deportivos hasta que se adjudique definitivamente y se firme el contrato de gestión de los mismos con la empresa que resultase elegida. Esta solución que implicaría la imposibilidad de liquidar el Consorcio al menos hasta que se creara el órgano paritario anunciado por Catalá y se le asignara la tarea, lo que será muy complicado que suceda antes de final de año.

Mientras tanto, el Consorcio mantiene una deuda de 24,7 millones de euros con la APV en concepto de tasas de ocupación, de actividad y de impuestos que han sido recurridas en los juzgados por el ente, al considerar que la mayoría de ellas menoscaban la acción del propio Consorcio al afectar al desarrollo de actividades de interés general y de utilidad pública y social.

Otra cuestión que también estará sobre la mesa en el proceso de liquidación será cómo la APV compensará al Consorcio por las infraestructuras valoradas en 127 millones de euros y construidas por éste y que revertirán en favor del Puerto (toda la infraestructura náutica, las antiguas bases de los equipos de la Copa América y otras construcciones, los paseos y zonas verdes). Está por ver si la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia reivindicarán como socios del Consorcio la compensación por los activos que revertirán en favor de la APV.