El Síndic considera que Catalá vulnera los derechos de la oposición por reducir su capacidad de control y el PSPV irá al juzgado
![Sandra Gómez (izquierda) y María José Catalá intercambian impresiones en una imagen de archivo.](https://static.eldiario.es/clip/dc7b8106-db84-48b7-9008-844d744b60a8_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg)
“Llegados a este punto se hace evidente que desde el Ayuntamiento de València no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic contenidas en la Resolución de consideraciones de 18/12/2023. Ese comportamiento ha impedido alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja”.
El Síndic de Greuges afea así a la alcaldesa de València, María José Catalá, en su resolución de este miércoles 28 de febrero, que no haya tenido en cuenta la recomendación emitida en su escrito del pasado mes de diciembre en respuesta a una queja del PSPV por reducir el número de comisiones informativas y de miembros de las mismas, lo que implica un recorte en las preguntas y mociones que puede presentar la oposición.
En concreto, en el pasado mandato había siete comisiones y nueve concejales por comisión cuando en el presente hay tan solo cinco comisiones con siete ediles cada una.
En el informe del pasado 18 de diciembre el Síndic consideraba que “la competencia del Pleno para fijar discrecionalmente el número de comisiones informativas permanentes y de personas integrantes en las mismas no es absoluta”. Por una parte, “no puede ser arbitraria porque el artículo 9.3 de la Constitución lo prohíbe”. Y por otra, “el ejercicio de esta potestad discrecional tampoco puede limitar o dificultar en exceso el derecho fundamental de los concejales a la participación en la gestión de los asuntos públicos”.
Además, añadía: “Resulta evidente que cuantas menos comisiones informativas permanentes existan, más se concentran en las mismas la gran cantidad de temas o asuntos distintos respecto de los que tiene que decidir el Pleno de una gran población como es València. Si se reduce el número de comisiones y se reduce también el número de personas integrantes de las mismas, las cuales, además, no pueden preguntar ilimitadamente, sino que tienen que respetar un límite de preguntas, el resultado es obvio: es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales”.
Por este motivo, recomendaba que se modificara “el acuerdo de creación de las Comisiones Permanentes Ordinarias adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de València en su sesión extraordinaria del día 28/07/2023”.
El equipo de Gobierno de Catalá, sin embargo, no ha tenido en cuenta la recomendación, lo que afea el Síndic recordando que cuando estaba en la oposición también puso una queja al limitar el equipo de Gobierno de izquierdas el número de preguntas a presentar en el pleno por los concejales. En ese caso, recuerda la institución, pidió un cambio a los anteriores gestores, por lo que pone de relieve que mantiene el mismo criterio independientemente del color político de la corporación.
“Hay que insistir en que, como no podría ser de otra manera, y al margen de las decisiones políticas adoptadas por los distintos equipos de gobierno municipal, la doctrina y la posición de esta institución se mantiene firme e invariable en la mejora del funcionamiento democrático de las entidades locales y en la defensa de la interpretación más favorable al ejercicio del derecho fundamental de los concejales a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas”, dice en su resolución final.
Según el Síndic, “esta institución ha podido comprobar que el conjunto de las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento de València en los últimos años (limitación del número de preguntas dirigidas a las comisiones y al pleno, reducción del número de comisiones y de las personas que la componen) determinan de forma inequívoca la reducción de las posibilidades de actuación de los concejales de la oposición”.
El PSPV recurrirá al juzgado
El concejal socialista Borja Sanjuán ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista interpondrá una denuncia ante el Contencioso Administrativo contra el gobierno de María José Catalá por vulnerar los derechos de la oposición. Sanjuán se ha manifestado en estos términos tras la última resolución del Síndic de Greuges en la que pone de manifiesto que el PP “está poniendo trabas a la oposición” para que realice la fiscalización del gobierno municipal.
“El Síndic nos ha vuelto a dar la razón y confirma en su última resolución, con mucha dureza, que Catalá está actuando conscientemente para limitar nuestros derechos y los del conjunto de la oposición. Y no solo eso sino que, además, afea al gobierno del PP que haya incumplido las recomendaciones realizadas por la Sindicatura y que lo pondrá en conocimiento de todos los ciudadanos y ciudadanas así como de los miembros del parlamento valenciano”, ha manifestado.
Para Sanjuán, el Síndic ha puesto en evidencia que las medidas adoptadas por Catalá para restringir la participación de la oposición tanto en las comisiones como en el pleno “son arbitrarias y poco transparentes”, como denunciaba el Partido Socialista. De hecho, en su resolución reprocha al gobierno del PP que ni tan siquiera se haya permitido al Grupo Municipal Socialista la posibilidad de defenderse y recurrir su decisión de no acatar las recomendaciones de la Sindicatura.
“Vamos a recurrir al Contencioso Administrativo porque estamos seguros de que, como ocurrió con el Síndic y como hubiese ocurrido en el Consell Jurídic Consultiu si nos hubiesen dejado denunciarlo, nos va a dar la razón. Porque es obvio que, cuando se reducen comisiones informativas así como el número de concejales que pueden participar, se está restringiendo la posibilidad de la oposición de participar en la actividad pública para fiscalizar al gobierno”, ha incidido.
El concejal socialista, además, ha señalado que el Síndic hace un reproche contundente a Catalá por su “doble vara de medir” con respecto a las limitaciones de la oposición. “En el escrito le recuerda que cuando estaba en la oposición denunció en varias ocasiones al gobierno porque entendía que limitaba sus derechos. Si a ella entonces le parecía que con siete comisiones y nueve concejales por comisión se estaban limitando sus derechos ahora no puede defender que con dos comisiones menos y dos concejales menos por comisión, no se están limitando los derechos de la oposición porque es incongruente”, ha dicho.
Para Sanjuán, la decisión de Catalá de incumplir las recomendaciones del Síndic “arrastra a este Ayuntamiento a ir haciendo el ridículo en términos democráticos simplemente porque tiene miedo de que podamos acceder a expedientes, de que podamos hacer preguntas y de que podamos fiscalizar su trabajo”.
“Está demostrando, en esta y otras cuestiones, que, con su manera de actuar desde la opacidad, este Ayuntamiento se está deslizando desde la defensa del interés general a la defensa de su interés particular”, ha finalizado.
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