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València prorrogará otro año la moratoria a los apartamentos turísticos y los limita a un 2% de las viviendas por barrio

La alcaldesa de València, María José Catalá.

Laura Martínez

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La alcaldesa de València, Maria José Catalá, promete poner coto a las viviendas turísticas irregulares y limitar los apartamentos a un 2% de las viviendas en cada barrio de la ciudad. La junta de gobierno local abordará este viernes el inicio de los trámites de una norma que restrinja la actividad de las viviendas de uso turístico con la aprobación del proyecto de evaluación ambiental, para pasar el reglamento a exposición pública. Este paso es el preámbulo para extender la moratoria a los apartamentos turísticos otro año más, según apuntan fuentes municipales, una pausa legal que se extenderá un año más ante la saturación de la ciudad, hasta 2026.

“Desde el Ayuntamiento apostamos por una ciudad residencial, para vivir, con turismo de calidad, y eso pasa por la oferta de viviendas para residentes”, apuntó la alcaldesa, que saca pecho de la normativa frente al gobierno de izquierdas anterior. Hasta la fecha, la restricción de viviendas turísticas es del 10% por barrio en Ciutat Vella y el Marítimo por manzana, una medida que pasa a extenderse a los barrios en su conjunto. En los citados casos, que ya superan el umbral, no se permitirán más apartamentos, extendiendo la moratoria otro año. Esta medida ha sido recurrida por un inversor representado por el despacho de abogados de un asesor del PP en el Senado, que pide al consistorio argumentar cómo las viviendas turísticas impactan en el municipio para justificar la moratoria. El pasado martes el Ayuntamiento aprobó que la moratoria también se extendiera al Cabanyal después de incrementarse un 300% los apartamentos en el barrio.

“La guerra la tenemos con las viviendas irregulares”, afirmó Catalá este jueves en un foro del diario ABC en Madrid, donde insistió en la limitación en los barrios. La idea es que se vayan clausurando las viviendas irregulares, una medida que se potenciará cuando el Gobierno central ponga en marcha el registro compartido con la administración autonómica y local. “Será clave”, apuntan fuentes municipales, que insisten en la restricción a la actividad sin licencia. La Policía Local de Valencia ha interpuesto 620 denuncias y ha aumentado en un 738% las actas-denuncia a apartamentos turísticos, indica el consistorio.

Asimismo, se deben sumar las medidas de la Conselleria de Turismo, que aprobó un decreto que permite a los ayuntamientos sancionar y hacerse cargo de la recaudación en materia turística. El decreto impulsado por la exconsellera Nuria Montes daba obliga a los propietarios de los pisos de uso turístico a comunicar antes del 31 de diciembre de 2024 la referencia catastral de la vivienda si no quieren ser dadas de baja del registro oficial y reiniciar los trámites.

La oposición municipal se muestra escéptica ante la medida y pregunta a la alcaldesa qué hará con los barrios en los que se supera el umbral. El concejal socialista Borja Sanjuán apunta que en Valencia hay 1.489 apartamentos turísticos con licencia -sin ella, más de 5.000- y que el 2% de la ciudad implicaría más de 8.000, cifra ya superada. “Hoy hay un 30% de apartamentos más en la ciudad que en 2023 (...) así que nada de lo que hace el PP está surtiendo efecto”, denuncia el socialista. Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, plantea: “Si no ha sido capaz durante todo su mandato de ajustar a la legalidad la autorización de apartamentos turísticos en Ciutat Vella y Cabanyal-Canyamelar, donde estaba establecida en un 10% por sus Planes Especiales, ¿qué hace pensar que ahora sí será capaz de ajustarlos al 2% en cada barrio?”.

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