Vecinos del barrio del Carmen de València piden a Catalá el cierre de los apartamentos turísticos ilegales

La asociación de vecinos Amics del Carme ha denunciado este martes que “la cantidad de apartamentos turísticos activos en València ha crecido de forma imparable en los últimos meses; mientras en el registro oficial ha subido un 2,4% los inscritos, en el portal de Visit València la cifra ha aumentado un 40% desde enero de 2023”.

Según la entidad vecinal, “esta es una actividad económica calificada (por estar considerada molesta, insalubre, nociva o peligrosa) y, por lo tanto, requiere de la adopción de medidas correctoras sanitarias, de seguridad y/o medioambientales. Así, todos los apartamentos turísticos que quisieran continuar ejerciendo dicha actividad calificada, deben cumplir la normativa urbanística vigente”.

Para la asociación, los reiterados comunicados oficiales del ayuntamiento sobre las cifras de denuncias a apartamentos turísticos son una verdadera tomadura de pelo: “Las multas coercitivas de 300 euros cada 6 meses son el chocolate del loro. Y no tiene ningún sentido que se destinen 9 millones de euros al año del presupuesto municipal a promocionar el turismo, cuando lo que tenemos es un problema de gestión del flujo existente”.

Las mismas fuentes han comentado que “pasan los meses y el Ayuntamiento de València continúa impasible ante su obligación de gestionar ciertas actividades económicas extractivas que necesitan vigilancia y limitación” y han recordado que “ya hace un año que la alcaldesa María José Català prometió solucionar el problema de la ilegalidad en la industria turística en cuanto a los apartamentos turísticos, pero no tenemos garantía que sean efectivas las medidas de planeamiento propuestas”.

Amics del Carme ha asegurado que el plan de inspección de Català no ha tenido un efecto perceptible: “Las 301 actas sancionadoras que la Policía Local dice que ha interpuesto en los últimos 6 meses, a pesar de que tendrán su recorrido, no solucionarán el problema si no van acompañadas de medidas urbanísticas definitivas: la petición del certificado de compatibilidad urbanística a todos los apartamentos turísticos en activo. Esa, y la adopción de multas coercitivas acordes con el perjuicio que ejerce esta actividad. La ley 15/2018 de Turismo es clara: multas de hasta 600.000 euros por no contar con la correspondiente licencia municipal. Haber obtenido de la Generalitat Valenciana el número de inscripción de vivienda turística no es garantía suficiente de que se hayan tomado las mínimas medidas sanitarias necesarias para desarrollar esta actividad nociva”.

Según han explicado, “poco ayuda a paliar la turistificación el hecho de que el Ayuntamiento de València esté tramitando 40 licencias hoteleras, algunas contraviniendo las normas urbanísticas vigentes en el momento de petición de licencia, mientras, la alcaldesa mira hacia otro lado”.

La propuesta vecinal contempla: “Declarar la incompatibilidad de uso hotelero de una vivienda en una finca residencial para toda València, sin distinción de barrios; obtención del certificado de compatibilidad urbanística para todos los apartamentos turístico que quieran operar, tal y como prevé la Ley de Turismo; multas coercitivas máximas desde la primera inspección; precintado de aquellos apartamentos turísticos ilegales que continúan en activo a pesar de tener una resolución de cese de actividad”.

La entidad ha criticado que “la obstinación de Català de vender València como ciudad turística tiene ya consecuencias graves que parecen no importarle puesto que Ciutat Vella se está convirtiendo en un parque temático invadido por numerosos grupos de turistas; donde estaba prevista la construcción de viviendas residenciales, ahora hay hoteles y apartamentos turísticos; se está cambiando el modelo económico de negocio en las calles del centro y proliferan tiendas de alquiler de bicicletas, consignas de maletas, comidas para llevar, cadenas de restaurantes y mini supermercados, por lo que desaparecen las tiendas de proximidad y el comercio tradicional”.