Valencianizar Podemos: El caso paradigmático del derecho civil valenciano
La II Asamblea Ciudadana Valenciana de PODEMOS constituye, sin duda, una gran oportunidad de reflexión para una de las fuerzas políticas emergentes, que, a través del Pacte del Botànic, presta un apoyo crítico, con sus 13 diputados en les Corts Valencianes, al gobierno presidido por Ximo Puig. Además, PODEMOS, un partido joven que nació a raíz de las últimas elecciones europeas de 2014, participa en el gobierno municipal de muchas de las ciudades valencianas (Castelló en Moviment, Guanyar Alacant, València en Comú, Tots i Totes Som Vinaròs, Guanyem Alcoi, Sí se puede Elda, ADN Morvedre, Paterna sí puede, Reiniciem Benissa, Altea amb Trellat, Sí se puede Sant Vicent, …) y tiene representación a través de candidaturas cercanas ideológicamente en multitud de ayuntamientos.
En las últimas elecciones generales, y en el ámbito de la Comunitat Valenciana, PODEMOS concurrió conjuntamente con Compromís y Esquerra Unida del PV, en una coalición electoral bautizada como “A LA VALENCIANA”, que posibilitó obtener 9 diputados estatales con un porcentaje de voto superior al 25%. La finalidad de la coalición era conformar un grupo parlamentario propio, lo que no fue posible por una interpretación estricta del Reglamento del Congreso realizada por la Mesa de ese órgano.
En definitiva, la representación de PODEMOS en todos los ámbitos territoriales es muy relevante, a la vista de que se trata de un partido con menos de 3 años de existencia. Fruto de esa juventud orgánica, debe pronunciarse sobre muchas cuestiones relevantes para los ciudadanos valencianos. Los simpatizantes de PODEMOS definirán, como indican en su web “el futuro político y organizativo de Podem en la Comunitat Valenciana”; se indica también que “con nuestro voto estamos decidiendo muchas más cosas que el futuro inmediato de Podem”. En efecto, las personas inscritas en la Asamblea determinarán cuestiones capitales para los valencianos y valencianas en general, dado el poder orgánico y territorial de esta opción política; entre otras, y en nuestra opinión, debería estar el derecho civil valenciano.
Pero vamos por partes. Tras la lectura de los diferentes documentos políticos presentados, que pueden consultarse en la web de Podemos en la Comunitat Valenciana, y sobre la base de su carácter provisional, y las posibilidades de transparencia y participación propias de PODEMOS, nos gustaría proponer un mayor grado de valencianismo social en las propuestas planteadas: por ejemplo, concretar con más precisión la actuación en materias como la deuda histórica derivada de la infrafinanciación continuada en el tiempo, cuya resolución acarrearía potencialmente una mejora de la educación, la sanidad, los servicios sociales, la situación de la justicia o las políticas culturales de las valencianas y valencianos. También sería conveniente profundizar respecto al grado de valencianismo que quieren imprimir en sus políticas, y sobre su capacidad de influencia en los diputados y senadores de PODEMOS en Madrid, al objeto de que las preocupaciones sociales de los valencianos tengan el protagonismo que nos corresponde en las políticas estatales. En resumidas cuentas, creemos que no basta con ponerle a las diferentes candidaturas un nombre en valenciano o redactar en nuestra lengua los documentos a debatir en la Assemblea; además, deben aportarse programas específicos que hagan diagnósticos, definan problemas y diseñen soluciones propias. Porque nuestra situación, tras años de corrupción, infrafinanciación y trato diferente dado por el poder central en manos del PP y del PSOE, es distinta a la de madrileños, catalanes o castellano-manchegos. La falta de centros de día y residencias, la existencia de los “barracones”, las listas de espera en sanidad, etc., así lo demuestran.
En general, desde la Associació de Juristes Valencians creemos necesario que en la Asamblea Ciudadana se aborden las cuestiones que nos afectan, aquí y ahora, a las valencianas y valencianos de principios del siglo XXI. Por eso valoraríamos que las candidaturas tuviesen en cuenta en sus programas que nuestro Estatut ha sido cercenado en uno de sus puntos clave: el del Derecho Civil. Sería inconcebible en otros territorios que su principal norma de autogobierno, como es nuestro Estatuto de Autonomía, que prevé en 7 de sus artículos la potestad de la Generalitat para dictar normas civiles, y que fue aprobado por las diputadas y diputados valencianos en Valencia y Madrid con grandes mayorías parlamentarias, fuera considerada inconstitucional y que sus diputados autonómicos no promovieran inmediatamente una solución al problema; porque, en el fondo, lo que se ha cuestionado es nuestro autogobierno.
Poder regular un derecho civil propio, como hacen aragoneses, gallegos, navarros, catalanes, baleares o vascos, es una herramienta que posibilita políticas sociales en materia de uniones de hecho, custodia familiar, régimen económico matrimonial o derecho de sucesiones. Por ejemplo: nuestra capacidad para legislar sobre la propiedad y sus elementos conexos –pensemos en la vivienda, sin ir más lejos- se ve debilitada por la falta de competencia sobre el derecho civil. Si la tuviésemos, dispondríamos de normas tan sociales y modernas como quisieran nuestros representantes, dependiendo de las mayorías parlamentarias de cada legislatura.
Tras las sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes valencianas en materia de derecho civil, y a la vista de que ha transcurrido casi un año desde que el TC anunció la inconstitucionalidad de la primera de ellas, los miembros de la AJV nos hemos reunido con los 5 grupos parlamentarios de Les Corts para promover la reforma constitucional desde la sociedad civil, conscientes del amplio respaldo municipal y evitando posiciones partidistas. Y es que, como han indicado recientemente los expertos de la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano, solo cabe la reforma constitucional como vía para acabar con más de 300 años de discriminación.
En nuestra opinión, existe una gran mayoría parlamentaria a favor de esta vía, pero nos gustaría priorizar la unidad de las fuerzas políticas valencianas para que tenga mayores probabilidades de éxito en el Parlamento español. Por eso queremos asegurar que las diputadas y diputados de PODEMOS en Les Corts votarán a favor de esa reforma constitucional urgente, que es necesaria para hacer realidad lo que determina nuestro Estatuto, para ser iguales, en fin, a nuestros vecinos aragoneses, catalanes y baleares. Para cuando llegue a Madrid, a las Cortes españolas, los diputados y senadores de “A la Valenciana”, la coalición en que se integró PODEMOS, podrán defender el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones, pues la propuesta 998 contemplaba la reforma constitucional para posibilitar que los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas puedan disfrutar de un derecho civil propio.
Hay que recordar que todas las agrupaciones políticas mencionadas cercanas a PODEMOS han respaldado la campaña promovida por la AJV en apoyo del Derecho Civil Valenciano previsto en el Estatuto de Autonomía. En ella planteamos inicialmente la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las diversas leyes aprobadas en el uso de la competencia; tras las sentencias del TC anulándolas, la hemos convertido en una invitación de los ayuntamientos a los diputados y diputadas de Les Corts para iniciar la reforma constitucional, con el objetivo de garantizar la competencia valenciana en materia civil, tal y como tienen otros 15 millones de españoles.
Hasta ahora, 188 ayuntamientos (los últimos, Bellreguard, Monover y Muro) de todas las comarcas e ideologías (véase el listado en www.ajv-val.org), que representan a más de 4 millones de valencianas y valencianos, han debatido y refrendado, en general con unanimidad de toda la corporación, que quieren que sus vecinos dispongan de un derecho civil moderno y socialmente avanzado. En realidad, con esta campaña municipalista se ha repetido la lucha por una autonomía sólida que promovió en el año 1979 Josep Lluís Albinyana, candidato al Senado de PODEM-Compromís en las elecciones generales de 2015.
Asimismo, esta reivindicación ha sido asumida por diferentes instituciones y agentes sociales, entre otros, las Facultades de Derecho de la UJI de Castelló y de la Universitat de València (por unanimidad de sus Juntas) y también por LAMBDA, CC.OO., UGT, Intersindical Valenciana, …, junto a otras asociaciones culturales y comarcales.
Parece evidente que estamos ante un “atzucat”, una situación de parálisis en una parte fundamental de nuestro Estatuto, que requiere dignidad, unidad y empuje de toda la sociedad valenciana. Por eso instamos a que las diversas candidaturas a la Asamblea Ciudadana incorporen a sus respectivos documentos las soluciones que proponen para la defensa de nuestro derecho civil, y que concreten si están dispuestas a pedir a Les Corts Valencianes que lleven adelante la reforma constitucional.
En ocasiones, el fundamentalismo, el querer todo lo que se pretende para finalmente no conseguir nada, ha agotado iniciativas populares profundamente sentidas por la población. Ésta es una de esas ocasiones en que todas y todos hemos de estar unidos; y no será la última… Basta ya de aplazar nuestros intereses, no repitamos el error en que se incurrió durante la Guerra Civil y que nos privó de conseguir la misma autonomía política que disfrutaron catalanes y vascos (liderados por un PNV profundamente conservador). Entonces se pospuso la obtención de la autonomía (incluida en el programa del Frente Popular y apoyada por la inmensa mayoría de municipios valencianos) hasta que se hubiera ganado la guerra. El resultado fue una catástrofe: la guerra se perdió, el régimen franquista consideró (y castigó) a los valencianos como desafectos y, para acabar de rematarlo, la Constitución de 1978 nos impidió, por esa razón, acceder al máximo grado de autonomía, aunque parezca increíble… Muchos valencianos no podríamos entender la repetición de esa misma postura, que entonces adoptaron en la práctica el PSOE, la Izquierda Republicana de Manuel Azaña o el Partido Comunista. Y, como vemos, los errores históricos se perpetúan en el tiempo y sus consecuencias reaparecen cada tanto.
Necesitamos, pues, que PODEMOS en su Asamblea Ciudadana, sus diputadas y diputados en Les Corts, así como su representación en el Congreso y Senado, apoyen una voluntad generalizada del municipalismo valenciano y, en concreto, de las candidaturas que le son afines en pueblos y ciudades.
Se trata, en definitiva, de alinearse con nuestro derecho civil, con nuestro Estatuto de Autonomía, con nuestros anhelos de un autogobierno que, para los valencianos y valencianas, es esencial. Valencianicemos PODEMOS, pero de verdad, yendo más allá de las formas o de las declaraciones programáticas.
