Los vecinos de Alicante consiguen impedir la construcción de macrodepósitos de combustible en el puerto
La plataforma Puerto Sostenible lo ha conseguido finalmente. La Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas ha modificado la Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje con la cual se impide la creación de instalaciones para el movimiento de mercancías peligrosas a menos de un kilómetro del casco urbano. Esto supone el bloqueo del proyecto para construir un almacén de distribución de combustible de 100.000 toneladas en el puerto de Alicante.
Esta macroplanta de combustibles impulsada por Terminales Marítimas del Sureste (TMS) y a la que opta la empresa XC Business 90, no cumple esta legislación ya que el proyecto se ubicaría a 750 metros de distancia de viviendas de San Gabriel y Benalúa Sur. Así ha triunfado la lucha vecinal que llegó incluso a las Corts y que, a través de la asociación de vecinos Gran Vía-Puerto de Alicante, acumula 15 años de actividad y protesta contra un proyecto que considera peligroso para el entorno urbano y la salud de los vecinos.
Esta modificación legislativa que bloquea el proyecto se tramitó a través de una iniciativa que presentó Compromís en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat. La misma legislación únicamente deja abierto el resquicio de que estos depósitos se puedan construir solo si son declarados como una instalación estratégica, hecho que actualmente no tiene.
El proyecto de la macroplanta de combustibles tenía el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Alicante desde el 25 de julio de 2019 pese a la oposición vecinal. La decisión había sido recurrida por las asociaciones de vecinos Gran Vía Sur-Puerto, San Gabriel, La Voz de La Florida, Controversia, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), el Área de Medio Ambiente y Territorio de Esquerra Unida en l'Alacantí o Democràcia en Verd y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la Comunidad Valenciana CAVE-COVA, entre otras.
Ahora, tras su publicación en el DOGV, la legislación aleja la construcción del proyecto en el puerto de Alicante que tuvo su precedente en los antiguos depósitos de Camps y que fueron desmantelados en 1995.
Estas plataformas rescatan los argumentos ya esgrimidos en 1995, cuando el Consell socialista de Joan Lerma optó por desmontar los depósitos de Campsa. Per un port sostenible ha presentado 1.300 alegaciones y recuerda que el pleno del Ayuntamiento de Alicante realizó una declaración institucional contraria en octubre de 2018.
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