En los poblados marítimos valencianos barrios enteros se han convertido en pequeños guetos que nadie parece querer ver. Natzaret, El Cabanyal y La Malva-rosa, cada uno tiene su trozo de pobreza. Núcleos guetificados donde viven los inmigrantes pobres y ciudadanos en riesgo de exclusión. Para los activistas sociales y colectivos que trabajan en la zona no es un problema de etnias, es sencillamente pobreza integral.
Son las diez de la mañana en El Cabanyal y una patrulla de la Policía Local anda quitando la ropa tendida en las aceras, en las calles de la “zona cero”. Lo hacen porque tender en la vía pública va contra la normativa. La tiran a los contenedores ante la mirada de las mujeres rumanas que la han colgado. Para estas mujeres, madres de extensa prole, no es el peor problema. Desde hace meses, y con la tendencia de gentrificación que inunda el barrio, con la burbuja de los alquileres hinchándose y el enfoque urbano hacia el turismo, las más de cien familias rumanas que se dedican a la chatarra se las ven difícil para pagar el alquiler de los bajos y pisos que habitan. Los caseros les suben el alquiler y ellos tienen que apretarse más en las casas realquilando habitaciones.
Nicoletta Sorika, 26 años, mediadora de la Asociación Brúfol, afirma que intentaron llegar a un acuerdo con la policía, tendiendo a unas horas concretas, pero la cosa no ha cuajado. Nicoletta da clases de español y alfabetización y ayuda a rellenar impresos a dos docenas de mujeres rumanas en un bajo de los Bloques Portuarios. Es la Asociacón Brúfol subvencionada por el Ayuntamiento y que se ocupa de asistir a las familias con problemas. Nicoletta dice que desde que se rehabilita el barrio las cosas se han puesto muy feas: “Los dueños de las casas echan a la gente para alquilarlas a turistas”.
Jordi Bosch, colaborador y miembro de Brúfol, es el director del colegio concertado Santiago Apóstol. Aquí cursan primaria decenas de niñas y niñas de etnia gitana. Lleva trece años trabajando en el barrio y anda siempre indignado por las situaciones de injusticia que contempla a diario. “La principal cuestión es la ausencia de un plan coordinado de inclusión para las familias gitanas. Aquí trabajamos con sectores poblacionales donde nunca nadie ha conseguido un graduado en secundaria. Este es un alumnado difícil. Pero echamos en falta políticas de apoyo al estudio. Políticas de integración, es lo que necesitamos. Vivienda, servicios sociales, educación…”.
El contexto social no ayuda. Jordi recuerda que, cuando se inició la crisis, las familias se dedicaban a rebuscar en la basura. Pero llegó un momento en que ya no había nada que rebuscar. Las familias comenzaron a salir temprano para encontrar algo, de lo contrario no podían comer. Los chatarreros rumanos de El Cabanyal se llevan lo que encuentran al rastro de la localidad de Corbera, muy popular en la Ribera Baixa, o al de Valencia.
Brúfol trabaja con una decena de familias en las Casitas Rosas de la Malva-rosa, un gueto estigmatizado y crónico en donde algunas viviendas albergan minoristas de la droga. La permanencia de ese mercado ilegal invisible en medio del barrio, responde a una política de la administración, según opina el activista Guillem de Espai Veinal: “Las Casitas siguen así porque responden a una política que diseña el mercado de la droga lejos del centro. Para no dar mal efecto. Ocultarlo en un villorrio sin futuro”.
Al otro extremo de la fachada litoral, en el barrio de Natzaret los pobres se concentran en los bloques de las viejas casas obreras de protección oficial hoy conocidos como Bloques Katanga. Las llamadas casitas de papel, viejo gueto de la época franquista, desaparecieron hace años y hoy el barrio tiene tres enclaves bien diferenciados donde viven las minorías inmigrantes. Los españoles gitanos, los rumanos y los nigerianos. Juntos pero no revueltos en un barrio mártir acosado por la incesante prolongación del puerto y que trata de mantener su dignidad histórica.
“Los barrios periféricos siempre atraen a la población pobre. Si hablamos de guetificación, hay una intención política en ello. Natzaret es un barrio portuario, hecho que lo convierte en un barrio aislado”, afirma un miembro de la Asociación El Arca, entidad que ocupa un bajo en el extremo del barrio y que se dedica a la intervención social, con niños y con familias.
“Aquí había unas vivienda sociales que se fueron desmantelando en los ochenta. Era un pequeño gueto con las familias reubicadas por la riada. La Asociación de Vecinos dignificó y aseguró a las familias sus nuevas casas. La novedad fueron las bolsas de población inmigrante que llegaron al barrio. Sin lugar a dudas ha habido racismo al considerar a la población gitana como extraña. Y la gente que se siente extraña tiende a unirse, como aquí las familias nigerianas, se juntan por seguridad”.
Este miembro de la asociación El Arca revela que ahora mismo hay un problema importante de trata de blancas en esta zona de la ciudad. Las chicas subsaharianas siguen en las esquinas de La Punta ejerciendo la prostitución. Hay cosas que parecen no cambiar. Los peligros del gueto y la delincuencia siguen vivos.
“Si entro en un espacio de miseria, tengo comportamientos vitales de miseria. No pago la luz, ni agua, okupo el piso y, además, dedicarse a la chatarra honradamente es ilegal. Cuando los chatarreros son auténticos y necesarios recicladores. Por otro lado, el Estado es para las familias excluidas la amenaza en persona. La policía es la muerte para ellos. Cuando ésta aparece siempre es portadora de malas noticias, que si el desahucio, que si cortar la luz. Casi nunca viene para decirte que te han conseguido una beca para el chiquillo”.
En El Arca de Natzaret hay 19 personas trabajando, tienen un centro de menores con 36 plazas concertado con la conselleria. Según su percepción, en el barrio hay temporadas con calma tensa.
“Al haberse convertido en un territorio tan plurinacional y multicultural, hay conflictos. Y cuando hay miseria hay competencia. Cuando los gitanos se refieren a los payos también incluyen a los subsaharianos: payos negros, les llaman. Los niños no son ni payos ni gitanos, pertenecen a una comunidad y asimilan esa cultura. Pero crecen en una cultura que los amenaza. Los rumanos son el grupo social peor tratado. Los españoles se sienten desplazados por estos. Son comportamientos relacionados con la miseria”.
José tiene esposa y cuatro hijos, la Mely, las más chica, tiene un año. Es gitano y trabaja en lo que puede. Desde hace varias semanas toda la familia está en vilo. Vive en una casa de propiedad municipal de manera ilegal y les han dado un ultimátum. Han venido de Cabanyal 2010, la empresa municipal que gestiona la urbanización del barrio, y les han dicho que se tienen que marchar, y sin alternativa habitacional. Joselito no sabe dónde meterse y ha ido a ver al juez para suplicar que que le aplacen el desalojo. Es un drama cotidiano en los Bloques Portuarios y otras zonas en precario del barrio.
Para Jordi Bosch esos desahucios son un problema que rompe el trabajo educativo de muchos años. Algunas familias que tienen niños aquí se tienen que trasladar a Benimàmet a la fuerza. En esos casos, si tienen que abandonar el barrio, se rompe la convivencia habitual y el desastre educativo está asegurado.
Para Guillem, de la plataforma activista Espai Veinal, que lleva años alertando y haciendo seguimiento de los desalojos, todos estos problemas responden al modelo de ciudad que se impulsa y en especial en El Cabanyal. “Valencia se está construyendo según el modelo de ciudad turística, el clima, el mar. Durante un tiempo interesaba degradar los espacios del litoral para luego apropiárselos en plan urbanístico. Hace unos años era la burbuja del alquiler. Ahora es la burbuja cultural. Un bar en cada esquina y convertir El Cabanyal en un parque temático de la restauración, como ha pasado en Russafa. La cuestión es esta: excluir a un tipo de población con poco recursos para promocionar otro modelo de poblador: el turista del buen vivir”.
La vivienda es el problema central que determina todos los demás. Jordi, de Brúfol, sostiene que para que haya inclusión debería haber viviendas sociales en todo los barrios. De hecho, la vivienda social de Valencia es la más baja del país.
“Con la renta valenciana de inclusión (RVI) se va avanzando, pero el problema es que no hay alquiler disponible para esas familias. La burbuja es tal que la situación es extrema, y más para familias gitanas. Nadie les alquila, aunque tengan dinero para pagar. Eso es antigitanismo puro y duro. Si el acceso a la vivienda sigue siendo una quimera, ¿qué hacer? Ocupar casas”.
La Generalitat ha elaborado un documento titulado Gobernanza de la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano. Un pomposo título para un dossier todavía en esquema y en espera de contenido, que intenta trazar líneas estratégicas para solucionar, “la situación de exclusión en la que se encuentran entre 75.000 y 100.000 personas gitanas que se estima viven en la Comunidad Valencina”.
En la Fundación Secretariado Gitano de Valencia, de la calle de Concha Espina, Lola Fernández, su presidenta, comenta el desolador informe sobre España del relator especial de la ONU, Philip Amstrong, sobre pobreza. Nuestro país está en segundo lugar, tras Rumania en pobreza infantil. “Nosotros impulsamos programas con impacto pero la Administración es la responsable en último término. Aparte de las entidades sociales esta la responsabilidad pública para que haya un cambio radical”.
Para Isa Lozano, concejala de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Valencia, el cambio ya está en marcha, aunque requiere su tiempo. Tras décadas de dar la espalda a los problemas de la pobreza las cosas empiezan a cambiar. La Renta de Inclusión la ha puesto en marcha su concejalía. Es un paso pero no suficiente. Para ella, la guetificación y la pobreza en los poblados marítimos, así como de otros barrios valencianos, responden a una política funesta que viene de lejos; una política de abandono de ciertos distritos de la ciudad.
“Las situaciones de pobreza y exclusión en La Malva-rosa, y sobre todo, en El Cabanyal y Natzaret, son el resultado de muchos años en los que no se ha invertido en los barrios. No se ha prestado atención a garantizar infraestructuras de manera equilibrada en todas las zonas de la ciudad. Queremos revertir todo eso. La intervención social no es asfaltar una calle o rehabilitar un edificio. Los procesos de integración son largos. El Estado español tiene una política de vivienda deficitaria. El parque estatal es irrisorio. Ahora mismo tenemos 135 viviendas públicas. Cuando el gobierno municipal progresista llegó en 2015 había 97 viviendas públicas en la ciudad de Valencia. Barcelona tiene 12.000”.
La concejala de Compromís se felicita, en su despacho de la sede de Tabacalera, de la “sinergia perfecta” que supone tener Servicios Sociales y Vivienda juntos. Una coordinación larga mente esperada por las entidades sociales.
“Sabemos que hay situaciones de pobreza en Natzaret, El Cabanyal, Orriols, Fuensanta, Benimàmet…, y también antigitanismo. Tenemos una mirada discriminatoria. Acabar con todo eso no es solo cosa de los servicios sociales. La pobreza la tienen que abordar vivienda, educación, urbanismo. La concejalía ha creado un equipo de atención integral a la vivienda precaria. Atendemos a unas 300 familias. El grupo interviene, hace seguimiento y trata de ofrecer soluciones. Y trabajamos con mediadores y entidades sociales que hacen un papel clave”.
Contra los guetos Lozano manifiesta: “Vamos a acabar con esa política de la vivienda de tenerlos ahí juntos, en vez de en el centro de la ciudad. Así arrinconamos el problema y los acordonamos. Este criterio perverso va en contra por completo de la política social de vivienda que esta concejalía está impulsando”.
Un informe de trabajo de una mesa redonda organizada por Viu i Conviu sobre el barrio de El Cabanyal en 2014 y celebrada en la Universidad Politécnica proponía lo siguiente como conclusión:
“La principal propuesta que se debe realizar es pedir coherencia en las políticas municipales: no tiene sentido que desde las políticas urbanísticas se estén generando unos problemas, muy graves para una parte de la población y que desde otra concejalía se trate de ayudar a esa población a superar sus problemas”. Pese a que la propuesta data de hace un lustro, el problema sigue vivo en 2020.