La Justicia tumba la licencia de RIU en el Oasis de Maspalomas
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia concedida en 2013 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a la cadena Riu para derribar el Hotel Oasis Maspalomas y levantar otro nuevo en la misma parcela.
La sentencia, que estima un recurso de la cadena IFA-Lopesan, reconoce que existen dudas sobre si parte de la parcela que ocuparía el nuevo hotel quedó protegida hace años por la declaración de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, lo que cuestionaría la categoría de suelo urbano que le otorgó en 1996 el plan general de ordenación (PGO) de ese municipio del sur de Gran Canaria.
“El recurso debe ser estimado, dado que este juzgador no puede revisar si la autorización afecta o no a zona protegida, debiendo delimitarse primero la misma sin género de dudas”, razona la juez Olimpia del Rosario Palenzuela, en un fallo contra el que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
El hotel que se iba a derribar es heredero del que inició hace décadas el desarrollo turístico del sur de Gran Canaria y se sitúa a la orilla del mar, en un enclave rodeado de dunas y palmeras.
Su actual propietario, la cadena Riu, reconoció hace tres años que el establecimiento se había quedado obsoleto, por lo que solicitó permiso para derribarlo por completo y construir otro de mayor capacidad en esa misma parcela, vecina de las que ocupan los hoteles de la cadena hotelera local Lopesan.
Este grupo grancanario no solo impugnó sus licencias, sino que también inició un procedimiento para que el antiguo hotel fuera declarado bien de interés cultural (BIC), por su valor arquitectónico. Su propuesta no prosperó, pero el Cabildo de Gran Canaria sí vio motivos para proteger como BIC toda esa zona, porque en ese oasis se abasteció Cristóbal Colón en sus viajes a América.
El paso dado por el Cabildo de Gran Canaria (entonces gobernado por el PP) suspendió las licencias que el Ayuntamiento había otorgado a Riu, pero el Gobierno de Canarias (CC-PSOE) desestimó finalmente su petición, al no apreciar razones suficientes para otorgar a esos terrenos de Maspalomas el valor histórico que reclamaba el Cabildo.
Sin embargo, tampoco entonces Riu pudo retomar su proyecto para levantar el nuevo hotel, porque el Gobierno canario consideró que sí había razones ambientales para suspender temporalmente la ordenación urbanística de la zona del oasis y replantearse su normativa.
El Gobierno canario todavía no ha tomado decisión alguna al respecto. En cambio, Riu sí ha anunciado en las últimas semanas su intención de retomar la licencia de que la que disfrutaba e incluso ha hecho público que pedirá que el hotel sea considerado legalmente “inversión estratégica” por la comunidad autónoma, lo que permitiría llevar su tramitación por un procedimiento mucho más ágil.
La sentencia conocida este viernes deja sin efecto ahora ese permiso municipal, salvo que el TSJC disponga lo contrario en el futuro, por las dudas sobre los terrenos que ocupa desde hace décadas el hotel que ahora gestiona Riu están, o no, afectados por la Reserva Natural de Maspalomas, declarada por el Parlamento canario en 1994.
El recurso de Lopesan era mucho más ambicioso, según se explica en los propios antecedentes de la sentencia, ya que este grupo hotelero impugnaba indirectamente el PGO de San Bartolomé de Tirajana de 1996 y no solo pedía la nulidad de la licencia, sino la clasificación de esos terrenos como rústicos de protección ambiental, sujetos además a las restricciones de la Ley de Costas.
La juez recuerda la protección legal de la que disfrutan en la legislación española las zonas verdes una vez declaradas, que se erigen en un “mínimo sin retorno”, que no puede ser alterado “salvo la concurrencia de un interés público prevalente, como viene declarando la doctrina del Consejo de Estado”.
En estas circunstancias, con dos informes periciales contradictorios, la magistrada opta por otorgar credibilidad al presentado por Lopesan, porque la propia técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana reconoció durante la tramitación de este recurso que la descripción literal de los límites de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas “puede contener errores”.
Esas dudas sobre si los terrenos están o no protegidos hacen necesario anular la licencia, argumenta la juez, hasta que se delimite “sin género de dudas” cuál es la zona protegida.
La sentencia no entra a valorar el resto de los argumentos de Lopesan sobre supuestas infracciones de la legislación de costas y de medio ambiente, por el mismo motivo, porque primero es necesario conocer si esos terrenos están o no dentro de la Reserva Natural.
RIU recurrirá la sentencia
Por su parte, la cadena hotelera RIU ha anunciado que recurrirá el fallo por no encontrarlo “ajustado a derecho”. La empresa argumenta que no entiende cómo puede resolverse un recurso estimándolo sin que se haya podido probar a quien lo juzga que,el acto que anula “no es contrario a derecho”.
Además, la cadena considera que la jueza se ha decantado por darle más valor a un informe pericial, presentado por las empresas del Grupo Lopesan , frente a un informe contrario, suscrito por una empleada pública, geógrafa, al servicio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y agregan que este ha sido postergado, pese a la presunción de imparcialidad atribuible a dicha empleada. Por ello, consideran que sus informes deben prevalecer sobre los emitidos por profesionales privados al servicio de empresas.
RIU además considera que la sentencia enjuicia una ley del Parlamento de Canarias, la de Espacios Naturales del año 1994, “para lo que el Juzgado actuante carece de competencia” señalan. Asimismo, añaden que la sentencia obvia el Instrumento de Ordenación de la Reserva Natural de las Dunas de Maspalomas, que hace años “delimitó perfectamente dicho Espacio Natural, clarificando la cuestión de manera precisa”, expresa la cadena.
La cadena también ha manifestado que interpondrá en instancias superiores todos los recursos judiciales que sean pertinentes y asegura que esta sentencia es “otra piedra en el camino derivada del ataque del que vienen defendiéndose desde finales de 2012”.
