La crisis del doble bipartidismo

El sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución ha descansado en un doble bipartidismo. Uno estatal, que es el que podríamos denominar bipartidismo en sentido estricto y otro que afecta a las nacionalidades vasca y catalana, que tiene una presencia singular que no sé muy bien cómo habría que calificar. 

Para que el bipartidismo estatal haya podido operar de manera estable desde las elecciones generales de 1979 hasta las de 2015, ha sido necesario la complementariedad del bipartidismo nacionalista hegemónico de CiU y PNV en las nacionalidades catalana y vasca. La sociedad española ha aceptado de manera ininterrumpida como algo completamente legítimo que cualquiera de los dos partidos de gobierno españoles, PSOE o PP, puedan gobernar con el complemento de CiU y PNV. Aunque el PP, a diferencia del PSOE, protestara inicialmente por el apoyo de CiU y PNV al Gobierno del PSOE, dicha protesta quedaría descalificada desde que en 1996 se pasó sin solución de continuidad del “Pujol enano habla castellano” al Pacto del Majestic.

En España prácticamente todo el mundo aceptó hasta 2015, que la complementariedad de CiU y PNV no solamente para la investidura, sino para la legislatura, era constitucionalmente aceptable. El Gobierno del PSOE o del PP no dejaba de ser “legítimo” porque dependiera de los escaños de CiU o PNV. Así fue hasta la moción de censura de 2018 que hizo presidente a Pedro Sánchez. 

Ahora bien, para que fuera así, resultaba imprescindible que no se pusiera en cuestión la hegemonía de CiU y PNV en sus respectivas nacionalidades. La aceptación del Gobierno del partido español estaba vinculada a la aceptación desde el Gobierno español de la presidencia del candidato de CiU y PNV de los Gobierno catalán y vasco. 

Hubo una excepción en el País Vasco, la de Patxi López entre mayo de 2009 y diciembre de 2012, enmarcada en lo que fue el final de la derrota de ETA y nada más. Es un caso claro de excepción que confirma la regla. 

En Catalunya ha habido más excepciones. Hubo dos Gobiernos socialistas con Pasqual Maragall y José Montilla entre 2003 y 2010. Ha habido un Gobierno presidido por Pere Aragonés en esta pasada legislatura. Y hay un Gobierno presidido por Salvador Illa en este momento. No se ha vuelto a reeditar lo que supuso Jordi Pujol, pero queda en el ambiente la sensación de que el candidato “convergente” es portador de una suerte de derecho natural a la presidencia de la Generalitat. Tras las últimas elecciones Carles Puigdemont ha venido reclamando que era él quien tenía que ser presidente de la Generalitat y que se había de intercambiar la presidencia del Gobierno de España por la presidencia del Govern de la Generalitat. 

Ambos bipartidismos, el español y el de las dos nacionalidades, se han debilitado mucho en los últimos diez años. El PNV es el que mejor ha resistido hasta el momento, pero también le está llegando su hora. 

En ese debilitamiento de ambos bipartidismos radica la dificultad de la investidura del presidente del Gobierno en España y también la del president de la Generalitat en el último decenio, así como también la fragilidad de las legislaturas, sobre las que pesa permanentemente una sombra ominosa en cuanto a su continuidad. 

Tengo la impresión de que no es algo pasajero, sino algo con lo que vamos a tener que contar por un tiempo indefinido. Los partidos de gobierno están resistiendo, incluso mejor de lo que lo están haciendo sus homólogos europeos, pero la fatiga de los materiales es muy visible. Algo normal, por otra parte, si tomamos en consideración el envejecimiento de la población, por un lado, y el incremento de la presión inmigratoria, por otro. 

He leído recientemente en un periódico digital americano una definición de la vejez como “danza sobre la fragilidad”. Algo de eso les está ocurriendo a los sistemas políticos de los países más desarrollados. En cada uno a su manera, como les ocurría a las familias desgraciadas de Tolstoi, pero a todos. En el nuestro el componente nacional catalán y vasco es lo que lo singulariza.  

El sistema político español desde la entrada en vigor de la Constitución ha descansado en un doble bipartidismo. Uno estatal, que es el que podríamos denominar bipartidismo en sentido estricto y otro que afecta a las nacionalidades vasca y catalana, que tiene una presencia singular que no sé muy bien cómo habría que calificar. 

Para que el bipartidismo estatal haya podido operar de manera estable desde las elecciones generales de 1979 hasta las de 2015, ha sido necesario la complementariedad del bipartidismo nacionalista hegemónico de CiU y PNV en las nacionalidades catalana y vasca. La sociedad española ha aceptado de manera ininterrumpida como algo completamente legítimo que cualquiera de los dos partidos de gobierno españoles, PSOE o PP, puedan gobernar con el complemento de CiU y PNV. Aunque el PP, a diferencia del PSOE, protestara inicialmente por el apoyo de CiU y PNV al Gobierno del PSOE, dicha protesta quedaría descalificada desde que en 1996 se pasó sin solución de continuidad del “Pujol enano habla castellano” al Pacto del Majestic.