No hay mal que por bien no venga

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto de la interrupción del embarazo como un derecho constitucional de la mujer embarazada ha sido considerada, con razón, como una de las decisiones más relevantes de toda la historia de la justicia constitucional americana. Aunque la fundamentación jurídica de la sentencia Roe vs.Wade de 1973 no había sido considerada muy sólida por innumerables profesores y jueces, tanto de los Estados Unidos como de los países democráticos europeos, el tiempo transcurrido parecía haberla convertido en inamovible.

Sin las maniobras del Partido Republicano, que tenía mayoría en el Senado, que impidieron que Barak Obama pudiera designar un magistrado en el último año de su mandato como presidente, y sin la elección a continuación en 2016 de Donald Trump, que designó tres magistrados, es prácticamente seguro que Roe vs. Wade continuaría estando en vigor. Los partidarios de acabar con el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho constitucional habían perdido la esperanza de que se pudiera volver en este terreno a antes de 1973. Pero la combinación del mandato de Trump con el hueco de tres vacantes abrió una ventana de oportunidad que fue inmediatamente aprovechada por quienes no habían aceptado nunca la doctrina de Roe vs. Wade.

La negación de la interrupción del embarazo como un derecho constitucional ha causado y sigue causando daños en un buen número de estados, especialmente entre la población femenina con menos recursos. Es lo que ocurría antes de 1973.

Pero también ha provocado una reacción que, casi con toda seguridad, no esperaban los magistrados que revocaron la decisión de 1973. El aborto ha dejado de ser un problema judicial para convertirse en un problema político, que tiene que ser resuelto o bien directamente por los ciudadanos mediante referéndum o por las legislaturas de los Estados. Fuera los jueces.

Y es lo que ha empezado a ocurrir. Iowa fue el primer Estado que reaccionó contra la decisión del Tribunal Supremo revocadora de Roe vs. Wade. En Iowa el derecho a la interrupción del embarazo había sido incorporado a la Constitución del Estado. Las fuerzas antiabortistas aprovecharon la sentencia del Tribunal Supremo para proponer una reforma de la Constitución en términos muy ambiguos, que no suprimía de manera directa el derecho tal como figuraba en la Constitución pero que sí posibilitaba que se pudiera poner fin al mismo de una manera subrepticia. Los ciudadanos de Iowa no se dejaron engañar y votaron por una mayoría de casi el 70% contra la reforma propuesta.

En las elecciones de este martes 8 de noviembre los ciudadanos de Kentucky han rechazado una reforma constitucional, como lo hicieron los de Iowa, y los ciudadanos de Michigan, California y Vermont han aprobado referéndums para incorporar el derecho a la interrupción del embarazo en la Constitución. Y en las próximas elecciones de 2024 lo harán algunos más. Y así sucesivamente. No los jueces, sino los ciudadanos directamente van a tomar la decisión.

No solamente no se va a dar marcha atrás, sino que se va a progresar de manera definitiva en el reconocimiento de la interrupción del embarazo como derecho constitucional. Y además de la mejor manera de las posibles. En un momento en que la democracia se está viendo asaltada desde diferentes frentes, hay que subrayar que también está siendo defendida por los ciudadanos con su voto. Lo acaban de hacer en Brasil. Y también en los Estados Unidos contra todo pronóstico.

La democracia es una forma política que abre la posibilidad de transformar derrotas en victorias. En España lo estamos comprobando en esta legislatura con el Gobierno de coalición y con la mayoría parlamentaria que está aprobando la totalidad de los proyectos de ley que dicho Gobierno remite a las Cortes Generales. Todavía queda camino por recorrer, pero avanzamos en la buena dirección. Con la movilización ciudadana se pueden ir levantando las hipotecas que aceptamos en 1978, porque no teníamos fuerza para no hacerlo, y que no hemos podido levantar durante estos cuarenta años de vigencia de la Constitución, aunque sí hemos levantado muchas. También hay que levantar algunas otras que nos ha dejado el último Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. No dejen de tenerlo en la cabeza en 2023, cuando tendremos que acudir a las urnas en la primavera y en el otoño.

La reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto de la interrupción del embarazo como un derecho constitucional de la mujer embarazada ha sido considerada, con razón, como una de las decisiones más relevantes de toda la historia de la justicia constitucional americana. Aunque la fundamentación jurídica de la sentencia Roe vs.Wade de 1973 no había sido considerada muy sólida por innumerables profesores y jueces, tanto de los Estados Unidos como de los países democráticos europeos, el tiempo transcurrido parecía haberla convertido en inamovible.

Sin las maniobras del Partido Republicano, que tenía mayoría en el Senado, que impidieron que Barak Obama pudiera designar un magistrado en el último año de su mandato como presidente, y sin la elección a continuación en 2016 de Donald Trump, que designó tres magistrados, es prácticamente seguro que Roe vs. Wade continuaría estando en vigor. Los partidarios de acabar con el reconocimiento de la interrupción del embarazo como un derecho constitucional habían perdido la esperanza de que se pudiera volver en este terreno a antes de 1973. Pero la combinación del mandato de Trump con el hueco de tres vacantes abrió una ventana de oportunidad que fue inmediatamente aprovechada por quienes no habían aceptado nunca la doctrina de Roe vs. Wade.