No podemos saber si Vox habrá tenido algo que ver con las amenazas de muerte recibidas por el Ministro de Interior, la Directora de la Guardia Civil y el candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Pero lo que sí sabemos es que la dirección de Vox ha decidido rentabilizar política y electoralmente dichas amenazas, calificándolas de “montaje” y desplazando, en consecuencia, la autoría de las mismas a sus destinatarios. Son los amenazados de muerte los que tienen que demostrar que no han sido ellos los que han puesto en marcha la operación con la finalidad de rentabilizarla electoralmente. Rocío Monasterio no se atrevió a decirlo expresamente, pero Santiago Abascal sí lo haría de manera rotunda en un mitin.
Haya sido quien haya sido, es obvio que el objetivo que perseguía quien envió las cartas ya lo ha alcanzado. Ha “reventado” la campaña electoral y ha hecho inviable cualquier debate de naturaleza política. La interrupción del debate dirigido por Àngels Barceló en la SER y la clausura de todos los que estaban previstos posteriormente no podía no ser la consecuencia inevitable de la interpretación por parte de Vox de las cartas enviadas. ¿Se puede debatir de algo con quien pone en duda la veracidad de las cartas enviadas e incluso acusa a los destinatarios de las mismas de haberlas “fabricado”?
No hay que ser muy perspicaz para llegar a la conclusión de que el autor de las cartas intuía cuál iba a ser la reacción de los dirigentes de Vox. Y no solamente de los de Vox, sino también de los dirigentes del PP en Madrid. De Isabel Díaz Ayuso o del Alcalde de Madrid y portavoz nacional del partido. Intuía que las amenazas de muerte iban a acabar cohesionando a los dirigentes del PP madrileño y a los de Vox. Que tanto unos como otros acabarían transfiriendo la responsabilidad a Pablo Iglesias.
Y no se ha equivocado. En la reacción que se está produciendo ante las cartas se está fraguando la composición del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras el 4 de mayo. Es un paso más en el proceso de “corrupción institucional” que se inició con el “tamayazo” en 2003. Entonces fue a posteriori. Ahora está siendo a priori.
Una de las razones por las que la corrupción generada por el “tamayazo” ha podido prolongarse de la forma en que lo ha hecho, ha sido que nunca se investigó lo ocurrido en aquel caso. Es lo que puede ocurrir ahora si no se acaba descubriendo quién ha sido el autor de las cartas y acaba habiendo una decisión judicial.
No estamos ante un asunto cualquiera. Si las amenazas de muerte resultan rentables electoralmente, habremos dado un paso más en la degradación del sistema constitucional. Y no un paso menor.
Me gustaría confiar en que la acción no quedará impune.