Educar en “la Defensa” es educar en el “no-Derecho”

La semana pasada conocíamos el temario que Defensa quiere implantar en los colegios. La bandera, el Rey, los himnos militares, la defensa de España y la inmigración irregular como riesgo, entre otros. Quizás esté último sea el que más llame la atención. Aceptando cierta lógica... digamos vetusta… podemos entender que nuestro gobierno crea conveniente meter en vena a los niños los símbolos naciones y eso que llaman “cultura de la defensa”, pero ¿la inmigración? ¿Qué pinta aquí la inmigración?

Pues pinta muchísimo, porque la inmigración irregular es “una de las 12 principales amenazas para la seguridad de España”, tal como reconoce nuestra estrategia de seguridad nacional –la ESN-2013. Este documento estratégico de interesante lectura ofrece, además de un sensible prólogo de nuestro presidente, una lista de las principales amenazas y riesgos que acechan a España. A saber: conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, proliferación de armas de destrucción masiva, flujos migratorios irregulares, espionaje, emergencias y catástrofes, vulnerabilidad del espacio marítimo, y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

Como vemos, la inmigración se encuentra en esta lista de “amenazas” entre las armas de destrucción masiva y el espionaje. Más allá de su cuestionable presencia en esta lista, lo llamativo es que la inmigración irregular se considera una amenaza al nivel de las catástrofes naturales. Nuestro gobierno aduce que ciertas “condiciones especialmente preocupantes” pueden hacer que los inmigrantes “sean instrumentalizados por organizaciones extremistas y violentas o terroristas” o se vean tentados por un “repliegue identitario que dificulta su integración social”.

Estas “condiciones especialmente preocupantes” a las que hace referencia la estrategia de seguridad nacional son las siguientes:

“a) Un incremento de los procesos de inadaptabilidad y falta de identificación con la sociedad española derivados del debilitamiento de la cohesión social.

b) Un incremento de la conflictividad social derivado del empeoramiento de las condiciones de vida y del aumento de los procesos de exclusión.

c) La creación de guetos urbanos y sus efectos sobre la convivencia, la cohesión social y la integración de los inmigrantes.

d) Un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes como destinatarios de formas de explotación laboral, de la acción de grupos criminales organizados vinculados a la trata de personas y el tráfico de drogas“.

Por si no quedara bastante claro que este documento está colocando las sospechas de radicalización sobre la población migrante, entre las razones por las que el terrorismo es una amenaza para España se cita la “posible radicalización de los emigrantes, tanto de primera como de segunda generación, que están asentados en España”.

Obviamente, ligar terrorismo e inmigración es, cuanto menos, injusto. Sin embargo, se podría hacer cierta lectura positiva de esta argumentación, pues en ella el gobierno parece reconocer que la radicalización puede tener cierta base en las condiciones a las que nuestro país somete a algunos sectores de su población. Este reconocimiento podría ser una buena noticia. Supondría un enfoque novedoso y valiente sobre el tema y podría dar lugar a una intervención a través de medidas y políticas sociales. Pero se trata de un documento sobre seguridad y no sobre cualquier idea de seguridad, sino sobre una seguridad entendida como inseparable de la guerra –ahora llamada eufemísticamente, defensa. Este documento marca la línea estratégica de nuestro estado pregonando la unión entre la seguridad interior y la exterior. Al afirmar que “la seguridad y el bienestar de España y sus ciudadanos se determinan y gestan dentro y fuera de nuestras fronteras”, la separación entre orden interno y política bélica se elimina: nada parece separar las nociones de Derecho y guerra.

Borrar la línea entre seguridad y defensa significa importar la guerra y sus lógicas a nuestra propia casa, traer esa horrible excepcionalidad que es la guerra al interior de las fronteras y a sus contornos. Frente al ciudadano emerge un enemigo de quien debemos defendernos, ese Otro a quien debemos hacer la guerra. El ciudadano tiene derechos porque es parte de una sociedad. Sus bienes, relaciones e intereses están protegidos por el Derecho por ser valiosos para esa esa sociedad. El enemigo es una amenaza, un individuo al que se sitúa al margen de la sociedad, una encarnación del riesgo y el peligro. No se busca integrar al enemigo, no se pretende dotarle de una igualdad material que garantice la plena realización de sus Derechos. Ante él solo cabe defenderse mediante control, encierro o expulsión. Esa necesidad justifica la aplicación de un Derecho Penal del Enemigo que tiene en el encarcelamiento un recurso cotidiano y disuelve las garantías que ofrece un Estado de Derecho.

Sumergirse en esta retórica belicista – según la cual hay individuos cuya peligrosidad potencial los convierte en amenazas para la seguridad – no tiene otro fin que justificar un Derecho Penal del Enemigo. Como señalara Manuel Cancio, ese instrumento sirve para “identificar precisamente al no-Derecho penal”. Al enemigo se le hace la guerra y en la guerra no hay Derecho. La guerra es la excusa para eliminar el Derecho y sustituirlo por un conjunto de normas y tratados de eficacia tristemente limitada.

Educar en la defensa, educar en el presunto riesgo que ciertos grupos humanos pueden suponer para “la seguridad”, es educar en la excepcionalidad. Educar en la presunta necesidad de la guerra es educar en el no-Derecho.

“Los inmigrantes” como enemigos convenientes

Visto lo que implica educar en el supuesto peligro que suponen los flujos migratorios irregulares, aún cabe preguntarse ¿por qué los inmigrantes?, ¿por qué son ellos los señalados como enemigos?

Se les señala porque, continuando la línea que marca el capitalismo posfordista y la política neoliberal, nuestro estado se niega a aceptar que la pobreza pueda deberse a sus políticas. De ahí el recurso, como señala Luís Enrique Alonso, a una “retórica de la segregación” que liga la pobreza a un nuevo problema cultural, étnico y migratorio. Se construye así una imagen de los “inmigrantes” –léase comunidades étnicamente definidas– como una otredad no asimilada, no integrada y al borde del “estallido social”, sospechosa de dedicarse al tráfico de drogas o a actividades terroristas. Así se construye una sólida asociación entre inmigración, ilegalidad y criminalidad que, como plantea Loïc Wacquant, convierte a los inmigrantes y a sus hijos, en un “enemigo adecuado […], a la vez símbolo y objetivo de todas las ansiedades sociales”. Esta criminalización de la inmigración permite justificar la regulación de la pobreza a través del sistema penal y, en paralelo, expandir el aparato punitivo y securitario del Estado.