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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Israel no quiere un estado palestino soberano

Xavier Abu Eid

@xabueid —

Esta vez quiero simplificar las cosas. Muchos malgastan tiempo en pedir la búsqueda de “puntos de encuentro” entre la posición de Palestina y la de Israel. Probablemente, cada ministerio de exteriores en Europa busca hoy fórmulas para retornar a las negociaciones. Sin embargo, el mundo debe entender la realidad y no tener miedo de afrontarla de forma tal que se puedan buscar soluciones. La realidad es que Israel, el “mejor amigo de Estados Unidos”, “socio estratégico de la Unión Europea”, “única democracia en la región” y poseedora del “ejército más moral del mundo”, no está interesado en un estado palestino: Israel rechaza la solución de los dos estados.

Israel siempre ha tenido alguna excusa para no cumplir con sus obligaciones. Si bien su propia pertenencia a las Naciones Unidas tuvo como condición, en 1949, el respeto a las resoluciones 181 y 194 (dos estados y derecho de retorno de los refugiados), en 65 años nada de esto se ha aplicado. Por aquellos años, la principal excusa para no cumplir estas resoluciones era la falta de reconocimiento de Israel por parte de los países de la región. Ello cambió en 1988 con el reconocimiento de Israel por parte de la OLP sobre el 78% de la Palestina histórica (la frontera de 1967). Luego la excusa fue la falta de reconocimiento árabe, algo que cambió en 2002, con la Iniciativa de Paz Árabe (que establece relaciones diplomáticas con 57 estados árabes y musulmanes a cambio del retiro israelí a la frontera de 1967, así como una solución justa y acordada entre las partes a la situación de los refugiados). Pero tampoco bastó con esto. Hoy Israel dice que el problema es que Palestina no reconoce a Israel como “estado judío”, o, en otras palabras, que Palestina no quiere negar su historia, su narrativa y los derechos de los palestinos, cristianos y musulmanes, que habitan en Israel.

Lo que Israel busca es simplemente la imposición de sus términos, no así la negociación. Cuando en las negociaciones ha presentado propuestas que atentan contra la soberanía de Palestina, como la presencia de soldados israelíes en su territorio o el control sobre sus recursos naturales y su espacio aéreo, Israel simplemente ha perseguido la legitimación palestina de sus políticas. En otras palabras, busca mantener su control sobre el pueblo palestino ya sea por “invitación” y “consentimiento voluntario” o por la fuerza.

Para demostrar que a Israel no le interesa lograr un acuerdo basta simplemente ver la coalición seleccionada por el primer ministro Netanyahu: 68 miembros que incluyen la crème de la crème del sionismo radical. 28 de ellos se oponen abiertamente a la existencia de un estado palestino en cualquier forma, incluyendo el presidente del parlamento. Los otros 40, donde se incluye Netanyahu, en su gran mayoría aceptarían un estado palestino que no tenga control sobre Jerusalén oriental, sus fronteras, espacio aéreo, recursos naturales y los que Israel denomina “los bloques” de colonias. Dicho de otro modo, no quieren terminar con la ocupación sino reformularla, para tomar más tierras con menos palestinos. No más de diez (de 68) miembros de la coalición se han mostrado dispuestos a negociar una situación distinta. En definitiva, si la solución de dos estados soberanos se sometiese al voto del parlamento israelí, no resultaría en ningún caso aprobada.

La actitud israelí está intensamente incentivada por la impunidad que le ha otorgado la comunidad internacional, que ha premiado a Israel a pesar de sus constantes violaciones del derecho. Así, Israel no encuentra aliciente alguno en respetar los acuerdos firmados o las resoluciones internacionales. En Israel, los políticos que comprenden la necesidad de un estado palestino soberano continúan siendo boicoteados por la actitud de aquellos países que garantizan nuevos acuerdos y alianzas a un gobierno profundamente comprometido con la imposición del apartheid en Palestina.

En ese sentido, el mundo debe apoyar las iniciativas que Palestina pueda tomar en el ámbito diplomático, incluyendo su ingreso en el Tribunal Penal Internacional. A su vez, la comunidad internacional debe aplicar las leyes a sus relaciones con Israel -incluyendo la no comercialización de armas con un estado acusado de crímenes de guerra-, dejar de suscribir nuevos acuerdos con Israel y revisar los que ya han sido firmados. Esto, que es un proceso estándar para con los estados involucrados en violaciones severas del derecho internacional, debe ser aplicado también a Israel para poder salvar las esperanzas de una paz justa y duradera, basada en el derecho internacional, donde dos estados puedan vivir en paz y seguridad. La comunidad internacional debe realizarse una autocrítica: continuar con su política de declaraciones sin ningún intento de aplicarlas sobre el terreno simplemente la convierte en cómplice de las violaciones israelíes y de la negación sistemática de los derechos inalienables del pueblo palestino.

Digan lo que digan los portavoces israelíes, o sus agentes a cargo de mantener el velo de la impunidad, la realidad es tan clara de ver como oscura de aceptar: la masacre de Gaza es simplemente una etapa más del politicidio llevado a cabo por Israel en contra del pueblo palestino, aquel que vemos todos los días en Cisjordania, incluyendo Jerusalén oriental, con la imparable construcción de colonias, la expropiación masiva de tierras, las demoliciones de hogares y el control total de las vidas de todo nuestro pueblo. Es lo mismo que se ve con los millones de exiliados a quienes no se les permite retornar simplemente por no ser judíos.

Aduladores de “la única democracia” de la región, ¡enfréntense con la realidad!: Israel no quiere un estado palestino soberano y, mientras se le siga permitiendo, hará todo lo posible por evitarlo.

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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

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