Las muertes de Ceuta y el 'Faro de Tarajal'

17 de septiembre de 2013. A las 5.30 horas unos 350 subsaharianos se acercan hasta la frontera de Ceuta y se lanzan al mar para intentar llegar a la Playa del Tarajal atravesando el espigón que separa España de Marruecos. Las Fuerzas de Seguridad marroquíes consiguen dispersar a muchos de los inmigrantes, pero no pueden evitar que 91 de ellos alcancen la costa ceutí a nado. La mayoría de los inmigrantes que logran llegar a la costa de Ceuta son interceptados por la Guardia Civil, que solicita la intervención de Salvamento Marítimo y Cruz Roja, y trasladados al Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes. No hay constancia de heridos graves. Tampoco de muertes, ni de desaparecidos.

6 de febrero de 2014. A las 5.45h cerca de 200 inmigrantes inician un nuevo intento de entrada en grupo por el espigón de Tarajal. En esta ocasión la reacción de la Guardia Civil será distinta: se activa el “máximo nivel de alerta” y se movilizan varias unidades del Instituto Armado, incluido el grupo especializado en antidisturbios y una de las patrulleras navales. No se avisa a Salvamento Marítimo ni a Cruz Roja. Cuando el grupo de inmigrantes se introduce en el agua los miembros del Instituto Armado ya están preparados con material antidisturbios: armas para lanzar pelotas de goma, escudos, cascos y botes de humo. El desenlace es conocido. La intervención policial siembra el pánico entre el grupo. Los testimonios que sobrevivieron destacan especialmente el agobio causado por el lanzamiento de botes de humo y la asfixia al respirar gases lacrimógenos desde el agua. Las imágenes registradas desvelan el uso de balas de goma por parte de la guardia civil, envalentonados por el propio capitán jefe de la Compañía de Seguridad de Ceuta, que empuña el fusil y dispara tres balas de goma para “dar ejemplo” a los demás agentes. Al finalizar la operación se contabilizan 15 muertes, aunque los supervivientes afirman que hay muchas más personas desaparecidas.

Comparar los hechos del 6 de febrero de 2014 con los del 17 de septiembre de 2013 resulta interesante para comprender el impacto que pudo tener la intervención policial en la muerte de los 15 inmigrantes. En ambos casos, se trataba de un intento de entrada en grupo por la misma vía de acceso a Ceuta. El espigón de Tarajal, que entra en el mar unos cincuenta metros y que tras la ampliación de la Valla de Ceuta e instalación de las concertinas, se ha convertido en prácticamente el único acceso clandestino a la ciudad. Sus aguas poco profundas y la inexistencia de corrientes marinas son un factor bien conocido entre los jóvenes que esperan en los montes cercanos a la zona fronteriza. La población local afirma que con la marea baja se puede cruzar caminando por el agua.

A diferencia del 17 de septiembre, la respuesta de la Guardia Civil del 6 de febrero fue estrictamente militar, con el objetivo de impedir a toda costa la entrada del grupo de inmigrantes. No solo se actuó con material antidisturbios contra personas que estaban indefensas en el agua, sino que la operación de rescate tardó horas en activarse. A estas alturas las preguntas son evidentes, ¿por qué en esta ocasión no se avisó a Salvamento Marítimo? si la reacción de la Guardia Civil hubiera sido como la del 17 de septiembre, ¿se hubieran evitado las muertes?.

La versión que trasladó el Ministro de Interior una semana después de los hechos -tras ver cómo se iban desmontando las 'versiones oficiales' anteriores- no respondió de forma convincente a ninguna de estas preguntas. Tras el intento frustrado de responsabilizar a la policía marroquí, y una vez conocidas las imágenes que probaban el uso de material antidisturbio por la Guardia Civil, el Ministro Fernández Díaz apuntó al “apelotonamiento” de los inmigrantes como el elemento clave que explicaría el trágico desenlace. Las 15 personas muertas -según el Ministerio de Interior- se ahogaron como consecuencia de la “avalancha humana”, y no de la intervención policial que calificaban de “oportuna, congruente y proporcionada”.

El derecho penal español exige para los delitos de resultado que, además de probar la existencia de la conducta ilícita desde el punto de vista objetivo, exista una relación causal entre ésta y el resultado de la acción u omisión. Puestas a disposición del juzgado las imágenes que acreditarían la actuación ilícita por parte de los agentes españoles, buena parte del trabajo de la acusación consistirá en probar la relación causal entre la actuación policial y las muertes. Asimismo, identificar a los agentes que intervinieron, y conocer quién dio la orden de emplear material antidisturbios contra los inmigrantes en el agua, será determinante para atribuir la responsabilidad penal.

Ayer, tras doce meses de instrucción, el juzgado nª6 de Ceuta ordenó la imputación de 16 guardias civiles que estuvieron en servicio el 6 de febrero. Entre ellos, un capitán -Jefe de la Compañía Rural de Seguridad de Ceuta-, un teniente -jefe del grupo especializados en antidisturbios (GRS)- y un sargento. Estos son los tres agentes que, según el informe elaborado por el Instituto Armado habrían ordenado el uso de material antidisturbios hacia los inmigrantes que trataban de llegar a nado. Los agentes tendrán que prestar declaración los días 3, 6, 10 y 11 de marzo. A pesar de que la acusación había solicitado la imputación por homicidio, agresiones y devoluciones ilegales a Marruecos, de momento se ha preferido imputarlos sin determinar el supuesto delito cometido.

La instrucción entra en un momento crucial. Las declaraciones de las próximas semanas podrán determinar el origen de la orden de emplear pelotas de goma y botes de humo contra personas indefensas, así como la eventual responsabilidad del Ministerio del Interior. No va a ser una tarea fácil: cuanto más arriba de la cadena de mando apunte la jueza, más presiones podría llegar a recibir. Basta con escuchar los ataques a la organización de la marcha del pasado sábado por parte del Delegado del Gobierno de Ceuta para hacerse una idea de las reacciones que se pueden generar en el caso de que el procedimiento judicial avance con la determinación necesaria.

Por esta razón será imprescindible acompañar las diferentes acusaciones populares en marcha con una trabajo periodístico y de investigación independiente que ayude a mantener viva la memoria de los hechos y a la mobilización social. Al reportaje audiovisual de eldiario.es, se suma ahora el proyecto documental iniciado por los realizadores de “Ciutat Morta” -en colaboración con el Observatori DESC- que busca denunciar los hechos de Tarajal y en general los abusos policiales en la frontera sur.

Hasta hoy, a pesar de las advertencias de organismos españoles y comunitarios, la respuesta del Gobierno ha sido cerrar filas en torno a la actuación policial. Fernández Díaz continúa con su hoja de ruta contra la inmigración: nuevas mallas antitrepa, cientos de agentes más para reforzar los pasos fronterizos, ampliación del espigón de Tarajal, legalización de las devoluciones en caliente bajo la absurda tesis de que detrás de la llegada de subsaharianos están las mafias.

Una sentencia condenatoria en el caso de Tarajal no sólo serviría para hacer justicia por las muertes del 6 de febrero de 2014. Supondría también denunciar la ilegalidad de la deriva represiva del Ministerio del Interior en el control fronterizo. Del espigón de Tarajal saldría finalmente un rayo de luz como si de un faro se tratara. Su reflejo determinaría lo que debería ser obvio: que en la frontera no todo está permitido y que los derechos de los migrantes también son enjuiciables. Mientras sigan existiendo vallas con concertinas y fronteras militarizadas, la luz de estos faros será la única que acabará con la opacidad que nutre el cementerio del mediterráneo.