Una Justicia corriente… para Elpidio José Silva

Lo deseable en un Estado social y democrático de Derecho es que la Justicia sea igualitaria. Estrictamente igualitaria: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley es un principio de obligada aplicación dirigido, fundamentalmente, a los jueces. Supone este principio que situaciones iguales merecen un trato igual. Es un principio que permanece casi invariado desde los primeros tiempos del constitucionalismo clásico, donde respondía a la necesidad de suprimir los arcaicos privilegios propios de los regímenes monárquicos.

De ahí que, con independencia del ciudadano investigado o imputado, de su profesión, del delito investigado, de la persona presuntamente afectada o víctima, de la razón de Estado, del denunciante, del órgano judicial, etc., el procedimiento judicial haya de sujetarse a las mismas normas en todos los casos. Se trata pues de un procedimiento igualitario que aspira a que todas las investigaciones judiciales sean tratadas de una forma corriente, según lo habitual y normal; esa sería, sin duda, la máxima aspiración.

Un reciente ejemplo de incumplimiento de dicha máxima igualitaria se produce en el auto que la juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Susana Polo, dictó contra el exjuez Elpidio José Silva por un delito de revelación de secretos. Tras analizar la denuncia de quien dice ser su “antigua amante” -también extestigo protegida-, esta juez ha decidido que el procedimiento debe seguir y que, por tanto, la Fiscalía puede acusar, hasta sentarle en el banquillo de los acusados.

En este auto, las afirmaciones de la denunciante se han elevado a la categoría de indicios o elementos razonables de criminalidad contra el imputado Elpidio José Silva. Afortunadamente, la juez tiene una posibilidad de rectificar con ocasión de la resolución del recurso de la defensa, quien no ha tenido más remedio que revelarle una serie de nociones básicas que impedirían que el procedimiento continuara; aspectos que la juez debió de haber tenido en cuenta a la hora de valorar todo lo actuado y que se aplican normalmente en casos como éste, sustentados en un único testigo.

Comencemos, primero, por las extrañas circunstancias que rodean este singular procedimiento. En noviembre de 2013 comenzaron a aparecer en los medios de comunicación -principalmente en eldiario.es- exclusivas con el contenido de correos electrónicos que Miguel Blesa enviaba a sus subordinados, amigos y otros allegados desde la cuenta corporativa de Caja Madrid. Recordemos que Elpidio José Silva fue condenado por haber intervenido judicialmente dichos correos y por haber ingresado en prisión a Miguel Blesa.

El contenido de estos correos tenía gran interés judicial, hasta el punto de que meses más tarde Miguel Blesa y otros exdirectivos fueron imputados por la utilización de las denominadas “tarjetas black”; dato también publicado por eldiario.es.

En diciembre de 2013, casi de forma simultánea, el fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Manuel Moix (¿recuerdan? El que acusó a Elpidio José por haber ingresado en prisión a Blesa) denunció la filtración de los correos. En este marco, José Mª Aznar denunció ante la Fiscalía General del Estado una publicación de la periodista Alicia Gutiérrez incluyendo unos correos en los que se le atribuía un papel de mediador altamente retribuido para una empresa de armamento.

Así las cosas y con la investigación en la Fiscalía sin posibilidad de avanzar, al menos sin ningún dato contra Elpidio José Silva, aparece como por ensalmo esta persona que se presenta como “antigua amante” de éste ante -ni más ni menos- la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid. ¡Qué casualidad! Comparece ante el fiscal superior Manuel Moix. Esta sí que es una gran sorpresa: no se dirige a una comisaría ni a un juzgado, tampoco a la Fiscalía General del Estado, sino que va directamente al lugar donde residía la investigación contra Elpidio José Silva.

Acude acompañada por un agente de policía -reciente amigo suyo- quien, según ella misma manifestó, “le había engañado”, puesto que le había ofrecido ser incluida en el programa de protección de testigos y ayudas económicas para alojamiento y manutención, pero tuvo que sufragarse ella los gastos de desplazamiento desde Galicia hasta Madrid y nadie le había pagado nada por ello hasta la fecha. Finalmente, acabó siendo testigo protegida (lo que implica custodia policial y una retribución de 4.000 euros durante unos meses), como si un sicario la tuviera amenazada de muerte, que fue lo que ella alegó. En todo caso, duró poco tiempo la protección, pues comenzó a no estar localizada judicialmente, pese a que aparecía en Facebook. La juez Susana Polo ya no se creyó que estuviera amenazada, pero sorprendentemente sí se creyó otros disparatados chismes.

Parece, por motivos que se desconocen, que la juez Susana Polo no realizó el preceptivo control de credibilidad de la testigo. Es evidente que el testimonio de la denunciante no resiste un mínimo juicio de racionalidad, pues no sólo atribuye al denunciado hechizos, magia negra y vudú, sino que también dice de él que militó en la guerrilla colombiana. Pero añade que todos estos hechos “habrían prescrito”. No en vano la Policía Judicial entendió que la denunciante “pecaba de exceso de credulidad” y terminó rechazando que hubiera ningún motivo para “emplear recursos” en esta investigación con tan “corto recorrido”.

Esta “antigua amante” del magistrado manifestó también que él le era infiel y que ni siquiera por recato se abstenía de comunicarse con otras personas delante de ella (digamos que si no había tal recato, pudiera entenderse que entre ellos no existía ninguna relación de pareja). Asimismo, afirmó sentirse muy despechada, por lo que llegó a reconocer ante la juez que en su denuncia “había una parte de resentimiento contra él”.

Y lo peor de todo: aparte de divagar y de mencionar a muchas personas que conoció de vista y que ella presume que estaban al corriente de este propósito criminal del exjuez (incluido a Enrique López, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional), lo que está claro es que nunca vio ninguno de los correos electrónicos, ni en poder del juez ni en manos de otras personas. Sólo declara acerca de extremos que Elpidio José le dijo, según ella, pero ya sabemos que esta testigo “peca de excesiva credulidad”.

Si cabe, lo más pasmoso del auto dictado por la juez Susana Polo es la inclusión como hecho incriminatorio del dato de que el imputado Elpidio José “vendió los correos a Ignacio Escolar, creador de eldiario.es”. Sorprendente y extraño a Derecho es afirmar la participación criminal de una persona, sobornando a un juez para que le revele secretos de una causa que ha instruido, sin ni siquiera interrogar a nadie sobre ello durante todos estos meses y, menos aun, sin citar ni escuchar al directamente afectado por esta grave afirmación.

Este dato tan singularmente traído a una resolución judicial contra Elpidio José Silva podría mostrar el doble filo de esta tan extravagante causa judicial, por cuanto de paso se cuestiona gratuitamente la honorabilidad de eldiario.es y su director, quien por cierto ya ha anunciado acciones legales por esto.

Lo que sí podemos concluir -sin que se requiera gran sagacidad- es que podrían matarse varios de pájaros de un solo tiro en caso de que Elpidio José Silva fuera condenado en este absurdo procedimiento. Para empezar, sin duda entraría en prisión, castigo ejemplar donde lo haya; después, los correos quedarían afectados de nulidad y no podrían ser utilizados en procedimientos contra Miguel Blesa; asimismo, José Mª Aznar -otro denunciante- tendría la posibilidad de reclamar civilmente una indemnización millonaria contra otros periodistas, etc.

En resumidas cuentas, lo que parece muy claro en este delirante procedimiento es que si algo brilla por su ausencia es precisamente el Derecho, es decir, la antesala de una Justicia igualitaria cuya búsqueda se torna entonces en una gran utopía.