La PAH gana la ILP contra los desahucios y la pobreza energética

18 de abril de 2013. La PAH toma la difícil decisión de retirar la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social, entonces en trámite en el Congreso de los Diputados. En un comunicado público considera que el texto enmendado por el PP desvirtúa por completo el espíritu de la ILP. En rueda de prensa, la entonces portavoz pronosticaba: “Nosotras la seguiremos defendiendo a través de nuestras campañas de desobediencia, sin renunciar a seguir presionando a todos los niveles para que se canalicen nuestras demandas”.

A partir de entonces, las distintas medidas anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno como respuestas firmes a la crisis hipotecaria -desde el Código de Buenas Prácticas Bancarias de 2012, pasando por el Decreto de Medidas Urgentes para la Protección de los Deudores Hipotecarios también de 2012, y la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios- han sido un fracaso tras otro.

Sólo hace falta analizar los datos que aporta el Consejo General del Poder Judicial para constatar cómo el número de desahucios aumenta trimestre tras trimestre. Según el órgano de gobierno de los jueces, en el primer trimestre de 2015 los desahucios por hipoteca, comparados con los del mismo trimestre del año anterior, han aumentado un 6%. El propio Ministerio de Economía reconocía no hace mucho que las medidas aprobadas sólo habrían paralizado 10.000 desahucios en un período en que se contabilizaron 135.000. Por su parte, el Fondo de Vivienda Social habría facilitado el alquiler social a poco más de 1.500 familias cuando la promesa era realojar a 6.000 familias desahuciadas. En cuanto al impacto y alcance de la Ley de Segunda Oportunidad aún no disponemos de datos oficiales, pero todo apunta a otro fracaso.

Mientras tanto, la PAH ha cumplido con creces sus promesas lanzadas tras retirar la ILP. No sólo ha seguido movilizada en la calle -parando desahucios, arrancando daciones en pago y alquileres sociales, y realojando familias a través de la Obra Social-, sino que también ha sabido coger impulso para emprender nuevas campañas de incidencia política institucional a otros niveles. La inteligencia colectiva del movimiento intuyó rápidamente que seguir chocando contra el muro de la mayoría absoluta del PP sólo generaría más frustración, de manera que emprendió la vía de las mociones municipales para la movilización de los pisos vacíos en manos de las entidades financieras y de las iniciativas legislativas populares a nivel autonómico.

La ILP catalana fue aceptada a trámite por el Parlament de Catalunya el pasado mes de octubre, confirmando que dispone de competencias suficientes para intervenir en este ámbito. Además de dar una segunda oportunidad a las personas que se sobre-endeudaron para acceder a un bien de primera necesidad, esta ILP da respuestas a problemáticas que se han recrudecido en los últimos años, como los desahucios por alquiler y la pobreza energética. Impulsar la cesión obligatoria de los pisos vacíos en manos de la banca, fondos buitre y grandes propietarios para alquiler social; impedir los cortes de sumnisitros que afecten a famílias en situación de vulnerabilidad; y garantizar un realojo adecuado a todas las familias en situación de desahucio. Quizás aquí encontramos una de las principales aportaciones de esta ILP, diferenciando la actuación en función de si se trata de grandes o pequeños propietarios. En los desahucios de entidades financieras, fondos buitre o grandes tenedores, se establece la obligatoriedad de que realicen una oferta de alquiler social a las familias. En caso de no efectuarla deberán ser sancionadas. En cambio, en el caso de los pequeños propietarios serán las administraciones públicas las obligadas a proporcionar ayudas o realojar.

Tras meses de intenso trabajo para recoger las más de 143.000 firmas que avalan la ILP y una intensa campaña de presión ciudadana, el grupo promotor de la ILP -formado por la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatori DESC- ha conseguido sumar los apoyos necesarios para que hoy el Pleno del Parlament apruebe un texto que no sólo respeta el contenido del texto de la ILP, sino que en algunos aspectos lo mejora.

¿Cuáles son las claves de este éxito? ¿Cómo es posible que casi la totalidad de los partidos del arco parlamentario hayan cedido y se hayan sumado al consenso para que la ILP pueda aprobarse de forma urgente?

En primer lugar, las entidades promotoras han sido capaces de ser generosas, mirar hacia todos los lados y hacer una política de alianzas amplia para que la ILP sea una realidad. Unas alianzas que van mucho más allá de las entidades que la han promovido, y que han sumado a todo tipo de entidades sociales, sindicatos, sectores profesionales (como los bomberos o las trabajadores sociales) y las entidades soberanistas. En este sentido, uno de los principales logros ha sido convencer a las entidades soberanistas de que no se puede seguir aplazando este tipo de medidas de emergencia social condicionándolas al éxito del proceso catalán.

Otro de los factores que ha resultado clave es la movilización continua de una red de más de 200 PAHs (setenta en Catalunya) que se mantienen activas en todo el Estado. Un auténtico ejército de activistas. Y es que en un sistema político con los déficits democráticos como el actual, muchas veces no es suficiente con que un conjunto de propuestas tengan un claro consenso en la sociedad, sino que además es necesaria una militancia activa, informada y dispuesta a movilizarse para defender estas medidas en la calle. En este sentido, los más de treinta escraches silenciosos que las PAHs catalanas improvisaron ante el bloqueo inicial de CiU y PP, en plena campaña de las elecciones municipales, fueron toda una demostración de fuerza y capacidad de reacción del movimiento que no pasó inadvertida para los partidos conservadores. No nos sorprende, pues, cómo a tan solo dos meses de las elecciones autonómicas en Catalunya, ningún partido quiera convertirse en el enemigo número 1 de la PAH.

La aprobación de la ILP contra los desahucios y la pobreza energética es un gran éxito colectivo y va a suponer un precedente importantísimo no solo porque abre camino a las otras ILP que están en trámite en Catalunya, sino también porque se trata de una experiencia replicable en el resto de comunidades autónomas que tienen competencias en materia de vivienda y derecho de los consumidores. De hecho, algunas de las medidas de la ILP catalana -especialmente, las que se refieren a la sanción de las viviendas vacías que acumulan los bancos- ya están previstas en la ley andaluza por el derecho a la vivienda o en la reciente ley vasca de vivienda. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha anulado ya algunos aspectos de la ley andaluza relativos a la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos; posibilidad que en la ley vasca aparece como “expropiación forzosa de uso” y en el texto definitivo de la ILP catalana como “cesión obligatoria de viviendas”.

Las activistas por el derecho a la vivienda tienen grabado en la retina aquel día en que, tras un esfuerzo titánico para recoger un millón y medio de firmas, el gobierno del PP aplastó la ILP por la dación en pago y alquiler social. Hoy, si finalmente se aprueba la ILP contra la emergencia habitacional y la pobreza energética en el Parlament catalán, se hará un poco de justicia a la perseverancia. Y es que ellas saben mejor que nadie que los derechos se construyen desde la calle y que, a pesar de todas las dificultades, “Sí Se Puede”.

18 de abril de 2013. La PAH toma la difícil decisión de retirar la iniciativa legislativa popular (ILP) por la dación en pago y el alquiler social, entonces en trámite en el Congreso de los Diputados. En un comunicado público considera que el texto enmendado por el PP desvirtúa por completo el espíritu de la ILP. En rueda de prensa, la entonces portavoz pronosticaba: “Nosotras la seguiremos defendiendo a través de nuestras campañas de desobediencia, sin renunciar a seguir presionando a todos los niveles para que se canalicen nuestras demandas”.

A partir de entonces, las distintas medidas anunciadas a bombo y platillo por el Gobierno como respuestas firmes a la crisis hipotecaria -desde el Código de Buenas Prácticas Bancarias de 2012, pasando por el Decreto de Medidas Urgentes para la Protección de los Deudores Hipotecarios también de 2012, y la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios- han sido un fracaso tras otro.