Jerusalén es la clave

En esta semana se ha visto cómo ha aumentado la tensión en Jerusalén. Está claro que la situación de Jerusalén aparece en la mayoría de los medios de comunicación solo cuando los palestinos, hastiados de la opresión diaria que sufren, salen a las calles para demandar sus derechos. Poco se dice sobre la humillación constante de ser tratado como un extranjero en la propia ciudad, de no tener permisos para poder construir, de la amenaza constante de ser expulsado o de la falta de derechos, en su sentido más amplio, de todos los “no judíos” (palestinos) de Jerusalén. Con tantas noticias e informaciones yendo y viniendo, es importante contextualizar la situación y el estatuto legal de Jerusalén.

En 1947 las Naciones Unidas decidieron partir Palestina en dos estados a través de la resolución 181: uno para la población originaria que había habitado por siglos esa tierra y otro para una población que venía llegando desde todas las partes del mundo. A estos últimos, que entonces controlaban solo el 6.5% de la tierra, se les entregó el 52% de Palestina. Esa decisión, que no fue aceptada por los palestinos, y que en la práctica, no así en la teoría, tampoco fue aceptada por el movimiento sionista, estipulaba que Jerusalén, junto a Belén y una serie de aldeas cercanas equivalentes al 1% de Palestina, se convertirían en un “corpus separatum”, de libre acceso para todos, pero bajo un control internacional que nunca se concretó.

En lugar de este control, bandas terroristas sionistas empezaron a desarrollar el denominado Plan Dalet, una estrategia de trece operaciones militares, ocho de ellas localizadas en territorio asignado al estado palestino, para limpiar de población no-judía la zona, lo que incluía tomar Jerusalén y abrir un corredor entre ésta y un suburbio del histórico puerto de Jaffa llamado Tel Aviv (una adaptación del nombre árabe que tenía la zona: “Tell Ar Rabee”). Fueron operaciones muy sangrientas e incluyeron, entre otras, la célebre masacre de Deir Yassin, donde 254 aldeanos palestinos fueron mutilados y masacrados de las formas más siniestras. A ello se sumaron los bombardeos de los barrios residenciales palestinos de Talbiya, Katamon y Baqaa’. Muchos recuerdan hoy las bombas que cayeron sobre los hoteles King David y Semiramis, donde, entre otros, fue asesinado el vicecónsul español Manuel Allende Salazar mientras celebraba la navidad cristiano-ortodoxa con una familia palestina cristiana, sin que hasta el día de hoy Israel haya dado compensación alguna al estado español. En el marco del Plan Dalet, también se produjeron invasiones de aldeas como Ein Karem, Malha y Lifta (fueron cuarenta y cuatro en total), que determinaron la expulsión forzosa de la población palestina y la toma por la fuerza de aproximadamente el 88% de lo que era Jerusalén antes de 1948.

Desde ese momento y hasta 1967 Jerusalén estuvo dividida entre lo que se conoce como Jerusalén Occidental (donde más de dos tercios de la tierra pertenecía a palestinos cristianos y musulmanes) y Jerusalén Oriental, que es el equivalente al 12% de lo que era Jerusalén antes de 1948. En 1967, con la ocupación israelí del resto de Palestina (Cisjordania, que incluye a Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza, es decir el 22% de la Palestina histórica), la ciudad volvió a reunirse, pero ahora bajo el yugo de la ocupación israelí.

Se llevaron a cabo políticas para cambiar el statu quo de la ciudad ocupada con el fin de desplazar y limitar el crecimiento de la población, por un lado, y de construir colonias que fragmentasen y dividiesen a las comunidades palestinas, por el otro. Eso ha llevado no solo a que Jerusalén Oriental sea la parte pobre de Jerusalén, sino también a que la ciudad se encuentre separada del resto de Palestina.

La comunidad internacional, en un primer momento, no reconoció la ocupación y llamó a Israel a retirarse. Cuando Israel se anexionó Jerusalén Oriental, el Consejo de Seguridad aprobó la resoluciones 476 y 478, que declararon nulas la anexión y todas las políticas tomadas por Israel en la ciudad. Esa es la principal razón por la cual ninguna embajada ante Israel se encuentra en Jerusalén, sino en Tel Aviv.

En el centro del problema está la utilización política de la religión por parte de Israel, algo que se ha exacerbado con el actual gobierno. La petición del reconocimiento de Israel como “estado judío” y usar una interesada versión de la biblia para justificar la ocupación dos mil años después no se diferencia moralmente del uso de la religión por parte del llamado “ejército islámico”. La negación del otro y sus tradiciones son clave en ambos casos. Ello se refleja en las restricciones de culto establecidas contra cristianos y musulmanes palestinos en Jerusalén, según testifican los informes anuales de la ONU, la UE y el Departamento de Estado en Washington.

En 1988 la OLP declaró el estado de Palestina sobre el 22% de la Palestina histórica, incluyendo Jerusalén Oriental, algo legal de acuerdo con el derecho internacional, que no le ha entregado a Israel derecho sobre territorio alguno de lo que hoy es reconocido por la ONU como el estado de Palestina. El estatus legal de Jerusalén Oriental es el mismo que el del resto de Palestina ocupada, y ni siquiera la presencia de todos los sitios religiosos que tiene puede justificar la ocupación o un cambio unilateral de su estatus. Ya sea dividiendo la ciudad o en el marco de una ciudad abierta, la capitalidad palestina de Jerusalén es la clave para la consecución de la solución de los dos estados. Por el contrario, la consolidación en ella de la colonización israelí es la receta para su definitiva destrucción.

En esta semana se ha visto cómo ha aumentado la tensión en Jerusalén. Está claro que la situación de Jerusalén aparece en la mayoría de los medios de comunicación solo cuando los palestinos, hastiados de la opresión diaria que sufren, salen a las calles para demandar sus derechos. Poco se dice sobre la humillación constante de ser tratado como un extranjero en la propia ciudad, de no tener permisos para poder construir, de la amenaza constante de ser expulsado o de la falta de derechos, en su sentido más amplio, de todos los “no judíos” (palestinos) de Jerusalén. Con tantas noticias e informaciones yendo y viniendo, es importante contextualizar la situación y el estatuto legal de Jerusalén.

En 1947 las Naciones Unidas decidieron partir Palestina en dos estados a través de la resolución 181: uno para la población originaria que había habitado por siglos esa tierra y otro para una población que venía llegando desde todas las partes del mundo. A estos últimos, que entonces controlaban solo el 6.5% de la tierra, se les entregó el 52% de Palestina. Esa decisión, que no fue aceptada por los palestinos, y que en la práctica, no así en la teoría, tampoco fue aceptada por el movimiento sionista, estipulaba que Jerusalén, junto a Belén y una serie de aldeas cercanas equivalentes al 1% de Palestina, se convertirían en un “corpus separatum”, de libre acceso para todos, pero bajo un control internacional que nunca se concretó.