Derecho y subversión: por qué necesitamos el principio de justicia universal

Hemos debatido en el Teatro Goya de Madrid acerca del principio de justicia universal. El polémico Baltasar Garzón, exjuez y hoy abogado, entre otros, de Julian Assange, ha convocado un Congreso sobre la jurisdicción universal, o sea, sobre la idea de que el Derecho Penal nacional también pueda aplicarse cuando el delito cometido no guarda una relación directa con dicho país. La ocasión era especial. Fue en Madrid, hace casi 20 años, cuando comenzó la era dorada de los procesos penales basados en el principio de justicia universal. Unos procesos que permitieron llevar a los dictadores ante los tribunales mucho antes de que la Corte Penal Internacional emprendiera su trabajo.

En un principio, se trató sobre todo de casos relacionados con las antiguas colonias españolas en Latinoamérica. Estos procesos tuvieron un espectacular punto álgido el día 16 de octubre de 1998: Garzón, entonces juez de instrucción, dispuso el arresto del antiguo dictador chileno Augusto Pinochet en Londres. El mismo Pinochet nunca fue condenado. Aun así, pasó un año en régimen de internamiento y bajo arresto. Al final, regresó a Chile como un hombre abatido y fue procesado junto a su familia y sus cómplices. Algo parecido les ocurrió luego en la vecina Argentina a los militares que regentaron el poder en los años 70. Los juristas hablan desde entonces del “Efecto Pinochet”. Los procesos en Europa comportaron pocas condenas en nuestro continente. Pero contribuyeron, en combinación con la presión permanente ejercida por los movimientos de derechos humanos de los respectivos países, a que las vías judiciales bloqueadas se abrieran y comenzara el fin de la impunidad.

Hasta aquí, muy prometedor. Pero aquello que funcionó en cierta medida en El Salvador y en Guatemala, hoy avanza muy lentamente en el caso de Gaza, Guantánamo y Tíbet. Los estados reclaman, una y otra vez, y cada vez más alto, que la justicia española investigue a sus ciudadanos a causa de lesiones de los derechos humanos.

¿Y Garzón? Se encuentra suspendido de su cargo de juez desde la primavera de 2010. En el marco de las investigaciones de los crímenes cometidos durante la era de Franco se le acusó de prevaricación, lo cual provocó su caída. Los políticos del sur global critican, con razón, que los estados europeos se ocupen fundamentalmente de las lesiones de derechos humanos que tienen lugar en las antiguas colonias en lugar de ocuparse de sus propios delitos. Garzón siempre fue en serio con el principio de igualdad ante la ley. Con la ayuda de veteranos republicanos, sus familiares y un joven movimiento social, quiso esclarecer judicialmente en España lo que hoy aún es posible: el paradero de muchos desaparecidos y la identificación de las víctimas enterradas en fosas comunes.

Solo por eso hubiera valido la pena que siguiera adelante. Pero los conservadores en España no lo han permitido. Garzón acabó convertido en acusado. Con un comportamiento muchas veces arrogante, y acostumbrado a interpretar las leyes penales de manera muy amplia, se vio enfrentado a una experiencia novedosa, como me confesó poco antes de que tuviera lugar la vista principal. Dijo no saber de qué se le acusaba exactamente y que no importaba lo que declarara puesto que le perjudicaría.

Lo que Garzón predijo para sí mismo es lo que experimentan muchos acusados diariamente en todo el mundo y respalda la idea de por qué el derecho a un juicio justo es un derecho humano tan importante. Es más que curioso, además, que después le condenaran precisamente por su comportamiento irregular, escuchando conversaciones entre abogados y defendidos, en el gran juicio por corrupción contra el Partido Popular. Porque el enorme despilfarro y corrupción de las élites españolas es una de las causas de la actual miseria social y económica del país.

Lo que intentaremos hacer en Madrid es fortalecer a aquellos valientes jueces, fiscales y abogados de España que a pesar de los muchos cambios legislativos siguen investigando en las causas del Tíbet o de Guantánamo. Sin embargo, tendríamos verdadero éxito si de ello surgiera una nueva práctica europea y mundial y España, hasta ahora el único país que aplica el principio de justicia universal de forma consecuente, no tuviera que lidiar en solitario con la presión política y económica resultante de China y de EEUU. Del gobierno alemán no puede esperarse mucho, visto el comportamiento notablemente cobarde que ha demostrado en torno a las revelaciones y a la persona de Edward Snowden, entre otras cosas.

Hemos debatido en el Teatro Goya de Madrid acerca del principio de justicia universal. El polémico Baltasar Garzón, exjuez y hoy abogado, entre otros, de Julian Assange, ha convocado un Congreso sobre la jurisdicción universal, o sea, sobre la idea de que el Derecho Penal nacional también pueda aplicarse cuando el delito cometido no guarda una relación directa con dicho país. La ocasión era especial. Fue en Madrid, hace casi 20 años, cuando comenzó la era dorada de los procesos penales basados en el principio de justicia universal. Unos procesos que permitieron llevar a los dictadores ante los tribunales mucho antes de que la Corte Penal Internacional emprendiera su trabajo.

En un principio, se trató sobre todo de casos relacionados con las antiguas colonias españolas en Latinoamérica. Estos procesos tuvieron un espectacular punto álgido el día 16 de octubre de 1998: Garzón, entonces juez de instrucción, dispuso el arresto del antiguo dictador chileno Augusto Pinochet en Londres. El mismo Pinochet nunca fue condenado. Aun así, pasó un año en régimen de internamiento y bajo arresto. Al final, regresó a Chile como un hombre abatido y fue procesado junto a su familia y sus cómplices. Algo parecido les ocurrió luego en la vecina Argentina a los militares que regentaron el poder en los años 70. Los juristas hablan desde entonces del “Efecto Pinochet”. Los procesos en Europa comportaron pocas condenas en nuestro continente. Pero contribuyeron, en combinación con la presión permanente ejercida por los movimientos de derechos humanos de los respectivos países, a que las vías judiciales bloqueadas se abrieran y comenzara el fin de la impunidad.