Refugiados sí, migrantes también

La semana pasada la BBC publicaba un interesante reportaje sobre la batalla desatada alrededor de los términos usados para referirse a los recientes fenómenos migratorios. El artículo analiza un cambio de tendencia en las últimas semanas en la mayoría de medios internacionales que evitan usar la palabra migrante, optando por una generalización del uso del término refugiado. Es el caso de Al-Jazeera, que ha decidido que no va usar el término migrante y «en su lugar, usará el de refugiado». Un periodista de este medio manifestó que migrante «ha evolucionado en una herramienta que deshumaniza y distancia, un peyorativo contundente». La presumible voluntariedad que se atribuye al migrante puede llevarnos, pues, a pensar que él es el único responsable de su destino.

Al mismo tiempo, ACNUR publicaba una nota titulada ¿Refugiado o migrante? en la que instaba expresamente a un uso correcto de estos términos. El autor del artículo explicaba las diferencias entre uno y otro, y advertía que confundirlos conlleva problemas para ambas poblaciones.

Un refugiado, de acuerdo con la Convención de Refugiados de 1951, «es cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país». El derecho internacional define y protege a los refugiados principalmente a través de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967. Uno de los principios fundamentales que establecen es que los refugiados no deben ser expulsados o devueltos a situaciones en las que su vida y libertad estén en peligro.

Por su parte, el término migrante se refiere propiamente a las personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o educación, por reagrupación familiar, o por otras razones. La nota de ACNUR afirma que «a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país, los migrantes continúan recibiendo la protección del gobierno». Los derechos de los migrantes apenas gozan de protección en derecho internacional. Si bien existe la Convención Internacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes de 1990, casi la totalidad de países de la Unión Europea y Norteamérica –entre ellos España– no la ha ratificado.

Es evidente que confundir deliberadamente refugiados y migrantes puede tener serias consecuencias en la vida y seguridad de los refugiadosrefugiadosmigrantes, desviando la atención de las salvaguardas legales específicas que los refugiados requieren. Sin embargo, la realidad social desborda la construcción de categorías jurídicas y los términos que les van asociados. Cada vez resulta más difícil discernir la migración económica clásica de los movimientos forzosos de población en el actual contexto de transformación de la violencia neocolonial. Entre las decenas de miles de personas que llegan a las costas europeas, ¿cuáles son migrantes y cuáles refugiadas? ¿Se puede afirmar en todos los casos que aquellas que no huyen de su país de origen por una guerra, sino por la miseria y el hambre, tienen una protección efectiva de su Estado? ¿Qué destino les espera a los miles de migrantes económicos que también huyen de sus países y se dirigen a Europa jugándose la vida, muchas veces escondidos debajo de un camión o a través de embarcaciones precarias en el mar? De las más de 2.300 muertes en el Mediterráneo en lo que va de año, ¿cuántas pocas hubieran sido beneficiarias de asilo o protección internacional?

De ninguna manera es el objetivo de este artículo cuestionar la pertinencia de un régimen específico de asilo, sino más bien advertir la fragilidad de la distinción refugiado-migrante y cómo puede ser usada para negar los derechos de estos últimos. Asentado en el abuso de esta dualidad está proliferando el discurso Refugiados sí, migrantes no. De hecho, hasta ahora éste ha sido el denominador común de las declaraciones de los principales líderes de la UE. La propia Ángela Merkel, afirmaba hace unos días que: «Para poder ayudar a los que están en una situación de emergencia tenemos que decirles también a aquellos que no lo están que no se pueden quedar aquí. (…) Todo esto tiene que ir rápido».

La actual gestión de la crisis de refugiados por parte de la UE se encaja en una concepción de la movilidad como una grave amenaza, cuya única respuesta está pasando por la contención y recepción en cuentagotas de aquella minoría que puede ser beneficiaria del estatus de asilo y la represión de todo el resto de personas migrantes que llegan en las fronteras europeas. En este sentido, existe el riesgo de que las medidas que se implementen en los próximos días para aumentar las cuotas de asilo vengan acompañadas de un enésimo intento de recrudecimiento de la política migratoria de la UE. Una nueva fortificación de las fronteras –como la valla de concertinas de 175 km. que se está levantando en la frontera de Hungría y Serbia–, así como recurrir a prácticas ilegales como expulsiones colectivas y/o sin garantías de las personas que no puedan acceder a la protección internacional.

Existe el riesgo también de que este perverso discurso de las autoridades se impregne en la opinión pública y las muestras de solidaridad ciudadana que se están reproduciendo en varios países europeos. Podríamos asistir a la hipócrita contradicción de unas sociedades volcadas en la acogida de refugiados, mientras consienten que aquellos potenciales solicitantes que no consiguen la protección internacional queden desposeídos de derechos y sean internados en cárceles (CIE) a la espera de ser deportados contra su voluntad. En este sentido, es imprescindible que las iniciativas ciudadanas que quieran ser transformadoras vayan más allá del discurso Refugiados sí, Migrantes no.

La aclamada propuesta de ciudades-refugio lanzada por el Ayuntamiento de Barcelona y a la que ya se han sumado decenas de Ayuntamientos del Estado, tiene que contemplar también la situación de aquellas personas que ya están conviviendo en nuestros municipios en situación precaria derivada de su condición administrativa (ya sea por la denegación del asilo, por encontrarse indocumentadas, o en situación irregular). Unas personas que –en mayor o menor medida– ven como se les niegan derechos tan básicos como el acceso al padrón, a la salud, al trabajo o a la asistencia social. No se trata de caridad ni asistencialismo, sino de forjar desde los municipios un compromiso por el acceso universal a los servicios y la plenitud de derechos. Aquí, el mensaje tiene que ser claro: Refugiados sí, migrantes también.