Deuda y corrupción en el corazón de la privatización sanitaria

Una de las transformaciones más radicales que ha sufrido España en los últimos 15 años ha sido la progresiva privatización del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un proceso que se ha llevado a cabo por diversas vías, desde la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud públicos a grandes empresas como Sanitas, Capio y Ribera Salud, hasta la adjudicación de análisis de laboratorio a multinacionales como Unilabs, pasando por la derivación de pruebas diagnósticas y de pacientes de un modo sistemático al sector privado. En todos los casos, la privatización se ha hecho en el nombre de la eficacia y el ahorro. En todos los casos, el proceso ha conllevado un trasvase ingente de dinero público a manos privadas.

Desde que en 1999 se pusiera en marcha el Hospital de Alzira (el primer centro público en España de gestión sanitaria privada en su totalidad) hasta la actualidad, el proceso de privatización ha dado lugar a un aumento considerable de la deuda pública. De una parte, la construcción de nuevos hospitales se ha encargado a empresas que cobran de la Comunidades Autónomas o del Estado un canon durante décadas. Con este sistema las administraciones han evitado desembolsar grandes cantidades de dinero en un primer momento, pero han aumentado considerablemente su deuda a 30 años con constructoras y bancos. Este tipo de actuaciones han disparado la deuda pública en varias comunidades. La Comunidad de Madrid, una de las regiones líderes en privatización sanitaria y que en 2010 rescató a las empresas adjudicatarias de seis hospitales con 80 millones de euros, aumentó su deuda de 8.614 millones de euros en 2002, cuando asumió las competencias en Sanidad, a 32.723 millones de euros en 2014.

En un periodo de crisis como el actual, en el que la reducción del déficit público se ha impuesto como objetivo económico primordial, las administraciones han justificado todo tipo de recortes en Sanidad precisamente para pagar una deuda generada, en parte, en el proceso de privatización. De un modo un tanto perverso, la deuda adquirida en los procesos de privatización ha servido para justificar más recortes en un sistema sanitario público, al cual posteriormente se acusa de ineficiente para así respaldar un aumento de las privatizaciones, que, a su vez, generan más deuda pública.

Este círculo vicioso de privatizaciones, deuda y recortes ha depauperado el Sistema Nacional de Salud hasta límites inimaginables hace pocos años y ha supuesto grandes beneficios para aquellas empresas que están en el negocio. Según mostraba un estudio reciente del Grupo de Trabajo Auditoría de la Deuda en Sanidad, las aseguradoras privadas de la salud son el único sector en el mundo de los seguros que ha crecido en España durante la crisis económica. La idea de que el Sistema Público de Salud es insostenible a medio plazo, algo que fomentan constantemente las empresas de seguros sanitarios, parece que va calando en algunos sectores de la población.

La privatización de la sanidad también ha conllevado corrupción a gran escala. Es bien sabido que la contratación de empresas privadas por parte de las administraciones públicas genera escenarios propicios para todo tipo de ilegalidades. Así lo ha recordado la Comisión Europea, quien ha alertado de los numerosos casos de corrupción que se producen en los procesos de privatización de los sistemas sanitarios públicos. En España sabemos bien de lo que habla la Comisión. En Cataluña, una comunidad autónoma con un altísimo grado de externalizaciones, dos de los últimos directores del Servicio Catalán de la Salud están imputados en el caso Innova. Se trata de un macroproceso por sobornos, contratos fraudulentos, adjudicaciones a dedo y facturas falsas en el que están imputados una veintena de ediles de CiU, PSC, ICV y ERC de Reus, entre ellos el exalcalde socialista Lluís Miguel Pérez, y Josep Prat, máximo directivo de la empresa municipal Innova, vicepresidente del grupo sanitario privado USP y número tres del Departamento de Salud. En Madrid, el escándalo de las pruebas clínicas privadas realizadas con medios públicos en el Hospital Gregorio Marañón está en manos de la fiscalía. En Valencia, el exconseller de Sanidad Rafael Blasco y la que fuera exalto cargo Tina Sanjuán han sido imputados por delitos de cohecho y falsedad documental. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de crear una trama de empresas sanitarias que se beneficiaban de contratos públicos. La corrupción en torno a la privatización de la sanidad parece sistémica en España.

En un contexto de destrucción del Servicio Nacional de Salud y de aumento de la deuda pública y de la corrupción urge revertir el proceso de privatizaciones. No se trata sólo de dejar de contratar con empresas privadas aquellos servicios que la administración pública ha demostrado realizar de un modo más barato y eficiente, sino de llevar a cabo una gestión basada en fundaciones y consorcios de empresas públicas, como han reclamado insistentemente los profesionales de la sanidad. Cabe, además, recuperar hospitales para el Servicio Nacional de Salud. Un buen ejemplo es el Centre Hospitalier Sud Francilien en Francia, que volvió a manos públicas tras una privatización desastrosa y cuyo caso está sirviendo en la actualidad para intentar recuperar el Hospital Universitario de Burgos.

De un modo complementario, parece necesario realizar una auditoría de la en sanidad en toda España, que nos aclare qué se debe, a quién y cómo se ha generado esa deuda. Y si parte de la deuda ha sido generada de un modo ilegítimo, es decir, se ha adquirido con empresas privadas en contra de los intereses de los ciudadanos, se debe rechazar el pago de la misma con dinero público. Para todo esto, para no pagar la deuda ilegítima y para recuperar un modelo público hará falta, eso sí, no sólo una verdadera voluntad política de cambio, sino también una fortísima capacidad para resistir las presiones de bancos, fondos de inversión, aseguradoras de la salud y constructoras, que llevan demasiado tiempo enriqueciéndose con el dinero de todos los españoles.

Una de las transformaciones más radicales que ha sufrido España en los últimos 15 años ha sido la progresiva privatización del Sistema Nacional de Salud. Se trata de un proceso que se ha llevado a cabo por diversas vías, desde la cesión de la gestión de hospitales y centros de salud públicos a grandes empresas como Sanitas, Capio y Ribera Salud, hasta la adjudicación de análisis de laboratorio a multinacionales como Unilabs, pasando por la derivación de pruebas diagnósticas y de pacientes de un modo sistemático al sector privado. En todos los casos, la privatización se ha hecho en el nombre de la eficacia y el ahorro. En todos los casos, el proceso ha conllevado un trasvase ingente de dinero público a manos privadas.

Desde que en 1999 se pusiera en marcha el Hospital de Alzira (el primer centro público en España de gestión sanitaria privada en su totalidad) hasta la actualidad, el proceso de privatización ha dado lugar a un aumento considerable de la deuda pública. De una parte, la construcción de nuevos hospitales se ha encargado a empresas que cobran de la Comunidades Autónomas o del Estado un canon durante décadas. Con este sistema las administraciones han evitado desembolsar grandes cantidades de dinero en un primer momento, pero han aumentado considerablemente su deuda a 30 años con constructoras y bancos. Este tipo de actuaciones han disparado la deuda pública en varias comunidades. La Comunidad de Madrid, una de las regiones líderes en privatización sanitaria y que en 2010 rescató a las empresas adjudicatarias de seis hospitales con 80 millones de euros, aumentó su deuda de 8.614 millones de euros en 2002, cuando asumió las competencias en Sanidad, a 32.723 millones de euros en 2014.