¿Nos quieren muertos?

El pasado 28 de septiembre supimos del fallecimiento en acto de servicio del abogado Oscar Melchor Rodríguez Valverde, murió de un infarto mientras prestaba servicio en la guardia de detenidos de los Juzgados de Plaza de Castilla; la muerte del compañero ya vino precedida de la del Juez Ángel Luis del Olmo en 2013. Los denominadores comunes entre ambos casos son: el inadecuado equipamiento con que cuentan dichos Juzgados, la excesiva carga de trabajo que resistimos los profesionales de la Justicia y la resignación con la que asumimos estas circunstancias y sus consecuencias.

España está en el vagón de cola respecto al número de jueces y fiscales por habitante en Europa lo que hace que esos profesionales de la Justicia estén sometidos a unas condiciones laborales inasumibles si lo que se pretende es tener una Justicia de calidad y unos juristas sanos. La salud laboral de quienes nos dedicamos al ámbito de la Justicia está absolutamente deteriorada, maltratada y olvidad, también la de los abogados. Los culpables somos dos: de una parte, el gobierno por no dotar de las medidas, medios humanos y materiales para que esto no suceda y, de otra, los propios profesionales que consentimos que se nos someta a tal carga de trabajo que pone en riesgo la calidad del servicio y la saludo de quienes lo prestamos.

Si pretendemos tener una Justicia ágil, de calidad y ajustada a Derecho tendremos, necesariamente, que dotarnos de unos recursos humanos y materiales adecuados para alcanzar ese objetivo. No se puede pretender alcanzarlo a fuerza de recortar plazos procesales ni de una explotación inhumana de quienes participamos, cada cual en su papel, de la administración de Justicia. Los profesionales del Derecho, jueces, fiscales, abogados y funcionarios de Justicia, no podemos ni debemos seguir tolerando que se nos use y se nos abuse para cumplir con unos criterios de eficiencia incompatibles con las actuales condiciones materiales con que cuenta la administración de Justicia.

Unos piensan, y así lo proclaman, que Justicia ágil y de calidad puede traducirse como Justicia eficiente, en realidad este concepto se hace incompatible con el de Justicia si no va unido al respeto irrestricto de los Derechos fundamentales de los Justiciables. No puede haber eficiencia en base al recorte de Derechos como pretenden e intentan imponer algunos y, tampoco, puede existir eficiencia a costa de la salud de los profesionales del Derecho, de la salud de todos... abogados incluidos.

Lamentablemente, en muchas ocasiones estos abusos se producen porque no reaccionamos con la fuerza, contundencia y solidaridad con la que deberíamos. Cuando se nos imponen condiciones laborales inhumanas e incompatibles con los derechos fundamentales, todos los involucrados debemos reaccionar, unidos bajo un mismo paraguas porque unas veces esa carga abusiva la soportarán los jueces, en otras los fiscales, en otras los abogados y en algunas todos juntos.

Hace pocos días me tocó vivir una experiencia que me ha hecho meditar sobre las consecuencias que tiene confundir eficiencia con celeridad y el riesgo al que estamos sometidos quienes formamos el eslabón más débil de la cadena judicial: los abogados. Digo que somos el eslabón más débil porque como colectivo rara vez nos unimos, porque en general somos autistas ante los problemas de los compañeros y, casi nunca salimos colectivamente a reivindicar los Derechos del compañero como si fuesen propios... que lo son.

Volviendo al ejemplo del que me valdré, me vi sometido al arbitrario designio de un Presidente de Sala que, pese a ser conocedor de la existencia de dos señalamientos coincidentes, se empeñó en celebrar “su juicio” incluso a riesgo de mi propia salud y, peor aún, de los Derechos fundamentales (de defensa y debido proceso) de quienes se enfrentan a importantes penas de prisión.

Es causa de suspensión de un Juicio la coincidencia de señalamientos para un mismo abogado. El Legislador ha entendido, con acierto, que el Derecho de defensa se sustenta en la confianza abogado-cliente y, por tanto, si un abogado debidamente designado tiene dos señalamientos tendrá que suspenderse uno de ellos, estableciéndose la forma en que se tramitarán dichas situaciones y, también, cómo ha de asignarse la preferencia entre señalamientos coincidentes.

Después de una larga tramitación, plagada de recursos e incluso de una solicitud de amparo al Colegio de Abogados de Madrid, ganó el Presidente de Sala quien me obligó a simultanear dos juicios técnicamente muy complejos olvidándose que, con ello, ponía en riesgo mi salud y, sobre todo, la salud de ambos procesos: el suyo y aquél que era coincidente y preferente. Triunfó la “potestas” por sobre la “auctoritas” y, de paso, salió irremediablemente dañada la Justicia por culpa de quien considera que la celeridad es signo de eficiencia.

En virtud del poder con que cuenta un Presidente de Sala se me obligó a hacer lo que no quería y, peor aún, aquello que la Ley no quiere. Fueron días de gran tensión y, las semanas previas, de gran trabajo para poder asimilar y preparar dos complejos y extensos procesos, asumir los contenidos de ambos, preparar los interrogatorios de ambos, buscar la jurisprudencia de ambos y celebrar ambos sin que se produjera merma en mis obligaciones: dar la mejor defensa posible a quien así me lo solicita. No es fácil retener los datos de miles y miles de folios y, mucho menos, cuando se trata de causas absolutamente distintas.

Al final, he estado varios días corriendo de un Tribunal a otro, cambiando de sumario, de defendido, de temática y de todo, por el afán del Juez Fernando Grande-Marlaska por celebrar “su juicio” en unas concretas y determinadas fechas, con olvido absoluto de lo que establece la Ley para estos supuestos. Desconozco las razones que le han llevado a tal comportamiento pero conozco las consecuencias que para mí ha tenido y, sobre todo, las consecuencias que esa actitud tiene para algo esencial: el respeto de los Derechos Fundamentales del justiciable, que poco o nada le han importado. Su decisión afectó a dos procesos, a dos acusados y, también a muchos abogados cuyas agendas y carga laboral se ha visto trastocada por vaya uno a saber qué razones.

En la Justicia, la eficiencia solo se conseguirá el día que se cuente con más y mejores medios humanos y materiales que permitan ir más rápido pero sin merma de las garantías constitucionales; pretender acelerar con los medios actuales no solo es ilusorio sino un claro atentado contra quienes forman parte o colaboramos lealmente con la Administración de Justicia.

Desconozco cuántos muertos más se necesitarán para darse cuenta de ello pero entiendo que solo desde la unidad de acción, desde la solidaridad y desde la firmeza de quienes individual o colectivamente nos vemos afectados por esta visión de la Justicia y este tipo de abusos, podremos cambiar el curso de algo que se está haciendo costumbre: exigirnos esfuerzos inhumanos a todos menos al encargado de remediarlo que es el Gobierno.

El pasado 28 de septiembre supimos del fallecimiento en acto de servicio del abogado Oscar Melchor Rodríguez Valverde, murió de un infarto mientras prestaba servicio en la guardia de detenidos de los Juzgados de Plaza de Castilla; la muerte del compañero ya vino precedida de la del Juez Ángel Luis del Olmo en 2013. Los denominadores comunes entre ambos casos son: el inadecuado equipamiento con que cuentan dichos Juzgados, la excesiva carga de trabajo que resistimos los profesionales de la Justicia y la resignación con la que asumimos estas circunstancias y sus consecuencias.

España está en el vagón de cola respecto al número de jueces y fiscales por habitante en Europa lo que hace que esos profesionales de la Justicia estén sometidos a unas condiciones laborales inasumibles si lo que se pretende es tener una Justicia de calidad y unos juristas sanos. La salud laboral de quienes nos dedicamos al ámbito de la Justicia está absolutamente deteriorada, maltratada y olvidad, también la de los abogados. Los culpables somos dos: de una parte, el gobierno por no dotar de las medidas, medios humanos y materiales para que esto no suceda y, de otra, los propios profesionales que consentimos que se nos someta a tal carga de trabajo que pone en riesgo la calidad del servicio y la saludo de quienes lo prestamos.