Las enfermeras de Madrid están exhaustas y resignadas, pero no les queda otra. Mientras la comunidad atraviesa la sexta ola de la pandemia con cifras récord de contagios y los hospitales y centros de salud se colapsan, ellas siguen trabajando de forma precaria con unas condiciones laborales cada vez peores. Hay más pacientes por la pandemia y más carga de trabajo, pero no más apoyos para los sanitarios que llevan dos años en primera línea. Aunque eso no es nada nuevo.
La pasada semana el sindicato de Enfermería (SATSE) denunciaba que el 36% de las bajas sanitarias pertenecían a este grupo. Son 439 las enfermeras que se han contagiado de coronavirus en los últimos días, la mayoría de ellas en atención primaria, el sector sanitario más golpeado y desgastado. La cifra podría multiplicarse ya que en las últimas cuatro semanas el número de bajas en el colectivo se ha ido doblando, afirma Jesús García Ramos, portavoz de SATSE en Madrid.
García Ramos explica que la situación es de colapso y que “la COVID ha abierto las heridas”. Asegura que el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid permanece debilitado y no es solo por la pandemia. Los problemas son estructurales y vienen de mucho antes. Hace años ya había falta de personal. Un personal que ya está agotado y que a veces no tiene más remedio que abandonar. Pero esta situación, subraya, no solo deriva del coronavirus, sino también de la mala gestión y el maltrato constante de quien debería amparar a los sanitarios, el Gobierno de la región.
Este sindicalista apunta que son muchas las ocasiones en las que no se envía a nadie para cubrir las bajas de las enfermeras que se contagian de coronavirus, y son el resto de compañeras las que tienen que cargar con más trabajo del que ya tienen, perdiendo días libres por el camino y ganando horas extra. Pero este solo es uno de tantos ejemplos. La COVID no ha hecho más que acentuar las carencias del sistema sanitario. Las exigencias de mejoras, ya no solo de las enfermeras sino de los todos sanitarios y de los madrileños que ven que cada vez tienen peores servicios, vienen de mucho antes de que estallase la pandemia en marzo de 2020.
El portavoz de SATSE pone cifras a la precariedad de la enfermería en la sanidad madrileña. Explica que el 50% de la plantilla de enfermeras es temporal, conforme a los datos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Y añade que el contrato COVID, que es de carácter temporal y que consiste en un refuerzo para los centros sanitarios ante la actual situación, se alarga cada mes o cada tres meses. Sin embargo, si el contrato acaba y la sanitaria está de baja por coronavirus, su contrato no se renueva para el siguiente mes. La lista “corre” y se llama a otra enfermera. Les prometen que cuando la baja termine les volverán a renovar el contrato, pero no hay nada seguro, no hay ningún documento que ampare esa promesa. Todo se queda en el aire. “Es paradójico —señala— que tú tengas un contrato COVID, estés de baja por COVID el 31 de diciembre y no te renueven el contrato”.
“Es insostenible vivir así”, lamenta un enfermero que trabaja en una de las denominadas plantas COVID. Tiene un contrato vinculado a la pandemia y teme contagiarse. “Ya no es solo por los síntomas, es que me puedo quedar sin trabajo”, asegura. El enfermero explica que una de sus compañeras terminó el año contagiada y al tener este tipo de contrato y estar de baja, no se lo renovaron. “Le prometieron que cuando lo pasara volvería a trabajar, y así ha sido. Pero estas condiciones no son sostenibles, ya por salud mental”, denuncia.
Desde SATSE también afirman que las plantillas, a pesar de lo prometido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no solo no han aumentado respecto a 2020 sino que han disminuido. Según el último informe de SERMAS en noviembre de de 2021 había 184 enfermeras menos en que en diciembre del año anterior. El sindicato afirma, en consecuencia, que cada vez hay menos enfermeras y cada vez con peores condiciones.
Pero los problemas no se acaban ahí. Una enfermera que trabaja en diálisis en uno de los grandes hospitales de Madrid explica que cuando una de sus compañeras se contagia y se da de baja no llega ningún otro profesional para cubrir su puesto. “Como no quieren contratar a más personal, las que estamos tenemos que doblar turnos y quitarnos días libres”, asegura.
La trabajadora denuncia que esos días “no se los van a devolver, porque sigue faltando personal y no pueden devolverlos de ninguna manera”. Pero, además, asegura que esas horas no se les pagan como correspondería. “Si estaba dentro de tus horas no te lo pagan y si se cuenta como horas extras no hay un incentivo de 'te voy a pagar más porque has trabajado más y ha sido un sobreesfuerzo', no. Es lo mismo de siempre”. La sanitaria ironiza con que “es muy fácil exigir que la enfermería arrime el hombro”, pero insiste en que para eso primero necesitan que las cuiden con contratos que les garanticen estabilidad.
Y es que los contratos COVID no garantizan precisamente esta estabilidad. Una enfermera que trabaja bajo este tipo de contrato explica que se están utilizando para cubrir las bajas. “Te sacan de tu unidad y te meten en otra”, asegura. En su caso la cambiaron de hospital sin avisar siquiera a su supervisior con antelación. “Me llamaron el día 29 de diciembre para decirme que el 1 de enero empezaba a trabajar en el Zendal”, sostiene.
Las sanitarias eligen en un listado los hospitales en los que quieren trabajar y según su puntuación trabajan en unos u otros, siempre dentro de su elección. Sin embargo, esta trabajadora nunca marcó el Zendal y cuando dijo que se negaba a efectuar el cambio le dijeron que la penalizarían un año fuera de bolsa. “Es lo que hay”, le advirtieron. Ahora está trabajado en el Zendal y se siente maltratada por la gestión. “Al fin y al cabo yo me he ido chantajeada y coaccionada”, declara.
La enfermería necesita garantías, seguridad y respeto ante su profesión. Estas trabajadoras se sienten agotadas por la gran carga de trabajo, pero también por el trato que reciben. Es una situación nueva y difícil de gestionar, pero dos años son suficientes para crear un plan de contingencia que no ha llegado, denuncian desde SASTE.
En el sindicato afirman que esta falta de personal y el consecuente colapso de los centros sanitarios repercuten en la salud. Se ha dejado de lado la prevención y la atención a otras enfermedades y son los ciudadanos los que pagan las consecuencias. Una enfermera que trabaja en urgencias del Servicio de Atención Rural (SAR) explica que muchas personas se quedan fuera de consulta con su médico de cabecera porque está atendiendo positivos de COVID y acude a urgencias tiempo después. “Han llegado personas con principios de enfermedades graves que no se han visto porque el paciente no puede ir al centro de salud y lo ha ido dejando, hasta que se ha convertido en algo preocupante”, sentencia esta sanitaria.