Cómo se forjó la 'operación Saga': un viacrucis de diez años para la SGAE

La fotografía era inevitable: un coche de la Guardia Civil prácticamente empotrado en la puerta del Palacio de Longoria, aparcado sobre la estrecha acera que da paso a la sede de la Sociedad General de Autores. Era 1 de julio de 2011. Unos estudiantes presentaban en el salón de actos sus trabajos de fin de máster y eran desalojados sin recibir explicaciones. Mientras ellos salían, los guardias civiles entraban. Esa imagen marcó el futuro de la historia de la SGAE de una manera indeleble.

Ha sido necesaria una década para cerrar judicialmente esa herida, cuyas repercusiones en términos reputacionales van mucho más allá. El caso Saga, cuya sentencia absolutoria acaba de conocerse, es la punta del iceberg de una deriva que ha dejado a la casa de los autores al borde de la ruina, asolada por luchas intestinas y una perniciosa inercia conocida como 'la rueda', donde unos pocos autores se beneficiaban de la explotación de repertorio en la franja nocturna de la televisión.

Aquel 1 de julio, la Guardia Civil se llevó detenido a Teddy Bautista por supuestos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos, cuya sentencia de absolución es la que ahora ha visto la luz. Esa mañana de verano detuvieron a ocho personas más, una de ellas era José Luis Rodríguez Neri, miembro de la Junta Directiva de la SGAE entre el año 2000 y 2007, director de Gestión de la Información de la entidad y director general de la SDAE, una sociedad creada para ofrecer servicios que facilitaran la difusión en internet de los autores de la SGAE, con el objetivo ulterior de fomentar la recaudación de derechos digitales. Además, Neri era consejero, apoderado y administrador solidario en otra empresa nueva asociada a la SGAE, Portal Latino, un sello para publicar a algunos autores y promover su obra en Internet. Eso era lo que se contó en su día, pero la investigación judicial que asomó a la opinión pública aquel verano expuso unas intenciones diferentes: una trama de desvío de fondos para el enriquecimiento personal de Neri y su entorno. Es la conocida como 'operación Saga'.

Servicios subcontratados

La empresa Microgénesis, que Neri había dirigido hasta el año 2000, había quedado en manos de su esposa, María Antonia García Pombo y su hermana, Eva García Pombo. Microgénesis se convirtió en la principal contratista de SDAE. Posteriormente, Microgénesis se integra en la empresa Ribera de Mayorga, cuya principal accionista es Elena Vázquez, otra de las acusadas. El director financiero de Microgénesis, Celedonio Martín, también quedó imputado, así como Rafael Ramos, el administrador único de la empresa. Por parte de la SGAE, además de Bautista y Neri, fueron investigados y acusados el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga Quincoces, y el Director General de la SGAE entre 1990 y 2021, Enrique Loras Garcías.

El registro de la sede y las nueve detenciones sorprendieron a la opinión pública pero no a Víctor Domingo ni a Luis Cobo 'Manglis', que llevaban cuatro años esperando algo así. La primera denuncia se había presentado el 14 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía por un delito continuado de estafa de especial gravedad. Lo hizo Víctor Domingo, el presidente de la histórica y pionera Asociación de Internautas, bandera de la lucha contra el canon de la SGAE en los soportes digitales y fallecido en 2019. “Víctor Domingo tomó la decisión de participar y de ponernos manos a la obra para poder destapar lo que allí estaba ocurriendo, porque las personas que estaban dirigiendo la SGAE en aquel momento estaban profundamente en contra de lo que suponían los derechos digitales, tanto para los autores como para los usuarios de internet”, recuerda Ofelia Tejerina, actual presidenta de la asociación. “Lo que les interesaba es que todo continuara como siempre, había una decisión absolutamente rancia en la gestión de estos derechos que impedía a los autores aprovecharse de las ventajas que ofrecía internet”, añade.

Domingo, junto a los presidentes de la Asociación de Usuarios de Internet, de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y de la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon, se dirigieron a la fiscalía anticorrupción para poner en conocimiento unos indicios que consideraron de carácter delictivo sobre la relación de SGAE con empresas “de clara naturaleza lucrativa”. Microgénesis era una de ellas. Que Rodríguez Neri hubiera sido el director de esta última, para luego ser un alto directivo de la SGAE que contrataba a Microgénesis como proveedor, o que el email con el que se había registrado el dominio de esta empresa fuera la del administrador de la SDAE era, para ellos “extraño”. Comunicaron a la fiscalía una “indudable evidencia” de “malversación” de los recursos económicos de la SGAE.

El origen de las denuncias

Anteriormente a esa denuncia, la primera persona que aireó una sospecha sobre este entramado de relaciones de la SGAE con empresas para gestionar los derechos digitales fue un autor de la casa, Luis Cobo 'Manglis', quien realizó una sonora intervención en una Asamblea de socios en mayo de 2007 que le costó ser expedientado. En ella, hizo preguntas sobre el despilfarro en obras arquitectónicas —el proyecto Arteria— y solicitó que Neri respondiera sobre el “trato de favor” de la SGAE a Microgénesis. Ese día, Neri justificó de esta manera cuál era la relación entre la SGAE, Portal Latino y Microgénesis: “En 2011 el Consejo de SDAE decide que hay que intervenir en internet (...) y se entendía que el brazo armado en internet tenía que ser una organización 'n'. Como en aquella época la creación de la SDAE estaba en riesgo, porque había algunos editores habían llegado a la conclusión de que estaba mal creada o que pudiera hacer competencia desleal, esto se demostró a lo largo del tiempo que no había sido así, Microgénesis vino a crear Portal Latino, pero siempre desde el primer momento se tenía que claro que terminaría siendo de la SDAE”.

Las preocupaciones de Manglis venían de más atrás, de 1999, cuando realizó un trabajo de composición y producción de 28 grabaciones musicales para Neri y Microgénesis, que fueron insertadas en unos deuvedé de vídeos de cocina y en un cd-rom que realizó la SDAE. Este incluía un tutorial sobre cómo acceder al mundo digital, usar un correo electrónico especial para los socios y su propio espacio virtual en una nueva web denominada Portal Latino, sobre la cual la SGAE hizo una potente campaña de promoción. De ese cd-rom se fabricaron 52.000 unidades, según recuerda Manglis, para regalar a los socios y socias. El autor explica a elDiario.es que pactó “verbalmente” una compensación del 30% en derechos por esas obras que nunca vio: “me sentí estafado”, dice. Esto, sumado a un retraso en el cobro de sus derechos de autor, hizo estallar un conflicto con la entidad en el año 2005.

“Estuve años intentando arreglar con José Neri este asunto y, créeme que fue imposible solucionarlo”, asegura Manglis. Tras un acto de conciliación interno, consiguió cobrar una parte de los derechos que reclamaba. Pero la SGAE le abrió un expediente disciplinario por “falta de respeto” y “afán obstruccionista en las asambleas” con una multa de 3.000 euros y una suspensión de cinco años de sus derechos como socio. El músico denunció la injusticia de esa sanción, la Audiencia Provincial le dio la razón y acabó interponiendo una demanda por daños y perjuicios, la cual también le favoreció.

Catorce años después, Manglis reflexiona lo siguiente, en una entrevista realizada antes de que se conociera la sentencia: “Nunca deseé exponer en aquella asamblea lo que averigüé tras el contencioso con José Neri y Microgénesis, y tras el análisis de la copia simple en el Registro Mercantil de la empresa Microgénesis, que no era otra cosa que el tráfico de influencias en el que comprobé que estaba inmerso Neri, la SDAE y Microgénesis, porque sabía que profesionalmente habría una destrucción masiva, tanto para él, como para mí, pero me vi obligado a resolver esa cuestión de mi remuneración”. Cuando intuyó que podría haber un desvío de fondos fraudulentos, que se han resuelto como no probados, el músico sintió que estaba siendo personalmente perjudicado, al no haber cobrado lo que se le debía. Explica también que sintió “impotencia” por “no poder solucionar ese tema económico”, a pesar de que “no era una cantidad importante pero era el pan de mi casa y el fruto de mi trabajo”.

Al respecto de lo que significó la SDAE para los planes de intervención en el mercado digital de la SGAE, el compositor, profesor de la Universidad Europea de Madrid y experto en propiedad intelectual José Sánchez-Sanz, explica que, de esa entidad, no recuerda “nada más que los pleitos y juicios que acarreó”. Para él, lo que fue creado como una sociedad paralela, tenía como objetivo algo similar a la herramienta actual de SGAE denominada “Socios en Línea”. “Recuerdo vagamente que Portal Latino se vendió a bombo y platillo entre las socias y los socios de la entidad. Nos llegaban correos electrónicos, y cartas a nuestros domicilios con muchísimas cosas que, a la hora de la verdad, nunca supe su utilidad. Era una herramienta excesivamente ambiciosa, ya que combinaba el simple registro de obra, con una plataforma para escuchar música, incluso con intenciones de red social. Un 'totum revolutum' que nunca sirvió para nada, ya que en aquel entonces surgían ya iniciativas tecnológicas con apoyos mucho más fuertes, como MySpace, por ejemplo. Fue otra maniobra megalomaníaca de Teddy Bautista, quizá impulsado por el momento de éxito en el que estaba la SGAE, tanto a nivel de recaudación como de repercusión social. Subidos a la ola de lo digital montaron una propuesta que, como tantas que surgieron en ese momento, tenía el recorrido equivalente a la realidad de los objetivos planteados. Los del Portal Latino eran bastante irreales”, explica.

SGAE, única perjudicada

En el largo camino hasta la sentencia absolutoria ha habido otros protagonistas ocultos. Son los autores que decidieron presentarse como acusación particular y que acabaron descolgados. Uno de ellos fue Eme Navarro, un autor que destacó por la defensa de las licencias libres en el restringido entorno de la SGAE. “Se necesitaban socios que nos personáramos para apoyar a Luis [Cobo]”, recuerda en conversación con elDiario.es, “y lo dejamos en manos de [el abogado experto en propiedad intelectual] Javier de la Cueva”. Eran los tiempos anteriores a las actuales plataformas de streaming, un momento dorado para la autogestión en internet, cuando seguía vigente el intercambio de archivos P2P, Napster daba sus últimos coletazos, algunos blogs era más leídos que algunos medios digitales, estaba activa la guerra contra el canon y se cernía la amenaza de cierre de páginas webs que no pagaban a la SGAE.

En ese contexto es en el que Navarro sintió que debía intervenir: “yo me apuntaba a un bombardero”, recuerda. “Lo hice por motivaciones activistas —aclara— porque había un intento constante de censura de la SGAE a la red y a la difusión de la obra”, por lo que sintió que debía luchar “contra el monopolio de la SGAE desde el punto de vista del propio autor, vimos aquella época como una oportunidad de eliminar los intermediarios pero no lo hemos conseguido”.

El pianista y compositor Antonio Prieto también decidió personarse en la causa. En su caso, lo hizo porque se sentía “perjudicado”: “La SGAE me debe dinero”. Afirma Prieto que son “miles de euros” en “derechos con nombre y apellido, de orquestas y bandas de dentro y fuera de España” tanto por ejecución en locales como en televisión. Prieto consideró que si había un presunto dinero malversado de fondos de la SGAE y él no cobraba lo suyo, estaba siendo perjudicado. Al habla con elDiario.es unas semanas antes de conocerse la sentencia, Prieto afirmó que la Audiencia Nacional nunca le comunicó que le expulsaba del procedimiento. Una persona más, junto a Prieto, Navarro y Manglis, formó esta cuadrilla de autores que quisieron participar de este proceso juridíco para darle una dimensión más amplia, sin conseguirlo. Se trata del músico de jazz y fundador del mítico sello Calandria —parte de cuyas ediciones fueron recopiladas por la discográfica Vampisoul, de Munster Records— Antoliano Toldos, fallecido en mayo de 2020. Antoliano fue un socio crítico con la SGAE e incansable hasta el final.  

En el juzgado les dijeron que no podían personarse por separado y que debían ir bajo la misma dirección letrada, por lo que De la Cueva se retiró pronto del proceso, dejándolo en manos de los otros abogados. A la intención de Toldos, Prieto, Navarro y Manglis, se sumó otro autor: Hermes Calabria, batería de Barón Rojo. Los cuatro primeros quedaron descolgados y el único rastro que queda de ellos en la sentencia es que “no dieron cumplimiento a los requisitos de personación exigidos por el Juzgado Central”, pero la acusación de Calabria sí superó la fase de instrucción.

No obstante, al llegar el juicio, la Sala decidió declarar su falta de legitimación por “carecer de la cualidad de perjudicado”, reservándosela exclusivamente a la propia Sociedad General de Autores y Editores. Calabria se había personado para ejercer una acción penal por la posible comisión de un delito societario que finalmente no ha sido objeto de acusación.

“La SGAE ha sido la gran perjudicada de este asunto”, valora Luis Cobo 'Manglis'. “La mala prensa, que ya tenía por aquel tiempo y las guerras y frentes abiertos con toda la sociedad, se multiplicaron cuando aquel día entró la Guardia Civil, y de ahí nunca más se ha levantado”. Para el actual presidente de la entidad, Antonio Onetti, “es una magnífica noticia que después de diez años haya habido una sentencia, porque han sido diez años donde toda la cúpula de la SGAE en 2011 ha estado a disposición judicial, y eso ha sido muy duro para ellos, para la casa y la gestión colectiva”, ha expresado a la agencia Efe. “Es una satisfacción el hecho de comprobar que la justicia aprecia que no haya habido corrupción dentro de su casa”, ha añadido.

Los hechos que ha juzgado la Audiencia Nacional arrojan luz sobre la sospecha que en su día hubo sobre apropiación indebida o administración desleal. Según la sentencia, los órganos de la SGAE estaban al tanto de todos estos movimientos, por lo que son legítimos. Pero estos hechos también permiten viajar en el tiempo al contexto de aquel momento, unos años clave en la explotación de los derechos digitales donde predominaba la tensión entre la gestión de los derechos de autor y la esencia de cultura libre y compartida intrínseca al nacimiento de internet. “Con SDAE se podría haber abierto un buen camino, si se hubiesen hecho las cosas bien, por supuesto”, analiza José Sánchez-Sanz. “Si se hubiese estado pendiente de lo que estaba sucediendo, investigando a fondo las posibilidades y observando las direcciones que tomaban los acontecimientos, ahora mismo la SGAE estaría preparada a enfrentarse al entorno digital con solvencia, tal y como ha sucedido con otras entidades de gestión. Están a tiempo de encontrar una vía, por supuesto, pero que van tarde es la cruda realidad”.