Había que declararla manzana podrida para convertirla en manzana de oro. OHL dejó por escrito en julio de 2012 –en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es– cómo debía hacerlo la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (DGPH), bajo mandato de Esperanza Aguirre (PP). La presidenta de la región estaba en bancarrota y negociaba al tiempo con Juan Miguel Villar Mir, dueño de OHL, la venta por cinco millones de euros de un retrato de Goya propiedad de la familia de la presidenta. Las órdenes eran que el organismo responsable de velar por el legado histórico y artístico debía crear un nuevo argumentario en contra de dos de los seis edificios del siglo XIX y XX de la denominada 'manzana de Canalejas' de Madrid para retirarles la máxima protección a dos de ellos y destruir el complejo en poder del Banco Santander, que en 2004 había trasladado los servicios bancarios a su nueva sede financiera en Boadilla del Monte. Sólo de esta manera, dejando la protección en las fachadas, podría OHL comprar el conjunto arquitectónico y cumplir con las exigencias de la cadena de hoteles de lujo Four Seasons, sin presencia en la capital de España.
Estos dos edificios habían sido declarados en los años setenta y noventa como Bien de Interés Cultural (BIC) por su excepcionalidad, pero OHL quería vaciarlos y dejarlos reducidos a sus fachadas. Four Seasons reclamaba a la constructora de Villar Mir para empezar a hablar un mínimo de 220 “llaves” y una superficie para banquetes “lo suficientemente generosa”, además de dos restaurantes, un spa y todos los servicios y espacios anexos necesarios. La petición era incompatible con la protección del patrimonio arquitectónico, en el plan diseñado por el arquitecto Carlos Lamela, a quien la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid pidió dos años y tres meses de cárcel por la destrucción que acometió en Canalejas. “El acusado decidió apartarse de dichas prescripciones, imponiendo sus propios criterios arquitectónicos” y “ordenó la ejecución de actuaciones no autorizadas”, puede leerse en la instrucción de junio de 2018. Un juzgado de lo penal de Madrid absolvió al arquitecto en agosto del mismo año.
Entre julio de 2012 y enero de 2013 se vivieron días “muy tensos” en la Dirección General de Patrimonio Histórico, tal y como ha podido saber este periódico por fuentes internas del organismo. Los altos cargos debían hacer cumplir a los funcionarios la orden de que la sociedad entendiera que los edificios de La Equitativa y del Banco Hispano Americano ya no tenían ningún valor arquitectónico y que no era necesario conservarlos. Ese era el plan para cometer un hecho sin precedentes en la historia del patrimonio español: desproteger dos monumentos nacionales. El tres de octubre Ignacio Muñoz Llinás, nombrado director general de Patrimonio Histórico unas semanas antes, da instrucciones de “modificar urgentemente los expedientes de declaración BIC de los edificios La Equitativa y Banco Hispano Americano”, recuerda una de las fuentes consultadas por este periódico que prefiere no dar su nombre.
El 22 de noviembre el trabajo técnico de revocación parcial de la declaración BIC ya estaba finalizada. Apenas un mes para un trámite que ni siquiera se ha resuelto todavía con el cuadro de Goya vendido. El 14 de diciembre de 2012 y el 2 de enero de 2013, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) publica los implacables escritos contra La Equitativa, donde se llega a denigrar hasta el diseño interior de este último con razonamientos como que “carecía de interés tipológico y se aproximaba más al concepto de arquitectura doméstica que institucional”. Este es el punto de vista de la Comunidad de Madrid sobre la obra de José Grases Riera (1850-1919), arquitecto del Palacio Longoria (actual sede de la SGAE) y del extraordinario monumento a Alfonso XII en el Retiro. El otro alegato que construyeron para permitir el derribo de este edificio y el del Banco Hispano Americano fueron las reformas que se hicieron a lo largo de su historia. En los escritos firmados por el director General de Patrimonio se especifica que más allá de la fachada el resto de los edificios carece de elementos de interés o valor cultural. El responsable de proteger el patrimonio madrileño dio vía libre a la destrucción del mismo.
Llinás coincidió con OHL en todo: que el espacio estaba “degradado”, que la reforma contribuiría al proceso de “rehabilitación del centro urbano” porque recuperaría los edificios que habían caído en desuso y generaría “actividad económica”. El ex alto cargo no ha querido responder a las preguntas de elDiario.es, pero aquel día dio luz verde a la Operación Canalejas con un argumentario que copiaba al de los interesados en comprar las propiedades para destruirlas. El dinero fue la justificación que acabó con el patrimonio histórico, en el seno del organismo que se encarga de conservarlo.
En enero se abre el periodo de información pública de los expedientes para presentar alegaciones contra la injerencia. La más importante de todas fue la de Amparo Berlinches, arquitecta y actual presidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, que redactó un extenso informe en el que desmontaba todos los argumentos de la DGPH y en él aclaraba que las sucesivas reformas las hicieron otros arquitectos de primera fila “que procedieron con sumo cuidado”, procurando mantener el nivel original. Berlinches indicó que las justificaciones esgrimidas “parecen mostrar una adecuación de sus decisiones a un proyecto de reforma no explicitado”. Es decir, la DGPH dio permiso de destrucción de los elementos valiosos a petición de OHL, que todavía ni siquiera era propietario del complejo.
Para Berlinches, la reforma de OHL obedece a un impulso “puramente especulativo” para aumentar la superficie edificada. Lo que había que proteger hacía veinte años ya no era necesario porque lo dijo OHL. Así consta en el documento base de la destrucción: “Los edificios no gozan de especiales elementos dignos de protección ni de recuperación, habiéndoseles otorgado en algunos supuestos un régimen de sobreprotección que no es acorde con su relevancia histórica”, aclara Carlos Lamela en el informe para OHL, que la constructora consensuó y entregó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.
Madrid Ciudadanía y Patrimonio se levantó contra la operación para tratar de paralizarla. Otro David contra Goliat sin final feliz. El 5 de febrero de 2013, ante las alegaciones bien fundamentadas, el director General de Patrimonio Histórico “dio instrucciones de no aumentar en ningún caso la protección de los edificios respecto al documento de incoación, en todo caso reducirla”, aseguran las mismas fuentes consultadas.
Alberto Tellería, miembro de la asociación, explica que la excusa para especular con el patrimonio siempre es la mismo, el abandono. “En lugar de reclamar la responsabilidad de la conservación a los dueños de los edificios, la DGPH dio la orden de destruirlos. En lugar de recuperarlos para el paisaje urbano con una limpieza y restauración que los devolviera a su esplendor original, rebajó la protección para permitir la venta. El resultado es monstruoso, porque han crecido cuatro plantas y borrado por completo la huella de la historia. No han protegido nada y los elementos que debían preservar los han repartido a su antojo por el interior. Es como si al Quijote le extraes las palabras y construyes otro relato con ellas”, cuenta Tellería.
Para el experto en patrimonio, que luchó desde el inicio con Vicente Patón, esta operación fue “una venta condicionada a la rebaja de la protección”. Asegura que la consulta realizada por OHL no era tal: presentaron un informe en el que daban las pautas para que la Comunidad de Madrid hiciera todo tal y como querían. “La DGPH obedeció y cumplió con todas las pautas de la constructora. La facilidad con la que OHL consiguió todo nos sorprendía. No lo entendíamos hasta hoy”, explica Tellería en referencia a la compra-venta del retrato pintado por Goya. Además, explica que los propietarios del complejo no pagan el IBI de las partes declaradas como BIC (fachada y primera crujía).
El 20 de febrero de 2013 la subdirectora General de Protección de Patrimonio Histórico presenta los expedientes de modificación de la protección legal de los dos BIC del complejo Canalejas al Consejo Regional de Patrimonio Histórico. Votan a favor de la desprotección los cargos públicos municipales, autonómicos y nacionales presentes en dicho Consejo, los representantes del COAM y de la Iglesia Católica. Es decir, la mayoría. Alicia Torija, arqueóloga, hoy diputada por Más Madrid en la Asamblea y entonces parte de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, señala que los altos cargos se sirven de este Consejo “manipulado y manipulable” para actuar contra el patrimonio sin miedo a ser juzgados por ello. “Está todo pactado para hacer y deshacer a favor del Gobierno. Para destruir Canalejas utilizaron la fórmula que reconoce la protección de un monumento para evitar su destrucción. Es urgentísima una reforma de este órgano para ganar en transparencia e independencia y que no vuelva a suceder algo como Canalejas”, sostiene Torija.