El fiscal acusa a Ramoncín de una estrategia temeraria para sacar dinero fácil de la SGAE

El fiscal ha mantenido hoy su petición de 4 años y 10 meses de cárcel para el cantante Ramoncín, a quien acusa de una estrategia “temeraria” para obtener dinero de la forma “más fácil y rápida” de la SGAE y al que ha advertido de consecuencias procesales por aportar documentos de “dudosa originalidad”. Así lo ha indicado hoy el fiscal Anticorrupción José Miguel Alonso durante el informe de sus conclusiones finales en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Nacional contra José Ramón Márquez, Ramoncín, y tres exdirectivos de la Sociedad General de Autores (SGAE) por urdir una trama de emisión de facturas falsas con la que sustrajeron 57.402 euros a esa entidad.

El fiscal Anticorrupción ha puesto de manifiesto la existencia de “indicios evidentes de una ilicitud” en la presentación de documentos de “dudosa originalidad” y ha advertido de que investigará las consecuencias procesales que puede tener este hecho. Al inicio de la sesión de hoy, un guardia civil que ha declarado como perito ha considerado también que había indicios de que Ramoncín habría fabricado documentación “ad hoc” para justificar su defensa. Según el fiscal, a lo largo de la investigación han aparecido “un montón de facturas y operaciones sumamente dudosas” y ha considerado “inaudito” que se pretenda otorgar validez a los documentos que ha aportado en el juicio, “obviando los que intervino la policía judicial” en los registros efectuados en la investigación.

“Auténticas máquinas de generar pérdidas”

El juicio que ha quedado hoy visto para sentencia es una pieza separada de la causa principal abierta en 2011 a exdirectivos de la SGAE, entre ellos el expresidente Teddy Bautista. Además de Ramoncín, que estuvo en la Junta Directiva de la SGAE entre 1998 y 2007, y que está acusado de apropiación indebida, falsedad documental y delito societario, han sido juzgados también el ex director general de la SDAE -filial digital de la SGAE- y presunto cabecilla de esta trama, José Luis Rodríguez Neri; el ex secretario general de la SGAE Pablo Antonio Hernández Arroyo, y dos años para el ex director general de la entidad Enrique Loras.

El representante del Ministerio Público considera que Ramoncín y “su amigo” Neri, “con el exclusivo objetivo de procurarse un lucro ilícito”, elaboraron documentos de apariencia legal para sustraer fondos de la SGAE mediante cinco operaciones, con las que obtuvo 57.402 euros, por trabajos que en realidad no llevó a cabo. Durante su informe, el fiscal ha atribuido a Ramoncín una actuación “sumamente espuria y torticera para extraer fondos de auténticas máquinas de generar pérdidas”, como eran las empresas filiales de la SGAE, la SDAE y Portal Latino.

Además ha considerado que los acusados infringieron “de manera clamorosa” la regulación establecida para miembros de sociedades mercantiles con “negocios jurídicos criminalizados”, como es la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y que los pagos no fueron aprobados por la Junta directiva de la entidad sino que, por el contrario, hubo una ocultación de los mismos. El abogado del cantante, Francisco Pereña, ha sostenido la inocencia de Ramoncín y ha sostenido que los trabajos fueron realizados y que no se ha practicado ninguna “albañilería financiera” para justificar los pagos, al igual que han hecho los letrados del resto de los acusados.