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Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria: la misión imposible de encontrar expertos que la conformen

Un convoy de Metrovalencia en la estación de Alameda.

Carlos Navarro Castelló

Valencia —

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La creación de una Agencia de Seguridad Ferroviaria fue una de las demandas de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio durante una década.

Antes de las elecciones de 2015, seis partidos se comprometieron a impulsarla (PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos, Esquerra Unida y UPyD) y con el Gobierno del Botánico la consellera de Obras Públicas y Vertebración, Maria José Salvador, asumió el compromiso.

Sin embargo, cuatro años después se ha visto incapaz de ponerla en marcha, aunque no precisamente por falta de voluntad.

Después de muchos trámites, logró que se aprobara la ley en marzo del año pasado. Pero las enmiendas que los grupos parlamentarios presentaron a la norma, pionera en el Estado español, modificaron el sistema de elección del Consejo Rector que debe poner en marcha la Agencia.

En aras de garantizar la independencia de los órganos de Gobierno, se acordó que tres de los cinco miembros fueran elegidos por las Corts Valencianes, a propuesta de los grupos parlamentarios y mediante propuestas suscritas por un mínimo de dos grupos, por mayoría de tres quintas partes.

Además, en el artículo 14 de la norma se estableció que los miembros gozarían “de independencia e inmovilidad, siendo su cargo incompatible con el ejercicio de cualquier otra actividad, tanto pública como privada, que no sea la administración de su propio patrimonio. El cargo de vocal de la agencia será incompatible con el desempeño de funciones directivas o ejecutivas en partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones empresariales y colegios profesionales”. 

Desde la Consellería consideraron estas medidas “altamente restrictivas” y difíciles de asumir. De hecho, en siete meses no encontraron candidatos que cumplieran los requisitos. El departamento de Maria José Salvador remitió un escrito a los parlamentarios del que no obtuvo respuesta. 

Ante esta situación, a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos, se modificaron dos artículo para dar a la Dirección General de Transporte las competencias para constituir la Agencia y para rebajar los requisitos para encontrar candidatos que puedan acceder al cargo.

Así, fuentes de la Conselleria de Obras Públicas han informado de que la Dirección General ha procedido ya a la redacción de los estatutos para que, una vez nombrados los cinco componentes del Consejor Rector por las recién constituidas Corts Valencianes y el futuro Consell, se encuentren el trabajo elaborado.

Las mismas fuentes han recordado que la consellera Salvador recibió a la asociación de Víctimas del Metro un día antes de ser nombrada vicepresidenta de Les Corts y les explicó las circunstancias.

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