Nepotismo en la estiba y las empresas del puerto de València: “¿Tienes familiares que han trabajado aquí? Es uno de los requisitos”

Hace dos años comenzó en los puertos de España una huelga que muchos consideraron histórica. Los estibadores, trabajadores del servicio portuario de manipulación de mercancías, dejaron prácticamente bloqueados los puertos cuando vieron amenazados sus derechos laborales. 

El Real Decreto que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 en cumplimiento de una sentencia del tribunal europeo desató una guerra en los puertos españoles. La Justicia europea condenó a España por mantener el monopolio de la estiba en los puertos y obligó a que las empresas de las terminales pudieran contratar a sus propios trabajadores en 2014. El Gobierno del PP no hizo nada por cumplir esa sentencia hasta que casi tres años después Europa amenazó con una multa multimillonaria y el Ejecutivo publicó un real decreto para liberalizar el sector. Los estibadores entendieron el decreto como una amenaza y respondieron con una fuerte movilización en defensa de sus condiciones laborales.

La gran huelga puso al sector en el punto de mira y desató las críticas de los empresarios, que aprovecharon el conflicto laboral para manifestar su descontento con el sistema. El foco reveló una serie de malas prácticas que se analizan en el segundo capítulo de la serie de documentales de À Punt 'Cròniques subterrànies' con el título 'Estiba: ¿lucha obrera o mafia?'. El reportaje plantea si es necesario tener familiares o amigos para ser estibador, un trabajo con una tasa de siniestralidad laboral elevada y unos salarios medios que rondan los 90.000 euros anuales. Y encuentra varios testimonios que avalan su teoría.

Un joven que prefiere no dar su identidad cuenta cómo se enfrentó al proceso de selección del que se encargaba la empresa Randstad. El joven se informó de la convocatoria y leyó una orden ministerial en la que especificaba que se requería formación profesional para ejercer la estiba. Obtuvo el título y se presentó.  En la convocatoria vio cómo a algunas personas les pedían una fotocopia del libro de familia al entregar la documentación a la Sagep, la sociedad de la estiba, gestionada por los trabajadores . “Sabía que lo tendría complicado, no tenía familiares allí”, explica el aspirante. 

Cuando comprobó que su nombre no figuraba entre los preseleccionados pese a tener la titulación, se puso en contacto con la empresa de recursos humanos que gestionó el proceso. “¿Cómo es posible que haya candidatos que no tienen la FP y han sido seleccionados y otros que sí la tienen  se han quedado fuera?”, preguntó a Randstad. La sorpresa le dejó descolocado:

-"No conoces como funciona el puerto. A nosotros nos pasan el listado ellos [la Sagep] ¿Tienes personas que han trabajado aquí?",

-"¿Familiares? No"

-"Pues es uno de los requisitos, creo"

Los periodistas confirmaron con Ranstad que Sevasa, el centro portuario de empleo de Valencia, les pasaba el listado de seleccionados. El comité de empresa de Sevasa-Sagep -es decir, el sindicato de estibadores- ya pidió al puerto que apartara a Randstad del proceso de selección en 2016. Los representantes sindicales niegan que haya enchufismo y se remiten a las cifras: es imposible, afirman, que en una década pasen de 400 a 1.500 trabajadores y todos sean familiares. “No damos para tanto”, bromea el representante sindical.

El testimonio del joven anónimo es avalado por otro trabajador, ya jubilado, que sí se identifica en el programa. Este trabajador quedó fuera de un proceso de selección y recurrió a los tribunales por discriminación sindical. También denunció acoso por parte de otros trabajadores. Diego Carrillo, gruista jubilado, explica que la contratación la controlaban los sindicatos, que decidían las incorporaciones la asamblea de trabajadores, aunque admite que había un proceso similar al de la posición. “La mayoría de ingresos son de parentesco”, concluye. Pero apunta a un dato desconocido o ingorado: las empresas también tienen cuota de enchufe, unos dos de cada diez. 

La denuncia que se presentó ante la justicia europea y desencadenó el conflicto laboral fue anónima. El presidente de MSC en España, uno de los pocos empresarios que accede a ser entrevistado para el reportaje, cree que la denuncia viene de grandes empresas que compraron parte de los puertos españoles y se toparon con un colectivo con sus derechos protegidos.

Hasta 2017, Noatum, la principal operadora de carga y descarga de mercancías del puerto de Valencia y fuerte en Bilbao, estaba controlada al 100% por la financiera JP Morgan. En junio de ese año, la compañía china Cosco Shipping Ports compró el 51% de Noatum. 

Los trabajadores de la estiba creen que se ha intentado demonizar al colectivo y se busca una liberalización del mercado que arruine sus condiciones laborales. Que se les llama privilegiados por tener una situación laboral digna, un sindicato que les defiende y unos derechos consolidados. “Deberíamos ser ejemplo de negociación”, afirma un representate, que cree que la patronal usa la técnica del “divide y vencerás”. Los empresarios, por su parte, piden tener a los trabajadores en su propia empresa de estiba, no depender de lo que la asamblea decida.