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La ITV de la hijastra de Blasco ocultó un “pelotazo” de 48 millones de euros en su venta

El exconseller popular Rafael Blasco durante su participación en la comisión de investigación parlamentaria sobre Taula

Laura Martínez

La reventa en 2005 de uno de los lotes privatizados de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) que licitó el exconseller Rafael Blasco en 1998 supuso un “pelotazo” de 47,9 millones para empresa de la hijastra del conseller y un amigo suyo. Es la información que ha llevado el potavoz de Compromís, Fran Ferri, a la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de la Operación Erial, por la que Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat entonces, está imputado.

Entre las investigaciones del caso Erial se encuentran presuntos pagos de comisiones de la empresa de la familia Cotino que trabajaba con las ITV, Sedesa, al expresidente de la Generalitat. Los datos de la coalición valencianista apuntan a otro de los lotes, fuera de la investigación, que es el que se adjudicó a la empresa Atecsa en 1998.

La de las inspecciones técnicas de vehículos fue la primera privatización del gobierno autonómico del PP y supuso todo un chollo para las empresas adjudicatarias. En 2005, con Blasco como conseller de Territorio, se aumentaron las tarifas de las ITV (las más caras de España) y se introdujo como obligatoria una prueba de sonido, voluntaria en otras autonomías. Las tarifas por vehículo diesel aumentaron un 133%, pasando de 18 a 42 euros. Sumando la aplicación del IPC, la prueba de emisiones y la prueba de sonometría, en diez años las empresas concesionarias incrementaron su facturación en 318 millones de euros, según calcula la coalición.

La hija de la esposa del conseller con su anterior matrimonio participaba al 25% de una de las empresas concesionarias, el grupo Tempero 9000. Este grupo compró el 99% de las acciones de Atecsa, la primera empresa que gestionaba las ITV, solo un año después de la adjudicación. Otro 25% era propiedad de Juan Ramón Ferris Tortajada, amigo de Blasco, a quién el exconseller dijo conocer de manera superficial en la comisión de investigación del 'caso Taula'.

Seis años después, Tempero 9000 fue comprada por dos empresas: el fondo Dinamia y Nmás 1, dos firmas de capital riesgo. En aquel momento, la prensa recogió que la venta se había producido por 14 millones de euros, como figuraba en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el contrato de compraventa en manos de la coalición, se asegura que el importe de la venta es de 47,9 millones de euros al contado; 15'9 millones por cada parte del grupo empresarial. La concesión a Atecsa en 1998 supuso el pago de 1,3 millones de pesetas (cerca de 8.000 euros) por la empresa.

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