Ribera Salud reclama 200.000 euros a su comité de empresa en Elche por denunciar abusos laborales en las inundaciones de septiembre de 2019

Denunciar presuntos abusos de la dirección a los trabajadores puede acarrear un alto coste para el comité de empresa, o al menos esto es lo que podría acabar ocurriendo a los representantes sindicales del Hospital del Vinalopó, del grupo Ribera Salud, mercantil en el punto de mira estos días después de que se supiera que habían trasladado a una parte de su plantilla de Elche y Torrevieja, entre otros centros, a Torrejón de Ardoz para participar en la realización de test masivos, pese a que el Ministerio de Sanidad lo desaconseja. 

El último precedente de las tensiones entre la dirección del hospital público de gestión privada y los representantes sindicales, ahora con miedo a expresar su opinión sobre la medida de Ribera Salud de trasladar 35 profesionales a Madrid, tuvo lugar en septiembre del año pasado.

En ese momento, en mitad de las históricas inundaciones que llevaron a miles de empresas a cesar su actividad para proteger a sus trabajadores y clientes ante la alerta roja, no todos los empresarios cumplieron con las recomendaciones. Este medio ya contó algunos casos de la Vega Baja; en Elche, los sindicatos estallaron contra la dirección del hospital del Vinalopó por entender que suponía un riesgo para los trabajadores la obligación de mantener la actividad programada en los servicios de Atención Primaria y Atención Especializada. 

Al comunicado del comité de empresa le siguió la respuesta de la dirección, negando que hubieran incurrido en irresponsabilidad con los trabajadores y avisándoles de que las “desafortunadas” declaraciones acarrearían “medidas legales parar reprobar esta actuación que incurre, una vez más y por cuestiones políticas, en desprestigiar el modelo Ribera Salud”.

Dicho y hecho. Los responsables del Vinalopó, que ahora han rechazado comentar este proceso judicial, denunciaron al comité por entender que había habido difamación de los representantes sindicales, un delito tipificado en el Código Penal como injurias y calumnias y que podría sentar en el banquillo al comité y varios miembros concretos denunciados, a los que reclama 200.000 euros en concepto de daños y perjuicios.

De momento, ya ha tenido lugar el acto de conciliación previo entre ambas partes, con el resultado de que no hay acuerdo. Las afirmaciones del comité a través de un escueto comunicado fueron formuladas por los miembros de un órgano que fue renovado poco después, en octubre de 2019, por lo que es el órgano renovado, el actual, el que tiene que hacer frente a la demanda.

Preguntado el comité por este proceso judicial, ha preferido no hacer declaraciones. Sí que ha avanzado a este medio que el lunes próximo se reunirán de emergencia -tras forzar tres secciones sindicales de siete el encuentro- para analizar la polémica que afecta a sus 35 empleados desplazados a Torrejón de Ardoz. Además hay otros 25 del hospital de Torrevieja y otros 40 hasta llegar al centenar de otros centros del grupo sanitario repartidos por España.