El caso del accidente de metro de 2006 en Valencia llegará a juicio
Doce años después del accidente de metro que acabó con la vida de 43 personas, la titular del juzgado de instrucción 21 de Valencia ha decidido procesar a la exgerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y a otros siete directivos de su época. Nieves Molina, tras archivar la causa en tres ocasiones, adopta esta decisión “vinculada” por los sucesivos autos de la sección segunda de la Audiencia Provincial que la obligaron a reabrir la causa.
El Juzgado número 21 de Valencia ha concluido la instrucción del accidente de metro de 2006 en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, con un auto en el que se rechaza acordar el sobreseimiento del caso pedido por ocho exdirectivos y que inicia el plazo para la apertura de juicio oral.
En un auto fechado el 31 de octubre facilitado, la titular del juzgado, Nieves Molina, ha acordado incoar el procedimiento abreviado para estas ocho personas, entre ellas la exgerente de FGV Marisa Gracia y el exjefe de talleres. El auto, cuya resolución no es firme y cabe recurso, abre el plazo de diez días para que el fiscal y las acusaciones personadas soliciten el sobreseimiento o la apertura de juicio oral formulando el correspondiente escrito de acusación.
En la resolución, la jueza se refiere al contenido del auto de la Audiencia de Valencia de febrero de este año, que ordenó reabrir por tercera vez la investigación del accidente, ordenó a la jueza instructora que llamara a declarar a los investigados en la causa y que, de no ser necesarias nuevas diligencias, se iniciara el juicio.
Además de Marisa Gracia, entre los investigados se encuentran los exdirectivos de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo.
Según recogió la resolución de la Audiencia provincial, la petición de recibir declaración de los investigados “llevará irremediablemente” a no poder atender las peticiones de sobreseimiento de las partes.
No obstante, la jueza de instrucción deja fuera de las declaraciones al jefe de talleres, que no era miembro del comité de seguridad, pero que la Audicencia sí acuerda que sea oído en declaración como investigado. En el escrito de la Audiencia se indica que las deficiencias detectadas en el material móvil (bogies, balonas y ventanas) pudieran ser indiciarias de la existencia de factores que podían aumentar por su propia naturaleza el riesgo del accidente, de lo que “parece desprenderse” que el procedimiento también debe continuar para el jefe de talleres.
Las víctimas aplauden la decisión
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha celebrado como una “noticia muy positiva”, la apertura del juicio oral.
“Es una noticia muy positiva y el paso que estábamos esperando”, ha subrayado, antes de añadir que “el auto de la Audiencia Provincial no dejaba duda sobre que la instrucción tenía que terminar en juicio oral” y sobre que “había indicios de delito cometido por las personas imputadas, entre ellas Marisa Gracia y el resto de directivos”, explica a Europa Press.
Garrote ha insistido en la importancia de que los procesados “se sienten en el banquillo” y “den explicaciones”, “independientemente del resultado del juicio”. Por ello, se ha mostrado “muy esperanzada” de estar “más cerca del juicio”. Asimismo, ha remarcado que el “auto de la Audiencia Provincial deja deja muy claro que hay indicio de delito” y “establece en concreto lo que entiende que se ha incumplido, la ley de prevención de riesgo laboral”, que “obliga a proteger todos los puntos peligrosos” y “no responsabiliza al conductor”, ha subrayado.
