43 muertos, 47 heridos y trece años de lucha civil: las víctimas del metro cierran la herida judicial

“43 muertos, 47 heridos, cero responsables” ha sido el lema de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro 3J los últimos trece años. Los familiares y víctimas fueron ninguneados durante años por los tribunales, por el Gobierno del PP valenciano y por la antigua Canal 9, la televisión autonómica que optó por emitir la visita del Papa en lugar de atender a las tràgicas consecuencias del siniestro. Todavía hoy se señala esa decisión como una de las vergüenzas de la antigua cadena pública. Con la sentencia condenatoria de este lunes y la segunda investigación parlamentaria, las víctimas pueden comenzar a cicatrizar las heridas.

Antes del reconocimiento parlamentario y en los tribunales, las víctimas se vieron ninguneadas por una parte de la sociedad, la que se sentaba en las instituciones, e ignorada por parte del resto. La lucha del colectivo comenzó días después del descarrilamiento, aunque no se constituyó como asociación formalmente hasta octubre. Corría el año 2006, curso preelectoral, se había organizado la visita del Papa Benedicto XVI y llegaba la trama Gürtel. Eran unas fechas complicadas para el PP valenciano, como se vio en los tribunales. El 21 de julio, el Parlamento autonómico de mayoría conservadora finiquitó la comisión de investigación que había iniciado cinco días antes. En una semana laboral comparecieron treinta personas y se analizó medio centenar de documentos. El dictamen, que es aprobado en solitario por los populares, sostiene que la única causa del siniestro fue el exceso de velocidad y que la línea era segura.

Más adelante se vería que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), empresa responsable del servicio de Metrovalencia, contrató a una consultora de comunicación para aleccionar a los testigos. El caso HM Sanchis supuso todo un escándalo. Un exdirectivo de FGV reconoció en la investigación parlamentaria que solicitaron sus servicios, cuestión que la consultora negó. 

Con el fracaso de la primera comisión de investigación se constituyó la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de julio (AVM3J), que comenzaría a manifestarse meses más tarde.

Los vaivenes del juicio fueron un suplicio para las víctimas y sus representantes. La jueza instructora, Nieves Molina, archivó el caso por primera vez en marzo de 2007, cuando no había pasado ni un año del siniestro. Como el parlamento, consideró también el exceso de velocidad como única causa del suceso y no estableció responsabilidad penal puesto que el conductor, al que se consideraba único responsable, murió en el accidente. El caso se cerró y reabrió hasta en tres ocasiones, a instancias de la Audiencia de Valencia, hasta llegar al acuerdo judicial de este lunes.

El día 3 del mes siguiente al primer archivo los integrantes de la asociación de víctimas comenzaron a concentrarse exigiendo dignidad. La primera protesta, masiva, recorrió las calles desde la estación de Jesús, donde ocurrió el siniestro, hasta la Plaza de la Virgen de Valencia. Cada día 3, mes tras mes, víctimas, familiares y amigos acudían a la plaza. En ocasiones, las concentraciones no llegaban a medio centenar. Así fueron pasando los años hasta agosto de 2015, cuando se reabrió la investigación parlamentaria.

En 2012, seis años después, nació el proyecto para la elaboración del documental 'La estrategia del silencio' en colaboración con la AVM3J, que se estrenó en 2017. Previamente, en 2013, se publicó el web documental '0 responsables'. Ambos proyectos despertaron el interés de una cadena privada nacional por el caso del metro de Valencia. En abril del mismo año, el espacio 'Salvados', conducido por Jordi Évole, realizó un especial sobre el accidente. El día 3 siguiente a su emisión miles de personas se concentraron en la Plaza de la Virgen. 

El parlamento valenciano y el Gobierno autonómico que salió de las urnas de mayo de 2015, con mayoría de los partidos de izquierda, comenzaron la reparación moral del colectivo. La primera recepción oficial del Gobierno progresista fue a la presidenta de la asociación de víctimas. Las Corts Valencianes aprobaron en su primer pleno reabrir la comisión de investigación del siniestro en una sesión en la que cedieron la palabra a Beatriz Garrote, entonces portavoz.

Meses más tarde, la segunda investigación parlamentaria determinó que el siniestro se produjo por la falta de seguridad y culpó al PP y a su presidente, Francisco Camps, de vejar a las víctimas e intentar ocultar la verdad. El dictamen, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, determinó que la línea 1 de Metro Valencia no era segura, que el gobierno del PP urdió una trama para ocultar la verdad, que no trató con dignidad a las víctimas y que la televisión pública valenciana tapó y manipuló la información sobre el siniestro. 

Que una baliza de frenado automático hubiera evitado el siniestro es una de las conclusiones de la sentencia condenatoria, publicada este lunes, y que por un acuerdo de las partes condena a un año y diez meses de prisión a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).