La ocupación del edificio en Castellón evidencia la falta de viviendas sociales

La ocupación del edificio de la Gran Vía de Castellón se alarga sin que se vislumbre ninguna solución. La posibilidad de una salida negociada entre la PAH (la entidad antidesahucios que tutela la ocupación) y el propietario del inmueble es cada vez más difícil, debido a que éste mantiene el anonimato, evita las conversaciones directas con la organización y ha puesto el caso en manos de la Policía, que a su vez ha trasladado el expediente al juzgado de guardia. La otra solución sería la de conseguir para las familias una vivienda de gestión pública con un alquiler social, pero también se presenta sumamente difícil, ya que el Ayuntamiento tiene una lista de espera de 20 familias. 

La situación ha puesto de manifiesto la falta de recursos para las personas que no pueden pagar una vivienda. Según Castelló en Moviment, hay alrededor de 60 familias en la ciudad que han pedido a los servicios sociales un techo. En la provincia, la cifra de demandantes de viviendas sociales sube a 712, según datos de la Generalitat Valenciana.

La PAH se muestra segura de que el dato que ha dado el equipo de gobierno del Ayuntamiento -20 familias en lista de espera- es demasiado escaso: “A finales del año pasado, había 80; es muy raro que en tampoco tiempo haya bajado tanto”, declaró María Jesús Garrido, portavoz de la PAH. Garrido hizo estas declaraciones el viernes al mediodía en una concentración de apoyo a las familias que han “recuperado” el edificio de Gran Vía, según la terminología utilizada por la PAH.

Un “grito de alerta” 

Así las cosas, la 'ocupación' de esta finca se está convirtiendo en un elemento de presión para las administraciones: “Es un grito de alerta al Ayuntamiento y la Consellería para garantizar un derecho básico como la vivienda”, afirmó en una nota de prensa Iñaki Vallejo, que es concejal de Castelló en Moviment y al mismo tiempo abogado de la PAH. La formación política y el colectivo antidesahucios presionan al Consistorio para que amplíe el parque de viviendas.

Y si las administraciones no tienen recursos para ello, deben ser -afirma la PAH- las personas jurídicas que acumulan pisos vacíos las que accedan a ponerlos en alquiler. Castelló en Moviment apunta directamente a los bancos: “De forma inmediata hacen falta 30 pisos en alquiler social, estos existen, están en manos de entidades rescatadas con el dinero de la ciudadanía: la SAREB y Bankia”. Garrido repitió el viernes que en total hay 13.000 viviendas vacías en Castellón. 

Sin agua y sin luz 

Mientras, la ocupación sigue. Son cinco familias que viven en el inmueble desde el pasado 28 de diciembre. Su permanencia y su negativa a salir si no tienen una solución habitacional asequible para sus ingresos está poniendo en un brete al Ayuntamiento. El Consistorio ha calificado la situación de “ilegal” y ha ofrecido “todos los recursos” de sus servicios sociales. No obstante, la propia existencia de la lista de espera es una muestra de que no hay viviendas sociales suficientes para las personas cuya escasez de ingresos les impide acceder a un techo. 

La PAH se niega a facilitar la identidad de las familias 'ocupas' para protegerlas en lo posible de potenciales problemas legales, pero afirma que todas ellas han pasado ya por los servicios sociales municipales sin obtener más solución que su inclusión en la lista de espera. Por su parte, el equipo de Gobierno afirma que no puede ofrecer una solución concreta hasta que no compruebe la situación de cada 'ocupa', y para ello necesita saber quiénes son: “No podemos saber si están por delante o por detrás de las veinte familias que tenemos priorizadas, o si están dentro de ese listado”, afirmaron desde el Consistorio. 

Una “letra” que sube y un trabajo que se va  

Las familias 'ocupan' tienen nueve niños en total, aunque los menores no están en el edificio. Todas tienen fijadas fechas de desahucios de sus actuales viviendas entre enero y marzo. Desde ayer, no tienen energía eléctrica ni abastecimiento de agua en el inmueble. Las razones que les han llevado a la 'ocupación' son la falta de ingresos.

Dos de las familias contaron a eldiario.es su situación. En uno de los casos, se trata de una pareja joven con dos niños menores de dos años. Él tiene trabajos eventuales “en negro” y ella cobra una pensión de orfandad. Ambos fueron desalojados de su vivienda anterior, que también habían 'ocupado'. El relato de otra pareja, con dos hijas, incluye la pérdida de trabajo por parte de él, mientras que ella vio cómo le sobrevenía una discapacidad. Así las cosas, el único ingreso es la pensión de discapacidad de 300 euros. Esto, sumado a la “subida de la letra”, según su relato, les llevó a un desahucio de su vivienda habitual.