El empleado que denunció los “enchufes” del caso Alquería entró a dedo en Divalterra con el 'yonqui del dinero'

El juzgado de Instrucción que investiga el caso Alquería, que acabó con la detención de cinco personas y el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez, ha reiniciado la instrucción que sigue bajo secreto de sumario. La denuncia inicial de un trabajador de la empresa pública Divalterra que precipitó la posterior denuncia del fiscal en el juzgado señalaba la contratación por “enchufe” de siete altos cargos de PSPV y Compromís y las amenazas y coacciones que habría sufrido por parte de Rodríguez y su entorno para “legalizar” estas contrataciones en un consejo de administración de noviembre de 2016.

El empleado que presentó esta denuncia por nepotismo y falta de competencia en el acceso a los puestos directivos entró en la empresa en septiembre de 2013 a dedo cuando era gerente Marcos Benavent, el autodenominado yonki del dinero. Su acceso, como la de todos los puestos que accedieron a la empresa pública Divalterra entre  2007 y 2014 fueron irregulares, como concluyó la Intervención General del Estado en un informe pericial presente en el sumario del caso Taula -que investiga el saqueo de la anterior Imelsa en la etapa del PP- y al que ha tenido acceso eldiario.es.

En el caso del denunciante del caso Alquería, que al hablar con este periódico hace varios meses se negó a explicar la denuncia al estar la causa bajo secreto de sumario, su acceso a la empresa como técnico jurídico en 2013 ni tuvo prueba de conocimientos ni test psicotécnico ni una valoración de méritos. Este empleado, que goza de un importante estatus en la actualidad, fue seleccionado con una sola entrevista entre veinte aspirantes, según el informe de la Intervención. Es decir, accedió de una manera totalmente discrecional cuando Marcos Benavent controlaba la empresa.

Pero no fue el único beneficio que recibió del “yonqui del dinero”, ya que en 2014 recibió un plus de productividad de 6.129 euros. Este pago, que también cobró Benavent y otros altos cargos de la saqueada Imelsa, está siendo investigado en el caso Taula tras el peritaje de Intervención del Estado. Como contó eldiario.es hace dos meses, este empleado fue uno de los que su sueldo fue ocultado a los responsables de administración. Un hecho más que certifica el buen trato que recibió el cerebro del caso Taula.

El actual gobierno de izquierdas ha mantenido a este jurista en puestos de responsabilidad y con retribuciones especiales hasta su ruptura con Rodríguez y su equipo a los que, además de denunciar por enchufar altos cargos, también acusa de coacciones y amenazas, presuntos delitos que no se están investigando en una causa que todavía es secreta. Llama la atención que este empleado realizara una denuncia por las contrataciones y que su propio acceso también haya sido tachado de irregular por la Intervención en el caso Taula.