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“Land of Valencia”: los pagos en paraísos fiscales de Zaplana a Julio Iglesias por ser la imagen de la Generalitat no prescriben

Julio Iglesias y Eduardo Zaplana, en la presentación de la campaña para promocionar la imagen de la Comunitat Valenciana en los años 90.

Sergi Pitarch

El que fuera presidente de la Generalitat valenciana ahora en prisión provisional, Eduardo Zaplana, quiso convertir la Comunitat Valenciana en una “Terra Mítica”. Para conseguir su propósito -que fue en paralelo a su enriquecimiento personal y crecimiento político- no escatimó en recursos públicos. Grandes eventos y obras faraónicas pagadas con dinero público que acabaron en manos privadas. Pero la propuesta que más lució el expresidente y que, todavía en un futuro, le puede acabar salpicando fue el “fichaje” del cantante Julio Iglesias para ser la imagen de la autonomía en el mundo.

La única efeméride de Julio Iglesias con la Comunitat Valenciana fue ganar en 1968 el Festival de Benidorm, hecho que cambió la vida al cantante y que a Zaplana -cartagenero de nacimiento pero benidormense de carrera política- le marcó. Por ello, no escatimó dinero -público- para tejer una amistad con el artista que se sustanció en un contrato multimillonario para que Iglesias fuera la imagen internacional de la Generalitat y la autonomía. El cantante, acabó llamando a Zaplana “ el campeón” después de este negocio redondo en 1997.

Pero el acuerdo entre la administración valenciana y Julio Iglesias acabó en los tribunales dentro del conocido caso Ivex, que investiga el saqueo del Instituto Valenciano de la Exportación. Una de las piezas de esta causa se cerró con la condena a prisión de los directivos de esta sociedad pública y la segunda, la que indaga en el contrato de la Generalitat con Julio Iglesias, languidece entre la burocracia judicial. Pese a los 18 años de instrucción -13 desde que se abrió la pieza que salpica al cantante- la Audiencia Provincial se niega a dar por prescritos los delitos.

En un auto reciente, la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado la prescripción de los delitos de una causa que fue sobreseída provisionalmente hace varios años. En ella, los jueces investigan si hubo falsedad documental y malversación de fondos públicos en la forma en la que el Ivex pagó al cantante Julio Iglesias por desarrollar su labor de representación de la Comunitat Valenciana en el año 1997.

El exdirector del Ivex José María Tabares firmó un contrato para que el cantante fuera la imagen de la Comunitat Valenciana en el mundo, lo que incluía la celebración de varios conciertos internacionales para promocionar la marca “Land of Valencia”. Dicho documento desvelaba que el artista iba a cobrar 375 millones de pesetas -unos 2,2 millones de euros- por ese trabajo de embajador de la autonomía.

Sin embargo, los investigadores persiguen la firma otro contrato privado -un contrato B- por el que el pago real a Julio Iglesias ascendía a más del doble de dinero. Es decir, unos seis millones de dólares libres de impuestos que, además, se abonaron fuera de España y en paraísos fiscales.

En esta causa figura como investigado quien fuera director general del Ivex José María Tabares, entre 1997 y 1999, fugado de la justicia tras ser condenado a cinco años de prisión por delitos de estafa y falsedad en el instituto público cometidos en el ejercicio de su cargo, que le impuso la Audiencia de Valencia y le confirmó el Tribunal Supremo en 2006. Tabares se encuentra en Japón desde el año 2005, cuando fue condenado y se abrió la investigación sobre los pagos a Julio Iglesias.

El directivo, que es profesor de español en el país nipón donde no hay tratado bilateral de extradición aunque sí de asistencia jurídica con la UE, ha sido reclamado por la justicia pero se encuentra en rebeldía. Eso sí, ha solicitado que prescriban los delitos por el contrato B con el cantante. La justicia sigue esperando las comisiones rogatorias que cursó a Islas Caimán y Shangai para poder avanzar con el proceso, que sigue paralizado pero no archivado.

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