El primo alcalde de Pablo Casado quiere una macrogranja en un pueblo de Palencia a la que se oponen ecologistas y vecinos

Meneses de Campos (Palencia), es uno de los municipios tipo del sobrio paisaje castellano. Apenas un centenar de habitantes censados, casas de adobe, palomares y gente acostumbrada a la dureza de la España vaciada. En esa llanura enclavada en la comarca de Tierra de Campos y que linda con los Montes Torozos, una empresa con 8 meses de existencia, Granja Lenos, planea instalar una macrogranja con 2.640 cerdas madre, 500 de reposición y 6 verracos. Meneses, con apenas un centenar de habitantes censados, es el pueblo de los abuelos maternos del presidente del PP, Pablo Casado Blanco, y su alcalde, Alberto Blanco, es su primo.

Casado presumía de pueblo de y de familia durante la campaña electoral del 28A. Una 'legión' del PP apareció en el tranquilo municipio una semana antes de su llegada para preparar un dispositivo que incluyó, según los vecinos, la inhibición de la señal para teléfonos móviles. El 13 de abril el aspirante a presidente recorría las calles de Meneses, cogía fascinado corderos de una granja y visitaba 'Huevos de Campos', la explotación avícola de su primo, el alcalde. “Mira este, qué gordo”, decía cogiendo un huevo. Presentaba a Alberto Blanco como uno de los alcaldes de la tierra que “no solo no cobra, sino que le cuesta ser alcalde” y presumía de que “los huevos de Castilla y León son los que más van a Estados Unidos”. Casado abrazó a ancianos, sujetó a bebés en brazos, comió pastas y aceptó una reproducción de la iglesia de Meneses que prometió llevar a su “despacho en la Moncloa” un mes después. Las urnas no se lo permitieron.

Alberto Blanco es el valedor de un proyecto que ha incendiado los ánimos de los vecinos de la zona, los de Meneses y los de los pueblos de alrededor. Ni en Capillas, ni en Boada del Campo, ni en Belmonte, ni en Villerías ven la iniciativa con buenos ojos. Tener una balsa de purines en terreno llano, cuentan, inundará de un olor fétido la zona. El proyecto básico contempla una producción anual de de 17.444 metros cúbicos de excrementos que se acumularán en una balsa de 14.000 de capacidad. Estará llena en algo más de nueve meses, así que los purines se irán vaciando en tierras de valorización.

Otro primo de Casado es quien vende las tierras

Pero, si los vecinos están en contra, ¿quién venderá las casi 22 hectáreas para la macrogranja? El vendedor no es otro que el teniente de alcalde de Meneses, Guillermo Blanco, primo del alcalde y también de Pablo Casado. Las tierras, calificadas como suelo rústico y de uso agrario, están a tan solo dos kilómetros del centro urbano. Aunque no se conoce el precio, en proyectos similares se ha pagado a 20.000 euros la hectárea. Blanco asegura a eldiario.es que su primo tomó la decisión de vender porque él se lo pidió. “Yo le he presionado de todas las maneras”, asume. “No tenía necesidad, son unas tierras segregadas de una finca de 120 hectáreas”. Sobre el dinero que recibirá a cambio no quiere hablar. “No viene al caso, no ha habido especulación, no es un tema importante”, dice. Sí que explica que en el pueblo hubo un cartel “durante meses” que anunciaba que se buscaban terrenos. Según los vecinos, se decía que era para un “laboratorio de genética” y meses después supieron que era para la macrogranja. El caso es que la finca tenía que tener 20 hectáreas, agua y electricidad y solo unas pocas reunían esas condiciones. “Decidieron los promotores”, dice el alcalde.

La empresa Ingeniería y Consultoría Fraile, que es quien diseña y construye para Granja Lenos, no cayó por casualidad en Meneses. Había construido la granja de gallinas del alcalde y preguntaron si podría tener cabida la explotación porcina.

Blanco resta importancia a la fuerte oposición de los alcaldes de los municipios limítrofes. “Nos ha pillado la pandemia en medio y no hemos podido explicar el proyecto”, asegura. Lo cierto es que sí que se produjo una reunión en Capillas, organizada por los alcaldes de la zona y los vecinos y a la que finalmente acudieron tanto Blanco como los responsables de la empresa de ingeniería que está detrás de la construcción de la macrogranja. “No pueden quejarse de los olores quienes están a seis kilómetros y medio de distancia. Esto no es como hace 20 años, es otro sistema y no se puede hablar de macrogranjas”, asegura a pesar de que se contempla que las naves acojan a más de 2.400 cerdas. La legislación en Castilla y León, dice, “es la más dura de Europa”. Atribuye las voces contrarias a “una familia que tiene un enfrentamiento directo con el Ayuntamiento”, si bien no entra en detalles.

Entre las bondades de la macrogranja, Blanco cita los puestos de trabajo que va a generar, “20 mientras se construye” y 15 después. Alberto Blanco recuerda que Meneses cuenta con 121 habitantes y que es una cifra “que va a menos”. Que exista un proyecto que genere empleo es “la única forma de salvar los pueblos”. Sobre el peligro de que los olores espanten otras iniciativas o a sus propios habitantes, insiste en que en este momento hay prácticas que aseguran que no se producirán, como el hecho de que es obligatorio tapar la tierra abonada con purines en el plazo máximo de ocho horas. “Es que, aunque no haya una granja, nadie puede garantizar que un agricultor no vaya a traer abono orgánico de fuera para sus tierras”, añade.

El alcalde de Villerías, Mariano Páramo, confirma a eldiario.es que ve el proyecto con “inquietud y preocupación”, ya que se les informó de un proyecto “pequeñito” que no es el que han visto posteriormente. “Se habló de 14 puestos de trabajo y en el proyecto básico solo aparecen dos y medio”, asegura. “Lo que más nos cabrea son las informaciones erróneas. Que digan la verdad, yo soy ganadero y aquí no se está diciendo toda la verdad”, comenta. Páramo, como el resto de regidores, teme que los vientos en la zona lleven el olor a sus municipios. Pero también advierte de que la granja está en zona ZEPA de la Red Natura 2000, categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción.

En el proyecto se recoge esta afección: “La laguna de Boada es, junto a la Laguna de la Nava y las Lagunas de Villafáfila (en la provincia de Zamora), un importante punto de invernada para varias especies de aves acuáticas en el interior peninsular. Destacan en número durante el invierno el ánsar común, con 10.000 - 12.000 ejemplares; ánade real, cerceta común y pato cuchara. En época estival predominan las avefrías, cigüeñuelas, archibebes y la focha común. Los meses comprendidos entre noviembre y julio son los más idóneos para la observación de la avifauna. Además de estas especies, que durante algunos meses se pueden contar por miles de ejemplares, son de interés especial la presencia de algunas especies de aves poco frecuentes en la Península Ibérica. El ánsar piquicorto y el ánsar nival son algunos ejemplos. Además, en toda la ZEPA La Nava-Campos Sur existe un proyecto específico para la conservación del carricerín cejudo, especie bajo la catalogación de globalmente amenazada”. Pero también dice que “aunque no sea la ZEPA vulnerable a la implantación de una explotación ganadera, se tiene en cuenta y se plantean una seria de medidas correctoras”.

Los habitantes de los alrededores contrarios al proyecto no quieren dar sus nombres. Uno de ellos recuerda lo que le comentó un escritor: “Cuentan que Miguel Delibes, que cazaba por aquí, se inspiró en Meneses para escribir Los Santos Inocentes, esto es cerrado y mandan quienes mandan”, razona. “Van a cambiar personas por cerdos, nadie va a venir aquí con ese olor”, lamentan. Peligran, creen, no solo los acuíferos y los humedales, también las casas rurales o proyectos de vida particulares.

Económicamente la granja es rentable para el Ayuntamiento. El promotor tendrá que pagar en concepto de licencia de actividad el 2% de su inversión, lo que supone 120.000 euros para el Ayuntamiento. “Mi familia lleva 500 años en Meneses, 15 generaciones, y me gustaría que algún nieto mío viviese aquí”, reconoce el alcalde. “Los pueblos tienen muchos gastos y, o tienes ingresos, o cierras. Este es el único de la zona con 5 concejales, los demás tienen tres”, argumenta. Si finalmente se autoriza la implantación de la macrogranja, planea entre otras cosas invertir el dinero de la licencia en la sustitución de las tuberías de fibrocemento del municipio, entre otras posibilidades.

Ecologistas en Acción ya ha presentado alegaciones y ha pedido que se deniegue la autorización ambiental y se apruebe una moratoria en la concesión de nuevas autorizaciones a la producción industrial de porcino en la provincia. Según los ecologistas, el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado a información pública es “de una ínfima calidad” y “contiene errores de bulto que tendrían que servir para anular todo el proceso”.

Falta de transparencia

No solo eso, alegan que el ayuntamiento de Meneses de Campos “ha obviado la publicación del expediente en la web municipal”, por lo que plantean atender a lo que denominan como “doctrina Mingorría”, por la que todas las Administraciones Públicas, en aplicación de la Ley de Transparencia, están obligadas a la publicación en la web municipal de todos los proyectos y documentos sometidos a información pública, incluidos los expedientes ambientales: “Este proceso debe ser anulado de pleno derecho y por tanto es obligado repetir la información pública”. Inciden además en que la “falta de transparencia” se debería al “intento de ocultar que el gran beneficiado de esta operación será el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Meneses, que además de aportar las más de 200 hectáreas que servirán para justificar la valorización del purín, también aporta para su venta la parcela de más de 22 hectáreas donde se instalará la granja”. “El bien común no es la finalidad de este proyecto”, afirman en un comunicado.

Pero es que además, recuerdan que la zona donde se ubicará la macrogranja es un Espacio Red Natura 2000, la ZEPA Nava Campos Sur, por lo que el estudio de impacto “debe ser una herramienta útil que sirva para conocer en detalle las afecciones o posibles riesgos de la actividad y no un mero trámite como en este caso”.

Sobre la balsa de purines concretan que no estarán cubiertas y además estarán “muy cerca del río Anguijón y próximas a zonas de inundación con el consecuente riesgo de desbordamiento y afección al cauce”. Por otro lado, en el estudio se “omite” la mención al arroyo de la Antigua, tributario del río Anguijón, que quedaría a menos de 100 metros de las balsas de purines, por lo que cualquier pérdida o desbordamiento de estas terminaría afectando directamente al río“, algo que consideran ”un riesgo que debe ser evitado en una comarca como Tierra de Campos donde los ríos y arroyos son bienes escasos y de un gran valor“.

Respecto a la balsa de purines, el proyecto precisa que el elemento más cercano al cauce del Anguijón se sitúa a 243,25 metros. El resto de cauces que se identifican se sitúan a mayor distancia. Se sitúa a 4 kilómetros de la Laguna del Prao y a 6 kilómetros de Boada del Campo. En cuanto a la cercanía de la laguna de Boada, “la distancia de 6 kilómetros asegura que no habrá ningún tipo de afección, ”ni por imposibilitar su crecimiento ni por poder llegar a contaminarla por algún tipo de vertido“. Todo ello porque entre el proyecto y la Laguna hay un río, dos arroyos, dos caminos y dos carreteras, por lo que ”el crecimiento o inundación de la misma es imposible que afecte al proyecto“. También se ha comprobado en el programa Mírame de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) la posible inundabilidad de la granja en los últimos 500 años, ”y no hay ningún registro de que haya ocurrido tal cosa“.

Ecologistas en Acción alerta sobre las consecuencias “devastadoras” que la ganadería industrial tiene para las comunidades rurales, ya que provoca la degradación de los suelos, la contaminación del agua, el uso masivo de tóxicos y la emisión de partículas en suspensión que enferma a quienes viven cerca de ellas.

A esto se suma “una merma importante en la calidad de vida, que se verá dañada por las afecciones del tránsito de camiones de alto tonelaje y la proliferación de plagas de insectos y roedores, principalmente”.

Finalmente, han incidido en que la promoción turística, cultural y ambiental que representan el Castillo de Belmonte, la laguna de Boada o el Canal de Castilla se verá afectada directamente, ya que todo el esfuerzo hecho para la puesta en valor de estos recursos, en el intento de conseguir dinamizar e impulsar la zona, “se verá truncado por la construcción de esta explotación”.

También la plataforma ciudadana Meseta Limpia se ha posicionado y ha creado en Change.org una petición contra la granja.

El alcalde, no ve en las decenas de alegaciones más que “ignorancia y mala uva” y asegura que los humedales “no tienen tirón”. “El de Fuentes o el de Boada no crearon ningún puesto de trabajo: o somos capaces de montar algo o tendremos problemas de supervivencia”, advierte. “Tengo la conciencia tranquila”, zanja.