Así ha adaptado el Gobierno el protocolo para los migrantes que llegan en patera durante la pandemia

Durante el estado de alarma, la llegada de pateras a España ha reducido su ritmo, pero no se ha paralizado. El protocolo habitual de recepción y acogida de migrantes ha tenido que adaptarse a la pandemia, para permitir el seguimiento de la cuarentena y controlar posibles casos importados de COVID-19 en el contexto de la inmigración irregular. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha enviado este viernes a las delegaciones del Gobierno un protocolo específico para aglutinar aquellas directrices generales que, salvo excepciones, ya se venían aplicando en cada entrada irregular.

Entre ellas, se encuentra el bloqueo de plazas destinadas a posibles casos positivos, la habilitación de espacios adecuados para el seguimiento de la cuarentena o la exigencia de recabar información que permita seguir el trayecto de los ocupantes de cada patera por si fuese necesario tomar medidas específicas ante un eventual caso positivo, según el documento al que ha accedido eldiario.es. Además, el documento obliga a las autoridades o entidades responsables a garantizar la dotación de mascarillas y material higiénico-sanitario a los migrantes y al personal de todos los centros de acogida, incluido los CETI de Ceuta y Melilla, cuya ocupación supera con creces su capacidad desde hace meses.

El protocolo recoge las “medidas anticipatorias” y las actuaciones que deben llevarse a cabo durante la crisis sanitarias con todas las personas migrantes que acceden de manera irregular a través de las costas españolas y las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, explica el texto firmado por la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul. El objetivo, apunta, “es unificar la operatividad de las actuaciones del programa de atención humanitaria y de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETIS) para tratar de evitar de la manera más eficiente posible, la aparición de casos importados”.

Cuando una patera llega a las costas españolas, Cruz Roja es la encargada de realizar una revisión médica a todas las personas rescatadas. Según el plan de Migraciones, que bebe del protocolo elaborado por Sanidad Exterior, sólo las personas que refieran síntomas compatibles con la enfermedad COVID-19 serán sometidas a un test diagnóstico en el momento de su llegada. Las Comunidades Autónomas, al contar con la competencia en materia sanitaria, tienen la posibilidad de someter a estas pruebas a todos los migrantes, como han decidido los gobiernos de Canarias (PCR) y Murcia (test rápidos).

Si estas personas no presentan síntomas a su llegada, después de ser identificados por la Policía y pasar a disposición judicial durante un máximo de 72 horas, los migrantes que lo necesiten deben ser atendidos a través de la red de acogida gubernamental. Entonces, el personal encargado de la atención a los residentes “protocolizará la toma de la temperatura a las personas a la llegada y a la salida del recurso, para detectar síntomas de enfermedades”, reza el documento. Además, debe establecer un “mecanismo de monitoreo diario” para la evaluación de posibles casos sospechosos y priorizar el examen de salud de las personas con mayor riesgo de contagio, como los ancianos o las personas con enfermedades crónicas.

Cuarentena obligatoria en los centros

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas recién llegadas del extranjero, varias organizaciones como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) pedían la aprobación de un protocolo que explicase la manera de proceder ante el confinamiento de los migrantes que no cuenten con redes familiares en España. En la práctica, las entidades sociales que forman parte del sistema de acogida sabían la manera de proceder, aseguran las ONG consultadas, pero faltaba su formalización sobre el papel.

Sobre la cuarentena obligatoria, el protocolo emitido por la Secretaría de Estado de Migraciones detalla que los migrantes tendrán que permanecer en el interior de aquellos centros donde hayan sido derivados. Pueden salir, siguiendo las precauciones de distancia, lavado de manos y uso de mascarilla, para la adquisición de bienes de primera necesidad o causas de fuerza mayor, tal y como establece la orden del Ministerio de Sanidad para todas aquellas personas que entren en España desde otro país hasta el 1 de julio.

Esta medida suele conllevar el aislamiento de grupos de personas provenientes de la misma patera en estancias específicas de los lugares de acogida, aclaran fuentes de Migraciones, por lo que conlleva la activación de un mayor número de plazas. Según establece la Secretaría de Estado, se han bloqueado 706 plazas de un total de 5.931 y se están habilitando nuevas plazas “para situaciones de aislamiento y para mantener las distancias”. En este sentido, las Entidades sociales deben realizar periódicamente “un análisis de las plazas actualmente bloqueadas por COVID 19, dependiendo de la evolución de su provincia en el plan de desescalada, que podrían ir siendo desbloqueadas, observando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias, tanto estatales como autonómicas”.

Durante la cuarentena, el Gobierno permite el traslado de los migrantes de recurso de acogida en caso de que fuese necesario debido a la disponibilidad de plazas, siempre que se cumplan las medidas de seguridad establecidas en el transporte para el resto de la población. Si es preciso el desplazamiento a otra comunidad autónoma, añade el protocolo, se deberá informar a las autoridades sanitarias de la región “para asegurar su garantizar su trazabilidad”, es decir, poder tomar medidas específicas en caso de un eventual caso positivo entre sus compañeros de patera.

Con este mismo objetivo, los servicios de atención médica de los CETI, el servicio de costas de cruz roja española, los servicios de salud de las ciudades y comunidades autónomas, el INGESA y las entidades participantes en el programa de atención humanitaria, también “han de recabar los datos necesarios e información suficiente” en caso de que sea necesario realizar un seguimiento de sus contactos.

El retraso de la activación de plazas

Cuando una patera llega a suelo español, los ocupantes de la embarcación permanecen durante custodia policial por un máximo de 72 horas para ser identificados. Posteriormente, aquellas personas que carecen de un lugar donde quedarse, son acogidos en el sistema de atención humanitaria, que depende del Ministerio dirigido por José Luis Escrivá. En las últimas semanas, se han publicado varios casos en los que los recién llegados se ven empujados a permanecer en dependencias policiales más allá del plazo establecido -aunque dejen de estar bajo custodia-, hasta la localización de plazas disponibles para seguir la cuarentena.

En Canarias, varios migrantes han sobrepasado las 72 horas en una nave sucia y sin camas, habilitada por la Policía Nacional. Una vez superado dicho plazo, la Jefatura de Policía en las islas comunicó el final de su custodia policial. Sin embargo, esas personas no tenían otro lugar adonde ir hasta que la Secretaría de Estado de Migraciones no liberase plazas válidas para el seguimiento de la cuarentena.

Según la Secretaría de Estado de Migraciones, encontrar los espacios adecuados en función de los perfiles de los ocupantes de cada patera es una de las razones por las que, según justifican, se está retrasando el traslado de estas personas.

Llevar a la práctica la cuarentena de los recién llegados conlleva la adaptación de los centros o pisos de acogida a las circunstancias de cada grupo de personas, según coinciden desde Cruz Roja Española. “Lo que hemos hecho es adecuar nuestros centros de acogida para que las personas puedan pasar los 14 días”, explican desde la organización. Durante este tiempo, en conversaciones con la Secretaría de Estado de Migraciones, en cada llegada de pateras han despejado espacios para asegurarse de que solo compartan instalaciones comunes, como baños o comedores, aquellas personas que han viajado en la misma embarcación, describen desde la entidad humanitaria.

Desde Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias también confirman que la falta de plazas, ligada en las islas a la negativa de Interior de realizar traslados a la Península, acaba derivando en los retrasos de la derivación de los migrantes al sistema de acogida. “Esto ha dificultado más la acogida: tener que hacer una cuarentena supone que cada espacio tiene que ser distinto para cada llegada de pateras. En un contexto de falta de plazas, se complica”, sostiene un portavoz de la organización.

Mascarillas, información y distancia

El texto emitido por Migraciones determina que el personal de los centros debe entregar a las personas acogidas la normativa referente a las medidas de prevención e higiene del COVID-19 y garantizar el acceso a soluciones desinfectantes y mascarillas, así como asegurar el distanciamiento social de dos metros. Durante el estado de alarma, organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional han alertado de la dificultad de cumplir con las recomendaciones sanitarias en el CETI de Melilla, cuya ocupación supera su capacidad desde el inicio del brote.

Según establece el protocolo del Ministerio, los CETIS y las entidades beneficiarias del programa de atención humanitaria “deben asegurarse de tener las suficientes plazas para cumplir con los requisitos establecidos con este protocolo”. Ante la escasez de plazas en la ciudad autónoma, las ONG piden el traslado de migrantes a la Península, donde hay más espacio de acogida, pero el Ministerio del Interior continúa realizándolos a cuentagotas.