Nuevas evidencias: Italia cede a Libia el control de los migrantes en el Mediterráneo

El pasado jueves, la nave Aquarius, de la ONG francesa Sos Mediterranée, atracaba en el puerto italiano de Catania con 105 personas a bordo, entre ellas 34 menores. Tardó tres días en poder hacerlo, ya que 36 horas después de haber recogido a los migrantes en el Mediterráneo, todavía esperaba indicaciones del centro de coordinación de Roma. La operación de salvamento la había llevado a cabo el velero Astral, de la española Proactiva Open Arms, que los transfirió más tarde a la Aquarius, con mayor capacidad.

La llamada de auxilio se había producido el pasado lunes. Proactiva ya había iniciado el rescate de los migrantes, pero desde la unidad de control avisaron a SOS Mediterranée para que se mantuviera cerca por si era necesitaban apoyo logístico. El barco de la organización catalana apenas tiene 30 metros de eslora, por lo que solicitaron el trasvase a la Aquarius, en la que va a bordo también personal de Médicos Sin Fronteras.

Este tipo de operación es de lo más común en los rescates en el Mediterráneo. Sin embargo, Roma inició esta vez una serie de trámites que se prolongaron durante más de un día, con los rescatados esperando en el velero. Tanto el Aquarius como el Astral tienen bandera británica, de modo que Italia contactó con Reino Unido para que autorizara el intercambio.

Londres no tiene ninguna experiencia en estos casos, así que ante la falta de respuesta, la unidad central de Roma terminó por aprobarlo ya entrada la noche. Una vez a bordo de la nave de la ONG francesa, las autoridades italianas volvieron a retrasar la entrada a puerto alegando nuevos problemas burocráticos. La Guardia Costera de Italia indicó a Efe que había recibido una notificación del rescate de Proactiva “pese a que fue informada de que de ello se ocuparían las autoridades libias”.

“Italia debe coordinar los rescates de principio a fin”

El caso recuerda al del pasado marzo, cuando España tuvo que mediar para que Italia aceptara que la embarcación de Proactiva dejara en territorio italiano a 216 rescatados en el mar. El conflicto se produjo entonces porque las autoridades libias reclamaban que los migrantes fueran transferidos a una de sus naves, desde donde iban a ser devueltos al país norteafricano.

La ONG se negó al entender que se trataba de una “devolución en caliente”, puso rumbo a tierra y acabó siendo acusada de “favorecer la inmigración clandestina”. Así que en la operación de esta semana esperó órdenes. El fundador de Proactiva, Óscar Camps, denunció en Twitter que pese a que había personas que necesitaban “asistencia médica y otras fueron torturadas y violadas”, lo que importaba era “un trámite administrativo que no llega”.

La Agencia europea de fronteras, Frontex, delegó en Roma la unidad de coordinación para las emergencias en el Mediterráneo. Y hasta hace unos meses, desde allí se actuaba rápidamente para poner a salvo a las personas cuando se avistaba una embarcación en riesgo. ¿Por qué ahora ha dejado de hacerlo? “Porque está interpretando la ley como le parece. Italia debe coordinar las operaciones desde el principio hasta el final”, responde Violeta Moreno-Lax, abogada de Global Legal Action Network.

“La zona de rescate libia solo existe en su imaginación, los libios no deberían imponer su autoridad, pero Italia lo permite con su inacción”, asegura el presidente de la comisión por la tutela de los Derechos Humanos del Senado italiano, Luigi Manconi. El juez encargado de seguir el caso de Proactiva en Italia reconoció también la cesión de esta responsabilidad a las autoridades de Trípoli.

Libia ha aumentado su grado de implicación desde el pasado verano –cuando firmó un acuerdo con el Gobierno italiano que incluye apoyo económico, técnico y logístico–, pero hasta ese momento no había precedentes de que los italianos cedieran de este modo el control.

ONG y expertos legales llevan tiempo acusando a Europa de haber desplazado la gestión de sus fronteras a otros países para evitar que los migrantes lleguen al continente. Los últimos datos de la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) revelan que, en lo que va de año, han llegado a costas europeas 23.715 migrantes y refugiados, por los casi 6.000 interceptados por las autoridades libias.

Es decir, una de cada tres personas que emprenden la ruta entre Libia e Italia son ahora devueltas a territorio africano. Italia, que el año pasado asumió a la mayoría, recibió 9.517, un 76% menos que en 2017.

SOS Mediterranée denunció que la pasada semana vio cómo varios migrantes a bordo de una lancha de goma saltaban al agua cuando les iban a rescatar las autoridades libias. Las ONG han elaborado varios informes en los que relatan las torturas por parte de los agentes libios en los mismos barcos y el trato vejatorio que reciben los refugiados en sus centros de detención, donde en ocasiones son vendidos a otros traficantes. Pese a todo, Italia intenta que los libios asuman más responsabilidad, con los riesgos que ello implica.

El acuerdo con Libia llega a Estrasburgo

En el pasado, cuando las llegadas de migrantes se dispararon, se perdieron varias vidas por la descoordinación entre las autoridades italianas y maltesas. Esta semana un grupo de abogados ha presentado una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que acusa a Italia de ser responsable de la muerte de 20 personas por permitir la injerencia de la guardia costera libia en una operación llevada a cabo por la ONG alemana See Watch.

Ocurrió en noviembre del año pasado y los hechos son siempre los mismos. Libia reclama ocuparse de un rescate al que llega tarde y Roma da órdenes a los voluntarios de que se retiren. En esta ocasión, al menos una veintena de personas cayeron al agua y perdieron la vida ahogadas.

Los denunciantes recogen el recurso de 17 supervivientes –dos de ellos padres de sendos niños fallecidos–, de un naufragio en el que se vieron envueltas 130 personas. “En un momento en el que nuestros colegas están bajo proceso por hacer su trabajo, nosotros acusamos a quienes pensamos que son responsables del aumento del riesgo”, afirma Giorgia Linardi, portavoz de See Watch. Según Linardi, “hay ocasiones en las que los capitanes de los barcos no pueden hacer su trabajo, por lo que se les estaría induciendo a incumplir la obligación de salvamento en el mar”.